Guerrilla urbana y colapso de estaciones: así 'apretaron' los CDR cuando el CNI espiaba a Aragonès

Los días posteriores a la sentencia del procés la violencia se adueñó de las calles de la Ciudad Condal. A diario afloraban las barricadas, improvisadas con contenedores en llamas.

Fueron jornadas en las que los independentistas más radicales arrancaban cascotes del suelo para usarlos como proyectiles contra los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional. Los combates cortaban noche tras noche las avenidas principales de Barcelona. Llegaron a bloquear el aeropuerto, autopistas, estaciones de tren...

Los CDR, incluso, rescataron un manual para el terrorismo callejero que contenía la doctrina necesaria para emprender disturbios: desde hacer un cóctel molotov hasta técnicas de despliegue, pasando por consejos para "inutilizar" a los agentes a los que se estaban enfrentando. 

El cruce de vía Laietana con la plaza Urquinaona fue el punto de mayor violencia. Allí, entre el 14 y 27 de octubre, los separatistas arrojaron adoquines, petardos y bolas de acero a los agentes policiales. Muchos de ellos iban encapuchados.

Fue en aquellos disturbios cuando los Mossos emplearon por primera vez su tanqueta de agua. La adquirieron en 1994. Nunca antes habían tenido que usarla.

También fue en aquella ocasión cuando los representantes políticos separatistas, tras la sentencia por el referéndum ilegal de octubre de 2017, exigieron a quienes se echaban a las calles que no aflojasen el ímpetu de las protestas.

Por eso los servicios secretos sospechaban una conexión de altos cargos del independentismo con los autores de los desórdenes callejeros. Uno de ellos, Pere Aragonès. Así figura en los papeles secretos del CNI entregados a los diputados el pasado jueves en la Comisión de Secretos Oficiales.

"No aflojar"

El ahora presidente de la Generalitat fue investigado por el CNI entre otoño de 2019 y principios de 2020, cuando todavía era el número dos de Quim Torra, que se mantuvo en el cargo hasta su inhabilitación. 

Entonces, durante las protestas callejeras, Aragonès azuzó a los cachorros del separatismo: "Necesitamos una mesa de diálogo y negociación, pero necesitamos a la gente movilizada, porque no podemos aflojar". Así se expresó el 13 de noviembre de 2019 durante una entrevista en Catalunya Ràdio.

Aragonès aseguró también que entendía "la frustración de la gente", fruto de "una sentencia a líderes del país que suma más de 100 años de prisión y que recorta derechos y libertades. Y una sentencia que profundiza el conflicto y no representa ninguna forma de justicia". El vicepresidente catalán sentenció: "Hace tiempo que pedimos una reunión a Pedro Sánchez y él solo envía al ministro del Interior".

Lo más cerca que estuvo de condenar los altercados callejeros fue el 17 de octubre de 2019, ante la insistencia del Gobierno de España en este sentido. Lo hizo con matices significativos, eso sí. Sostuvo que "el independentismo condena y condenará la violencia venga de donde venga", pero evitó señalar a los CDR y atribuyó los altercados a "infiltrados y provocadores". 

Si quiera por omisión, Aragonès respaldó las protestas violentas de Tsunami Democràtic y los CDR cuando incendiaban autopistas como la AP-7, a la altura de la frontera con Francia. O cuando una noche de protestas lanzaron un ataque con cohetes pirotécnicos contra el helicóptero de los Mossos que sobrevolaba la ciudad. O cuando sus pedradas hirieron a más de 300 agentes (la mayoría Mossos d'Esquadra, algunos policías nacionales y un miembro de la Guardia Urbana de Barcelona), enviando a decenas de ellos al hospital.

La sospecha de que Aragonès tuviese contacto con alguno de los coordinadores de los disturbios es, según las fuentes consultadas, lo que llevó al CNI a emplear Pegasus en su teléfono, tratando así de desentrañar su participación. El auto del juez del Tribunal Supremo Pablo Lucas, que dio autorización para estas pesquisas al "entonces máximo líder de ERC en libertad",incluía esta motivación.

Los radicales se desplegaron por calles más allá del centro de Barcelona en pequeños grupos y originando altercados para desgastar a las fuerzas policiales. Reuters

Fuentes presentes en la sala aquel jueves 5 de mayo han explicado a EL ESPAÑOL que los documentos fueron puestos a disposición de los diputados, uno por cada grupo parlamentario, incluyendo por primera vez a Bildu y a la CUP. La revisión de los documentos pudo hacerse al inicio de la sesión, que duró casi cuatro horas, pero se les dio "muy poco tiempo" para verlos.

El CNI Catalán

Horas después de admitir Paz Esteban las pesquisas en torno a Aragonès, Moncloa se limitó a declarar que "el Gobierno ni sabe, ni puede ni debe saber a quién se ha investigado, en ningún caso".

Sin embargo, tal y como figura en los estatutos del CNI, su misión es la de "facilitar al presidente del Gobierno y al Gobierno de la nación las informaciones, análisis, estudios o propuestas que permitan prevenir y evitar cualquier peligro, amenaza o agresión contra la independencia o la integridad territorial de España, los intereses nacionales y la estabilidad del Estado de derecho y sus instituciones".  

Tal y como ya reveló EL ESPAÑOL, entre los independentistas catalanes espiados con el programa Pegasus figuraban personas escogidas para integrar o conformar el llamado "CNI catalán". Este llevaba años siendo objeto de investigación por parte de las autoridades judiciales.

Un ejemplo de ello es la llamada Operación Judas. En septiembre de 2019, ya con Pedro Sánchez en la Moncloa, un mes antes de la sentencia del procés, la Guardia Civil detenía a 13 miembros del ala más radical de los CDR que ya habían comenzado a fabricar explosivos.

Su objetivo, según los agentes, era "llevar a cabo acciones violentas" e incluso "atentados contra objetivos previamente seleccionados ". Todos ellos cumplían "una labor fundamental en la planificación del asalto, ocupación y defensa del Parlament de Cataluña". Allí pretendían, entre otras cosas, encerrarse con el expresidente catalán Quim Torra como respuesta a la previsible condena de la sentencia del procés.

En el sumario de la causa se detallaba cómo un "grupo secreto", denominado "CNI Catalán", se reunía con los CDR, dándoles instrucciones en la sombra, buscando aportarles la "infraestructura logística necesaria".

La existencia de este "CNI catalán" fue una de las razones que llevaron al juez Manuel García Castellón, el instructor de la causa de los CDR en la Audiencia Nacional, a autorizar que la Guardia Civil interviniera las comunicaciones de los investigados y permitiera la colocación de dispositivos de localización en sus vehículos. 

Saber qué o quién había tras el "CNI catalán" era por tanto una misión clave para los servicios de inteligencia españoles. Otras fuentes consultadas por este diario cercanas a la inteligencia española consideraban como "lógica y muy plausible" la posibilidad de que se intentase saber si ese aparato, próximo a Carles Puigdemont y a los sucesivos presidentes, continuaba funcionando.