El vicesecretario de Relaciones Institucionales del PP, Esteban González Pons.

El vicesecretario de Relaciones Institucionales del PP, Esteban González Pons. E.E.

España JUSTICIA

El PP registra su plan para que los jueces elijan a 12 de los 20 vocales del CGPJ sin cargos políticos

El partido de Feijóo propone que no pueda formar parte del gobierno de los jueces quien haya ocupado un cargo político en los últimos cinco años. 

3 enero, 2023 11:38

El Grupo Parlamentario Popular ha registrado en el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley Orgánica para modificar el sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con el fin de que 12 de sus 20 vocales sean elegidos directamente por los jueces y magistrados.

De estas doce plazas, dos serían asignadas a magistrados del Tribunal Supremo, tres quedarían reservadas para magistrados con una antigüedad superior a los 25 años de ejercicio y las siete restantes para jueces y magistrados en activo, sin requisitos de antigüedad.

Según la propuesta del PP, quedarían excluidos del cargo de vocal del CGPJ quienes hayan ocupado un cargo político durante los últimos cinco años: ya sea como miembro del Gobierno, como consejero de un Ejecutivo regional, como cargo orgánico de un partido o sindicato.

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El partido de Alberto Núñez Feijóo quiere reforzar así la independencia del Poder Judicial, de acuerdo con lo previsto en la Constitución y con las recomendaciones de la Unión Europea (UE).

La elección de estos 12 vocales del CGPJ se realizaría mediante el voto personal, directo y secreto de los jueces y magistrados en activo, con una circunscripción única para toda España. Para ello deberán señalar seis nombres de todos los candidatos propuestos en una lista única: cada uno de ellos estará identificado con su categoría profesional y destino actual. En caso de empate entre dos nombres, se dará prioridad al de mayor antigüedad en el escalafón.

El proceso electoral se abrirá tres meses antes de la fecha prevista para la renovación del CGPJ. Los jueces y magistrados que deseen presentar su candidatura deberán comunicarlo al presidente de este órgano, presentando un mínimo de 25 avales de compañeros o el respaldo de alguna de las asociaciones judiciales. 

Además deberán aportar un currículum vitae y una breve memoria sobre las líneas de actuación que pretenden desarrollar. Las candidaturas se harán públicas en la web del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de acuerdo con la propuesta del PP.

Sin 'puertas giratorias'

La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo se constituirá en Junta Electoral para convocar y celebrar las elecciones, realizar el escrutinio, proclamar los resultados y resolver cuantos recursos se planteen sobre el proceso.

Respecto a los ocho vocales restantes del CGPJ, según la propuesta del PP cuatro serán elegidos por el Congreso de los Diputados y cuatro por el Senado entre "juristas de reconocida competencia" con una experiencia jurídica de más de 15 años. La elección deberá ser aprobada por una mayoría cualificada de tres quintos de la Cámara.

La propuesta del PP también incluye una cláusula para frenar las puertas giratorias en la Justicia: los jueces que ocupen cargos políticos o de confianza deberán esperar luego dos años para reincorporarse a la carrera judicial. Y cuando lo hagan, deberán pasar primero por un período transitorio de dos años, prestando servicios especiales en la Comisión Permanente del CGPJ.

Una vez se reincorporen a su plaza, "deberán abstenerse, y en su caso podrán ser recusados, de intervenir en cualesquiera asuntos en los que sean parte partidos o agrupaciones políticas, o aquellos de sus integrantes que ostenten o hayan ostentado cargo público", indica la proposición de Ley registrada por el PP.

La iniciativa de los populares exige una mayoría cualificada de tres quintos, dentro del CGPJ, para aprobar nombramientos de especial relevancia: como el de presidente y presidente de Sala del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional, de los Tribunales Superiores de Justicia y de las Audiencias Provinciales.

Propone además elevar a diez a quince años el tiempo de ejercicio profesional exigido a los juristas de reconocido prestigio para acceder a plazas en las salas de lo Civil y lo Penal de los Tribunales Superiores de Justicia y elimina la intervención de las asambleas legislativas autonómicas en su elección, para evitar interferencias políticas.