Paz Esteban, exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia, en el Congreso de los Diputados.
El CNI sólo logró espiar con Pegasus a 13 de los 18 independentistas que autorizó el juez
Fuentes de inteligencia conocedoras de los informes explican que en cinco terminales hubo problemas técnicos y no se les pudo instalar el programa.
18 mayo, 2022 03:23Noticias relacionadas
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El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sólo logró instalar el programa Pegasus en 13 de los 18 teléfonos móviles de independentistas a cuyo espionaje accedió el Tribunal Supremo, tal y como confirman a EL ESPAÑOL fuentes de inteligencia.
Estas fuentes conocieron de primera mano los informes presentados hace dos semanas en el Congreso de los Diputados, que confirman que el CNI obtuvo autorización del magistrado del Supremo Pablo Lucas para realizar el control sobre todos esos dispositivos.
Sin embargo, relatan estas mismas fuentes, en 5 de los 18 terminales se produjeron "problemas técnicos" y la intervención de los mismos no se llegó a consumar. De esta forma, no se sabe a ciencia cierta quién pudo infectar 52 de los 65 teléfonos que fueron espiados según el informe de Citizen Lab.
Los agentes del CNI utilizaron este programa entre los años 2019 y 2020 para tratar de obtener información de los contactos entre algunos dirigentes políticos del movimiento secesionista y quienes incendiaron la calle tras la sentencia sobre el referéndum ilegal del 1 de octubre.
Las algaradas se sucedieron en varias oleadas, con bloqueo de calles y asalto a grandes instalaciones, como estaciones de tren y aeropuertos. Detrás de estas acciones estaban los Comités de Defensa de la República (CDR) y Tsunami Democràtic.
Más dudas
El hecho de que el CNI sólo reconozca 13 casos de espionaje genera más y más dudas sobre el caso. Algunas de ellas quedaron constatadas cuando EL ESPAÑOL reveló que Elies Campo, uno de los autores del informe Pegasus para The Citizen Lab, trabajó como asesor para la Generalitat de Cataluña dos años antes de la publicación del informe sobre el espionaje a independentistas.
Según los documentos publicados por este diario, Campo fue uno de los 30 asesores a los que recurrió el Govern cuando aprobó la estrategia "Catalunya 2022", una iniciativa "dedicada a analizar los escenarios post Covid-19 y los proyectos de futuro". Este grupo de trabajo se reunió por primera vez con el entonces presidente de la Generalitat, Quim Torra, en junio de 2020.
Los lazos entre el instituto dependiente de la Universidad de Toronto, responsable del informe que luego publicó The New Yorker, y la esfera independentista se hacían cada vez más evidentes.
Campo, informático de profesión, es uno de los investigados en las causas que la Audiencia Nacional tiene abiertas en torno al movimiento Tsunami Democràtic. Este colectivo fue el encargado de promover movilizaciones y, presuntamente, el responsable de los disturbios callejeros posteriores a la sentencia del procés de octubre de 2019, dos años después del referéndum ilegal.
Precisamente, Campo es uno de los nombres que figuran como víctima de supuesto espionaje en el dossier que él mismo ayudó a componer para el instituto canadiense.
Teoría conspiranoica
Paz Esteban confirmó en sede parlamentaria la intervención de 18 teléfonos. Ni uno más ni uno menos. Sin embargo, el independentismo continúa afirmando, tal y como refleja el informe de Citizen Lab hace semanas, que serían en realidad un total de 65, 63 de ellos vinculados directamente al separatismo catalán.
En los últimos días, para buscar explicación a esa diferencia, los nacionalistas han comenzado a propagar la tesis de que existe en el seno del Estado "una nueva policía patriótica".
Fuentes de inteligencia expertas en ciberseguridad reiteran a EL ESPAÑOL que el Ministerio del Interior no cuenta con el programa de espionaje Pegasus, de la compañía israelí NSO Group. Esto es algo que ya se aseveró categóricamente hace semanas desde el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska: "Ni Interior, ni la Policía Nacional, ni la Guardia Civil han tenido han tenido nunca relación alguna con la empresa NSO y, por tanto, nunca han contratado ninguno de sus servicios".
El presidente de la Generalitat catalana, Pere Aragonès, figuraba, como adelantó EL ESPAÑOL, como uno de los investigados por el CNI. Los argumentos que utilizaron los servicios secretos ante el magistrado del Tribunal Supremo, y que éste consideró fundados, fueron la posible "coordinación" que estaría manteniendo en ese momento con los CDR.
La sospecha de que Aragonès tuviese contacto con alguno de los coordinadores de los disturbios es, según las fuentes consultadas, lo que les llevó a emplear el software de espionaje en su teléfono.
