Medio centenar de ucranianos aprovecharon el estatus de refugiado para blanquear 30 millones de euros en España

Un clan ucraniano se valía de su condición de refugiados de la guerra para blanquear desde España decenas de millones de euros procedentes de actividades de bandas de toda Europa dedicadas al crimen organizado.

Es lo que ha descubierto la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) en la operación IFADE-YUZUK, que ha logrado desarticular una organización criminal responsable de blanquear capitales a gran escala. La red llegó a mover, según las estimaciones iniciales, al menos 75 millones de euros entre marzo de 2023 y febrero de 2024.

Esta investigación se inició a mediados de 2023, gracias a la identificación de actuaciones sospechosas en el marco de las labores de prevención de la Guardia Civil como Resguardo Fiscal del Estado a través de su Jefatura Fiscal y de Fronteras, sobre determinados aeropuertos españoles. Durante unas redadas realizadas en Chipre, las fuerzas del orden incautaron y congelaron alrededor de 26 millones de euros en una sola criptomoneda.

La organización criminal, perfectamente estructurada y jerarquizada, se componía de al menos 52 miembros. Al margen, se identificaron clientes de los que recibían el dinero en efectivo, el cual tenía su origen principal en la comercialización de mercancías no sujetas a regulación especial procedente de China.

Se han detectado entregas de efectivo en diferentes provincias españolas (Madrid, Barcelona, Málaga, Castellón, Valencia y Alicante), Chipre, Francia y Portugal.

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Pese a identificarse diferentes orígenes ilícitos de este dinero, prevalece el generado mediante el comercio de mercancía procedente de China, identificándose delitos de fraude contra la Hacienda Pública y contra la propiedad industrial. En las diferentes fases operativas llevadas a cabo, se han practicado un total de 90 entradas y registros, que han concluido con la detención de 23 personas en España, así como otras 17 investigadas.

La operación ha estado dirigida por el Juzgado de Instrucción número 2 de El Prat de Llobregat (Barcelona). Según las investigaciones de la UCO, los sospechosos abusaron del estatus de protección temporal otorgado a los refugiados ucranianos por la UE desde 2022, así como a otros ciudadanos afectados por la guerra de agresión rusa contra Ucrania. Muchos de los millones de refugiados se llevaron sus ahorros en efectivo para protegerlos de las consecuencias de la guerra.

Aprovechando las excepciones establecidas para facilitar la transferencia de dinero entre jurisdicciones, la red criminal movió enormes cantidades de efectivo sin ser interrogada en detalle ni examinada durante los controles aduaneros. Al declarar las sumas en efectivo como parte de su propio patrimonio, las mulas de dinero, algunas de las cuales son familiares de los líderes criminales, viajaron regularmente entre España, Chipre, Francia y otros países.

Una vez que se empezó a arrestar a varios mensajeros de dinero en efectivo, señalan en la UCO, la red criminal adaptó su modus operandi. Pasó de importantes movimientos físicos de efectivo a la esfera de las criptomonedas. Esto provocó que las transferencias de dinero fueran más difíciles de detectar.

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Operaciones semanales

La organización prestaba un servicio de blanqueo de capitales, y para ello utilizaba la compensación a través de criptomonedas del dinero "sucio" generado por las actividades de otras organizaciones criminales. Este grupo realizaba una "compra" del dinero en efectivo obtenido de forma ilícita, compensándolo mediante transacciones en criptomoneda, a cambio de una comisión cobrada que oscilaba entre el 2% y el 3%.

La organización conseguía mantener saldo estable en las billeteras empleadas, garantizando una cadencia de entre 4 y 6 operaciones semanales, con un flujo de 3 millones de euros a la semana.

En un inicio, el dinero era extraído del país en vuelos comerciales, clandestinamente o amparándose su transporte en declaraciones de movimiento de medios de pago. Chipre era el principal destino. Posteriormente, optaron por los transportes por carretera para la "venta" de ese dinero tanto en España como en países vecinos (Francia y Portugal).

La actividad previa, consistente tanto en la venta de mercancía introducida en España de manera opaca para las autoridades fiscales y aduaneras, como en la venta de productos falsificados, culmina en establecimientos situados en diferentes puntos de España, como Badalona (Barcelona) y Manises (Valencia). El mayor de todos ellos estaba en una localidad de Madrid, donde había varios locales involucrados.

El volumen de objetivos operativos, ha requerido llevar a cabo esta operación en dos fases diferenciadas. Una primera que tuvo inicio el 28 de octubre de 2024, centrada en la desarticulación de la organización criminal, con actuaciones en España, Chipre y Francia, y una segunda fase, iniciada el pasado 19 de noviembre.

Ha sido necesaria la colaboración de otros organismos externos como la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la AEAT, el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC), la Oficina SIRENE España y la Secretaría General del Tesoro, así como analistas y especialistas en criptomoneda de EUROPOL.

En total, se han intervenido numerosos dispositivos informáticos, 36 vehículos, así como 8,2 millones de euros en efectivo. La UCO ha intervenido o bloqueado además un valor superior a los 27 millones de euros en criptomonedas, así como diversos bienes inmuebles y más de 2 millones en cuentas bancarias.