El hijo de una víctima de Terra Lliure intenta procesar a Puigdemont por delitos de odio

La denuncia fue presentada en la misma jornada del referéndum ilegal por Esteban Gómez Rovira, hijo del abogado del mismo nombre que en los años 80 sufrió tres atentados del grupo terrorista Terra Lliure por reclamar ante los tribunales el derecho a escolarizar a sus hijos en castellano.

Esteban Gómez remitió la denuncia al Juzgado de Guardia por fax a las 11 de la noche del 1-O, pocos minutos después de que él y su padre, que entonces contaba 81 años, fueran abordados a las puertas de su casa por un grupo de manifestantes que les tacharon de "fascistas" y les culparon de las cargas policiales del referéndum ilegal de independencia.

La denuncia recayó por reparto en el Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona, que abrió las diligencias previas 1446/2017 y se inhibió a favor del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), competente para investigar los hechos dada la condición de aforado que tenía entonces Puigdemont.

Acosado por separatistas

Sin embargo, esta última instancia afirma ahora desconocer la existencia de dicha denuncia. Tampoco Carles Puigdemont puede sentarse en el banquillo, ya que permanece huido de la Justicia en Waterloo, desde donde esquivó el juicio del Tribunal Supremo por la organización del 1-O.

"Desde que en los años 80 padecimos persecución", explicaba Esteban Gómez en su denuncia, "conocemos perfectamente lo que iba a pasar. La primera de las tres bombas de Terra Lliure la pusieron asaltando este despacho mientras yo me matriculaba en primero de Derecho, en septiembre de 1985".

A continuación recuerda la constante batalla que su padre dio en los tribunales en defensa de los castellanohablantes: "Las madres de la Coordinadora de Afectados en Defensa de la Enseñanza en Castellano (Cadeca), los maestros castellanohablantes, todas las sentencias ganadas por mi padre, incluso en el Tribunal Supremo, la Sentencia del Tribunal Constitucional del 20 de diciembre de 1994, no se han cumplido, existiendo un forzoso éxodo. Pero ahora llega el momento en que a los que hemos aguantado nos ajusten cuentas".

El letrado relata en su denuncia el incidente violento que sufrió junto a sus padres, pasadas las 10 de la noche del 1-O: "Hemos aguantado estoicamente la cacerolada, y ayer por primera vez desde los atentados y persecución sufrida por esta familia, escuchamos insultos de nuestros vecinos. La agresividad ha ido en aumento, pero hoy me he visto en la necesidad de meter a mi padre, que venía de urgencias de un hospital, y a mi madre, personas ancianas, dentro del portal, mientras una joven me gritaba fascista. Se ha acercado a mí y, quien parecía su madre, se reía llamándome fascista y me grababa. Les he recordado que votar sin ley es fascismo y entonces peatones que pasaban se han unido a insultarme".

"Quieren que nos marchemos"

Es sólo uno de los episodios violentos que numerosas familias constitucionalistas sufrieron en Cataluña durante la efervescencia independentista provocada desde la Generalitat en torno a la jornada del 1-O.

"Las declaraciones de hoy de Carles Puigdemont", añade la denuncia, "han ido dirigidas a crear todo el daño y toda la fractura posible para lanzar a sus acólitos a un enfrentamiento. Se habla de revolución de las sonrisas y se contrapone democracia contra dictadura, cuando se ha comenzado un proceso constituyente que tiene su antecedente en la liquidación de la República de Weimar por Hitler".

"Se empieza diciendo, ya hace 30 años", agrega el escrito en otro apartado, "que los maestros castellanohablantes son anticatalanes -yo estuve infiltrado en las reuniones donde se daban sus direcciones para su expulsión, en la sede de la Crida- y cuando se da luz verde por la autoridad para incumplir la Ley porque existe un estadio superior, desaparecen los convenios morales y éticos que sostienen una convivencia que es más precaria de lo que parece".

"Es evidente que el señor Puigdemont quiere que nos marchemos para construir un proyecto totalitario, no por lo que representa en su fin, sino por los medios que hay", se lamenta por último.

Fragmento de la denuncia presentada por Esteban Gómez Rovira contra Carles Puidemont.

El artículo 510 del Código Penal, invocado en esta denuncia, prevé penas de uno a cuatro años de cárcel para quienes "quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo (...) por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad". Los tribunales tienden a aplicar este precepto de un modo restrictivo.

Terra Lliure puso en la diana, en los años 80 y 90, al padre de Esteban Gómez Rovira, fallecido hace pocos meses por coronavirus, debido a la cruzada que mantenía en los tribunales en defensa de los derechos de los castellano hablantes.

El grupo terrorista envió primero, en julio de 1985, una carta amenazante al despacho de abogado Gómez Rovira, con el siguiente texto: "¿Recuerdas lo que le pasó a Jiménez Losantos? Te meteremos un tiro en cada pierna". Aludía al atentado comentido contra el profesor y periodista Federico Jiménez Losantos por haber firmado el Manifiesto de los 2.300 en defensa de la enseñanza en castellano.

Dos meses después, el 17 de septiembre de 1985, un comando de Terra Lliure formado por Jordi Cort y Quim Sànchez irrumpió a punta pistola en el despacho del abogado, que se encontraba ausente. Jordi Cort cortó los cables de teléfono con un machete y colocó en el centro del despacho el artefacto explosivo, formado con una bombona de gas. Un hijo del abogado, Javier, lo tomó con sus manos y lo arrojó por la ventana, sin que llegara a estallar.

Tres atentados fallidos

La banda terrorista intentó asesinar en otras dos ocasiones al abogado Esteban Gómez Rovira: la segunda el 24 de diciembre de 1987, con un paquete bomba enviado a su despacho, que simulaba ser un regalo de Navidad enviado por una maestra desde Huesca. 

El paquete, que la Policía explosionó de forma controlada, contenía pólvora y cloratita. Terra Lliure intentó asesinar al abogado por tercera vez el 30 de septiembre de 1994, con un libro-bomba que la Policía pudo desactivar. Este último intento se produjo tan sólo unas semanas antes de que el Tribunal Constitucional se pronunciara sobre la Ley de Normalización Lingüística de la Generalitat a instancias de Gómez Rovira.

"No nos vamos a callar, vamos a denunciar a quien 30 años después nos han instalado otra vez en la pesadilla", señala su hijo en el escrito dirigido al juez, con el que intenta procesar a Carles Puigdemont por delitos de odio.