"Hay que parar esta locura": el Gobierno permite a los Mossos llegar a 25.000 agentes en 2030, 10 por cada guardia civil

"Creemos que ha llegado el momento de poner freno a esta locura que está jugando con el futuro de los policías nacionales, pero sobre todo está dejando pendiente de un hilo la seguridad de toda la ciudadanía a cambio de favores políticos", señalan desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP).

El acuerdo para aumentar la plantilla de los Mossos se anució este lunes en una reunión bilateral entre la Generalitat y el Gobierno. El acuerdo inicial era pasar de una plantilla actual de 19.070 agentes a 22.000 en cinco años, pero al final habrá 3.000 mossos extra. 

En los últimos años, las plantillas de Policía Nacional y Guardia Civil en Cataluña han ido menguando de forma progresiva, al tiempo que perdían competencias en favor del cuerpo de los Mossos.

Actualmente, en Cataluña hay 3.127 agentes de la Guardia Civil. Según los datos más recientes de los catálogos de personal, también hay unos 3.000 agentes de Policía Nacional. Ambas cifras van disminuyendo, y previsiblemente lo seguirán haciendo tras este nuevo pacto.

Por lo tanto, si no hay grandes cambios, para 2030 habrá 10 mossos por cada guardia civil. Y la misma proporción con respecto a policías nacionales.

"Sinsentido"

Desde el SUP hablan del "sinsentido" de engrosar la plantilla de Mossos hasta alcanzar los 25.000 miembros con la idea de hacerse con las competencias de la Policía Nacional en Cataluña "a cambio del favor político de los separatistas". "Además es ilegal, tal y como detallamos en nuestro reciente informe jurídico", remarcan.

"No todo puede servir y creemos que ha llegado el momento de que el señor Marlaska, salga de su escondite y demuestre que es el ministro del Interior. Este es un asunto muy serio que afecta a la seguridad nacional y a la seguridad de toda la Unión Europea", remarcan.

Indignación policial por la entrega a los Mossos de extranjería y fronteras como si Cataluña fuera un Estado

Desde el Sindicato Unificado de Policía anuncian que acudirán a los tribunales para intentar detener esta dinámica: "Los responsables tendrán que parar o pagar las consecuencias. Hay cosas que no pueden servir para negociar beneficios políticos y la seguridad de todo el pueblo es una de ellas".

También la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) estima que esta clase de acuerdos juegan en detrimento de los catalanes y de los españoles. "Nada ayuda al ciudadano de Cataluña ni a los guardias civiles allí destinados, generando más incertidumbre en su profesión. Los que deben protegerlos y atenderlos no lo hacen, no hay voluntad".

A este nuevo pacto entre Gobierno y Generalitat, que ayer escenificaron en Barcelona el ministro de Política Territorial y Administración Pública, Ángel Víctor Torres, y  el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, hay que sumar las demandas de los independentistas de Junts.

A cambio de seguir dando su apoyo a Pedro Sánchez, Carles Puigdemont ha exigido que se entregue a los Mossos "plenas competencias en inmigración", y a la Generalitat, la capacidad de conceder los NIE (número de identificación de los extranjeros que residen en España, equivalente al DNI).

Esto supondría que la Policía autonómica asumiría en Cataluña todas las competencias que hoy tiene la Policía Nacional para el control de entrada y salida de extranjeros en fronteras, puertos y aeropuertos, la investigación de las redes de inmigración ilegal y el régimen sobre "extranjería, asilo e inmigración".

En toda España, estas competencias están en manos de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Pero el cuerpo más afectado por la exigencia de los separatistas será el de la Policía.

La paradoja es que la Policía autonómica no tiene absolutamente ninguna formación en esta materia. Por tanto, si el plan del Gobierno sigue adelante, los agentes que hoy realizan esa labor tendrán que enseñar a los Mossos para que luego asuman ellos la competencia.

A juicio del SUP resulta "inviable cualquier transferencia". Además, alega que, dado que España es parte del espacio Schengen, "el control de una frontera exterior no puede, bajo ningún concepto, quedar en manos de una Policía autonómica".

Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) manifiestan también su descontento: "Esta medida no solo supone una cesión más ante los partidos independentistas, sino que deja en evidencia el desprecio hacia los guardias civiles que durante décadas han garantizado la seguridad en Cataluña con profesionalidad y entrega, pese a las constantes trabas políticas e institucionales".

A juicio de esta asociación, "la Guardia Civil no puede seguir siendo moneda de cambio en los pactos políticos. Exigimos al Gobierno que cese en esta estrategia de desmantelamiento de la seguridad pública estatal y que refuerce los medios y efectivos de la Guardia Civil en Cataluña, garantizando unas condiciones laborales dignas y evitando que la seguridad de los ciudadanos quede supeditada a intereses partidistas".