Lucía del Prado (en el centro) durante un seminario organizado por la Fundación Filia de Amparo al Menor.

Lucía del Prado (en el centro) durante un seminario organizado por la Fundación Filia de Amparo al Menor.

España

La jefa de la Fundación Filia de Amparo al Menor fue condenada tres veces por abandono familiar

Lucía del Prado asesora a los jueces en 40 procesos al año y sus informes son determinantes para quitar la custodia de los niños a sus padres.

20 diciembre, 2021 06:02

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La presidenta de la Fundación Filia de Amparo al Menor, Lucía del Prado, que asesora habitualmente a los jueces de Madrid en materia de familia, fue denunciada ante la Guardia Civil por sus propias hijas por presuntos malos tratos y ha sido condenada tres veces por abandono familiar, por negarse a pagar la pensión de alimentación de sus hijas y por incumplir el régimen de guardia y custodia.

Del Prado asegura que el objetivo de su Fundación es "prevenir los graves daños que sufren los hijos tras el divorcio de alta conflictividad" y "concienciar sobre las situaciones de maltrato psicológico infantil familiar" que a menudo se producen en estos procesos.

Tras recibir más de 120.000 euros en subvenciones de la Comunidad de Madrid, Lucía del Prado interviene cada año en una media de 40 procesos judiciales en la región como "directora del servicio de coordinación parental" de la Fundación Filia. Los informes que firma son decisivos para que los jueces otorguen o retiren el régimen de guardia y custodia de los hijos menores en conflictos entre padres separados.

Pero Lucía del Prado carece de cualquier formación jurídica para ofrecer dicho asesoramiento. Ha sido azafata de vuelo en la compañía Canafrica Airsur y luego montó su propia empresa de azafatas y modelos para la organización de eventos, AC Elite SL.

Contactos con políticos

En aquella etapa, trabó estrechos contactos con destacados políticos (también con miembros de la judicatura), ya que su compañía organizaba eventos como competiciones de fútbol entre diputados y senadores, y una Vuelta Ciclista para diputados.

Sin embargo, su empresa echó el cierre de la noche a la mañana, en 2006, dejando varios de miles de euros en deudas a la Seguridad Social.

En su perfil oficial de LinkedIn, Lucía del Prado oculta a esta experiencia profesional. Nacida en 1962, se presenta como presidenta de la Fundación Filia de Amparo al Menor (que montó en 2015) y asegura que es licenciada en Ciencias de la Información, en la Rama de Publicidad y Relaciones Públicas, por la Universidad Complutense de Madrid.

Pero hay otros datos que apuntan a que Lucía del Prado no es la persona más adecuada para asesorar a los jueces en materia de familia, como acreditan los documentos que EL ESPAÑOL ha recabado en distintos Juzgados.

Denunciada por malos tratos

Con motivo de su proceso de separación, el juez otorgó a la presidenta de la Fundación Filia la guardia y custodia de sus dos hijas menores de edad, y estableció un régimen de visitas para que éstas pudieran mantener un contacto periódico con el padre.

Sin embargo, la convivencia no resultó demasiado pacífica. En una sentencia dictada el 17 de julio de 2006, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Majadahonda condenó a Lucía del Prado a pagar una multa de un mes (a razón de seis euros diarios) por incumplir el régimen de custodia de sus hijas menores de edad que había establecido el juez. Según la sentencia 169/2006 de dicho Juzgado, la presidenta de la Fundación Filia vulneró el artículo 622 del Código Penal y fue condenada, además, al pago de las costas judiciales.

Apenas unos meses después, el 22 de enero de 2007, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Majadahonda condenó a Lucía del Prado a una pena de 20 días de multa, de nuevo por infringir el régimen de custodia de sus hijas menores establecido por el juez. En este caso, vulneró el artículo 618.2 del Código Penal, según la sentencia 15/2007 dictada en el juicio de faltas 365/2006 de dicho Juzgado.

La convivencia resultaba tan difícil que, dos años después, las dos hijas menores de edad decidieron abandonar su casa y acudieron a un cuartel de la Guardia Civil a denunciar a su madre por presuntos malos tratos. Los Juzgados de Majadahonda optaron entonces por otorgar la custodia de las dos muchachas a su padre.

