La Generalitat contrató ilegalmente informes para extender la independencia a Valencia y Baleares

En esa segunda fase esperaban incorporar a la "República catalana" tanto a la Comunidad Valenciana como a Baleares. El motivo para justificarlo: el mantra nacionalista de la "unidad lingüística".

Los representantes legales de Mas, Puigdemont, Oriol Junqueras, Raül Romeva y otros 36 ex altos cargos de la Generalitat están citados a partir de este martes en el Tribunal de Cuentas, que les notificará un requerimiento para que depositen conjuntamente, en el plazo de 15 días, 5,4 millones de euros.

Se trata del primer paso para restituir el dinero que gastaron ilegalmente a través de la red de "embajadas" y el resto de instrumentos de "acción exterior" de la Generalitat, de acuerdo con el procedimiento que instruye desde 2019 la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas.

El Gobierno de Pedro Sánchez ya ha anunciado que va a intentar librar de esta causa judicial a los organizadores del referéndum ilegal del 1-O, para "desempedrar" el nuevo clima de "diálogo y concordia" que impulsa con los independentistas.

"Transición nacional"

El informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre la "acción exterior" de la Generalitat, que abarca los ejercicios 2011 y 2017, también ha dado lugar a una causa penal, que ha asumido el Juzgado de Instrucción número 18 de Barcelona, en la que están imputados el exconseller de Asuntos Exteriores Raül Romeva y otros nueve ex altos cargos de la Generalitat.

Ante ambas instancias deberán responder dos ex directores generales del Departamento de Presidencia de la Generalitat, Víctor Cullell y Teresa Prohias, por contratar ilegalmente informes para impulsar el proceso de independencia.

Ambos pagaron con recursos públicos 16.500 euros al profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) Salvador Cardús por redactar en 2015 un informe de 66 páginas titulado "La mejora de los instrumentos de cooperación generales y sectoriales entre Cataluña y España".

El Tribunal de Cuentas señala que este contrato fue ilegal, pues fue adjudicado a dedo, se falseó el sistema de baremación y se enmascaró en el expediente su contenido real: se trataba de un estudio sobre las estructuras de Estado y las futuras relaciones de Cataluña, una vez hubiera logrado la independencia, con el resto de España.

Necesidades militares

El estudio incluía una segunda parte sobre "las relaciones lingüísticas y culturales que se pueden establecer entre los territorios de lengua catalana una vez el ordenamiento jurídico del nuevo Estado catalán haya entrado en vigor". Pero el alcance de este apartado iba mucho más allá de lo cultural, como indica la apostilla final del título: "Una segunda etapa del proceso de transición nacional".

Si la primera etapa de ese "proceso" suponía la creación de una Cataluña independiente, la segunda implicaba extender el proceso secesionista a la Comunidad Valenciana y Baleares.

También se falseó el expediente firmado por el exsecretario de Asuntos Exteriores de la Presidencia de la Generalitat Roger Albinyana para contratar, en 2015, un estudio sobre las necesidades militares de una Cataluña independiente. El trabajo se encargó a una empresa con sede en Bélgica y se enmascaró como un "estudio sobre los nuevos sistemas de defensa internacional".

Primero bajo la presidencia de Mas y luego bajo la de Puigdemont, la Generalitat pagó entre 2013 y 2017 cerca de 1,8 millones de euros a un lobby estadounidense, Independent Diplomat (ID), para recabar apoyos internacionales al proceso de independencia.

Esta firma con sede en Nueva York organizó varios de los viajes de Artur Mas a EEUU, le escribió discursos, le concertó una entrevista personal con el expresidente Jimmy Carter y difundió artículos en varios periódicos internacionales, para crear un clima internacional favorable a la declaración de independencia.

Carter dijo 'no'

Pese a las riadas de dinero público gastadas en esta iniciativa, el expresidente Jimmy Carter no quiso verse comprometido por la entrevista celebrada en Atlanta y emitió un comunicado en el que dejaba claro que ni él ni el Carter Center apoyaban el referéndum de independencia de Cataluña.

También en este caso, la Generalitat incurrió en múltiples irregularidades para contratar al lobby Independent Diplomat (ID): se fraccionaron los pagos (realizados desde el Diplocat y desde las "embajadas" situadas en Ginebra y EEUU), sin ningún tipo de expediente administrativo y sin los preceptivos informes jurídicos.

En total, el Tribunal de Cuentas estima que al menos 11 de los viajes internacionales realizados por Artur Mas y Carles Puigdemont (con un gasto de 363.439 euros) tenían como objetivo recabar apoyos al proceso de independencia. 

En otros casos, la Generalitat no ocultó sus intenciones. El Plan de Acción Exterior de la Generalitat 2015-2018, aprobado bajo la presidencia de Mas, enunciaba como objetivo "exportar y legitimar a nivel internacional y de la Unión Europea el proceso democrático iniciado por Cataluña y basado en el derecho a decidir” y apostillaba que "el Gobierno está trabajando en el momento de la redacción de este Plan en las estructuras de Estado, también en aquellas que hacen referencia al ámbito exterior".