El oficio con el que Interior suspendió a los funcionarios acusados por la falsa denuncia.

El oficio con el que Interior suspendió a los funcionarios acusados por la falsa denuncia. EL ESPAÑOL

España INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

Absueltos tres funcionarios por agredir a un preso: Interior les acusó además de atacar a su subdirectora para acallarla

La sentencia, que pone fin a un calvario de cuatro años para los trabajadores, condena al recluso por un delito de atentado y tres de lesiones.

Más información: Las cámaras dejan en evidencia a Marlaska y a la directiva de Prisiones que denunció una agresión

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La Justicia ha absuelto a tres funcionarios de prisiones que fueron acusados de agredir a un preso en la cárcel de Villena y a los que el Ministerio del Interior e Instituciones Penitenciarias acusaron de atacar a la subdirectora de su prisión para que no les delatase durante la instrucción del caso.

La sentencia, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, ha sido dictada por la jueza Rosa María Juan Cardona, titular del Juzgado de lo Penal nº11 de Alicante.

Este fallo pone fin a un calvario de cuatro años para los tres trabajadores, señalados primero por los jefes de su centro y por Prisiones después, acusados falsamente de tratar de coaccionar a una de las responsables del centro.

"La peligrosidad del interno, el carácter sorpresivo, inesperado y violento del acometimiento del interno contra los funcionarios, el poco espacio en el que se movían (un pasillo estrecho en un espacio lleno de celdas de presos que se encontraban en aislamiento)", son algunos de los argumentos de la jueza para absolver a los trabajadores de Villena.

"La actuación o la actitud constante y reiterada del interno de seguir lanzando patadas y golpes y moverse y resistirse a que los funcionarios lo redujeran nos lleva a concluir que la actuación fue ajustada a las circunstancias", explica la sentencia.

La Fiscalía solicitó la inhabilitación de los trabajadores por un delito cometido por funcionario público contra la libertad individual, al considerar que actuaron con un "rigor innecesario".

El Ministerio Público les acusaba de extralimitarse al inmovilizar con defensas de goma a este preso que les atacó.

Por el contrario, la jueza condena al peligroso recluso a la pena de 18 meses de prisión por un delito de atentado y tres de lesiones contra los funcionarios que trataron de reducirle ante su violenta reacción.

"La utilización de las defensas estaba justificada y los funcionarios estaban perfectamente legitimados" para emplearlas, sentencia.

Los hechos se remontan al 16 de agosto de 2021. El preso en cuestión estaba considerado como un "preso muy peligroso" y ya había protagonizado episodios violentos y altercados de máxima gravedad en prisión.

Oficio con el que Interior suspendió de sus funciones a los trabajadores acusados de la falsa agresión y ahora absueltos.

Oficio con el que Interior suspendió de sus funciones a los trabajadores acusados de la falsa agresión y ahora absueltos. EL ESPAÑOL

Cuando fue conducido desde el patio hasta su celda en el módulo de aislamiento, el recluso se abalanzó con furia sobre ellos, escupiéndoles y lanzándoles patadas y puñetazos.

Los funcionarios, sabedores de su peligrosidad, llevaban chalecos anti pinchos y defensas de goma. Repelieron la agresión inmovilizándole en el suelo, pero su fuerza era tal que no lo consiguieron.

Los tres funcionarios sufrirían lesiones de diferente gravedad. Dos de ellos tardaron 90 días en curarse y el tercero, 195, según se recoge en la sentencia.

Dos trabajadores han sido defendidos por la abogada Raquel Sánchez Navarro. Deberán ser indemnizados por un importe total de 30.530 euros.

La denuncia falsa

Al mes siguiente de estos hechos, la entonces subdirectora de Seguridad de la cárcel de Villena denunció haber sido víctima de una agresión por parte de varios encapuchados a las puertas de su casa, un día antes de declarar en la investigación interna por la actuación de estos tres funcionarios.

Según señaló, cinco personas cubiertas con pasamontañas la abordaron a la puerta de su casa y le dijeron "mañana calladita".

Pero la investigación de la Guardia Civil, revelada por EL ESPAÑOL, puso de relieve que todo era un montaje. A los investigadores les bastaron 11 días para constatar que mentía. Que nunca había sido víctima de ninguna agresión.

Los agentes del Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil en esa localidad solicitaron las grabaciones de las cámaras de seguridad en las inmediaciones de la vivienda, y no tardaron en confirmarlo.

Ninguna de las filmaciones acreditaba que lo que había contado fuese verdad. No se veía a nadie huyendo a la hora a la que supuestamente había sido agredida brutalmente por 5 encapuchados a las puertas de su casa. Allí no había pasado nada.

Los informes del Instituto Armado presentes en el sumario del caso, eran inapelables. Los investigadores rastrearon todas las cámaras de la zona y no apreciaron la huida de esos supuestos agresores. "De todas las gestiones, ninguna de ellas ha podido indicar la existencia y comprobación del hecho delictivo".

Días antes, la subdirectora se había enviado a sí misma los mensajes amenazantes que le exigían mantenerse callada sobre la investigación interna abierta en la prisión contra los trabajadores ahora absueltos.

Tanto la falsa denuncia como el Ministerio del Interior apuntaban hacia funcionarios de la Asociación Tu Abandono Me Puede Matar como los presuntos autores de los hechos.

De ese modo, fueron acusados de agredir a la número tres del centro penitenciario. Meses después, tras las indagaciones de la Guardia Civil, la propia superior fue detenida por un delito de denuncia falsa y otro de simulación de delito. Ese proceso continúa pendiente de sentencia.

El departamento de Prisiones, que depende directamente de Interior, llegó a asegurar, tal y como reveló EL ESPAÑOL, que la falsa agresión denunciada por la subdirectora constituía un hecho de una "gravedad" a todas luces "incuestionable".

Marlaska alabó a la subdirectora definiéndola como "una verdadera funcionaria".

Ya era tarde para los trabajadores expedientados: fueron suspendidos durante seis meses de empleo y sueldo, por un crimen que no habían cometido para supuestamente acallar una actuación en la cárcel que, como ahora se demuestra, fue del todo intachable ante un interno de máxima peligrosidad.