No pagaba la pensión 

La juez impuso entonces a Lucía del Prado, mediante una sentencia dictada el 23 de marzo de 2010, el pago de una pensión de 250 euros al mes para garantizar la manutención de sus hijas.

Como la presidenta de la Fundación Filia argumentó que esta cantidad era excesiva, la pensión que debía abonar fue rebajada luego a 150 euros al mes (75 euros por cada una de las niñas), mediante una modificación de medidas aprobada el 27 de marzo de 2012, que ratificó la Audiencia Provincial de Madrid.

Sin embargo, la presidenta de la Fundación Filia de Amparo el Menor se negó a pagar la pensión para la alimentación de sus hijas.

A raíz de una querella interpuesta por su exmarido, el Juzgado de lo Penal número 9 de Madrid condenó el 23 de noviembre de 2015 a Lucía del Prado como autora de un delito de abandono familiar en la modalidad de impago de pensiones (de acuerdo con el artículo 227.1 del Código Penal). De acuerdo con la sentencia 425/15 de dicho Juzgado, Del Prado fue condenada a pagar una indemnización de 2.000 euros a sus dos hijas (hoy mayores de edad), además de abonar las costas judiciales.

"Nada que rascar"

El mismo año que recibió esta condena por desatender las necesidades de sus propias hijas, Lucía del Prado montó la Fundación de Amparo al Menor, desde la que denuncia que en España "hay más de 100.000 niños y niñas que sufren maltrato psicológico como consecuencia de una separación o divorcio conflictivo mal asumido y peor gestionado" por los progenitores.

A preguntas de EL ESPAÑOL, Lucía del Prado ha eludido realizar cualquier tipo de comentario sobre estos hechos. "Nuestra fundación ayuda a miles de niños", aseguró a este diario el pasado 26 de noviembre, pese a reconocer que sólo interviene en unos 40 casos judiciales al año. "No nos van a pillar en nada ilícito porque no hay nada que rascar. Todo lo que hacemos es perfectamente legal y honesto", añadió.

La Fundación Filia que dirige Lucía del Prado aseguró en marzo de 2019 que la Dirección General de Familia y el Menor de la Comunidad de Madrid había aceptado su petición para poner en marcha el Servicio de Intervención del Coordinador Parental, que ella misma dirige.

Tras recibir este reconocimiento, la Fundación Filia interviene en una media de 40 procesos judiciales al año, en los que los informes firmados por Lucía del Prado como "directora del Servicio de Coordinación Parental" son decisivos para que el juez otorgue o retire la guardia y custodia de niños menores, en casos de padres separados. 

El juez Serrano de Vox

Así ocurrió en el auto dictado el pasado 14 de julio por el Juzgado de Primera Instancia número 8 de Móstoles, en el que, atendiendo a los informes firmados por Lucía del Prado, la juez retiró a una mujer la guardia y custodia de sus dos hijos de 15 y 16 años para entregarla al padre, un acusado de la trama Gürtel de Boadilla que está a punto de entrar en prisión, porque ya ha pactado con la Fiscalía una pena de seis años de cárcel.

En dicho auto, que recogía las recomendaciones del informe firmado por Lucía del Prado, la juez apeló además al "síndrome de alienación parental" (la supuesta manipulación de los hijos por parte de la madre, para que rechacen al padre), a pesar de que la nueva Ley de Protección Integral del Menor que entró en vigor el pasado mes de junio proscribe dicha tesis por no estar basada en criterios científicos. 

La "licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas" Lucía del Prado es directora de tres máster que la Fundación Filia imparte en tres universidades españolas para formar a coordinadores parentales: la Universidad Rey Juan Carlos (URJC)la Universidad Católica de Murcia (UCAM) y la Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid (UEMC).

Lucía del Prado ha tenido como uno de sus más estrechos colaboradores al juez y exdiputado de Vox en Andalucía Francisco Serrano, al que la Fiscalía acusa de un fraude de 2,5 millones en ayudas públicas.