Por qué el Tribunal de Cuentas es la nueva bestia negra del separatismo: cómo es y cómo funciona

El Tribunal de Cuentas, que en los últimos días ha llegado a ser definido nada menos que como la "nueva inquisición" por el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, es un órgano definido en el artículo 136 de la Constitución como "el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público".

Igualmente, la Carta Magna establece que "dependerá directamente de las Cortes" y que sus miembros "gozarán de la misma independencia e inamovilidad y estarán sometidos a las mismas incompatibilidades que los Jueces".

¿Quién lo forma?

El Tribunal de Cuentas lo componen un total de doce consejeros, más el Fiscal. En él trabajan, además, unos ochocientos funcionarios.

Los consejeros son elegidos por una mayoría cualificada de tres quintos de la Cámara Baja. Cada uno de ellos se enfrenta a una audiencia con la participación de todos los grupos parlamentarios, de una manera parecida a como ocurre, por ejemplo, con el Consejo de Radio Televisión Española (RTVE).

¿De qué se ocupa? 

El Tribunal de Cuentas se encarga de la "fiscalización externa" y "permanente" de la actividad económico financiera del sector público, al que someterá a los principios de "legalidad y buena gestión". Una vigilancia que se extiende también a las subvenciones públicas y a quienes las reciben y al funcionamiento financiero de los partidos políticos. 

También ejerce la función de "enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que incurran quienes tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos". 

Esta función es, en todo caso, exclusiva y plena aunque también compatible respecto de unos mismos hechos con el ejercicio de la "potestad disciplinaria y con la actuación de la jurisdicción penal". Corresponderá al Tribunal de Cuentas, ante hechos delictivos como los juzgados por el Tribunal Supremo (TS) en su sentencia de octubre de 2019, la determinación de la responsabilidad civil.   

¿A quién va a castigar por el procés?

Este martes están convocados ante la sede del Tribunal de Cuentas en Madrid los ex presidentes de la Generalitat Carles Puigdemont (fugado de la Justicia) y Artur Mas, así como los recientemente indultados Oriol Junqueras y Raül Romeva y, además, el ex consejero de Economía catalán Andreu Mas-Colell.

Se les pide, junto a más de treinta ex altos cargos de la administración autonómica, una liquidación provisional de los gastos indebidos durante el proceso secesionista, principalmente los que se refieren a la citada "acción exterior". En total se les reclama más de diez millones de euros. 

Artur Mas. EFE

¿Dónde ha encontrado las mayores irregularidades?

Esa cantidad reclamada se divide casi a partes iguales entre el dinero que los responsables autonómicos de Cataluña dedicaron a esa promoción exterior a través del célebre Diplocat, 5,4 millones, y los 4,8 millones reclamados por el Tribunal Supermo por los gastos empleados directamente en la organización del referéndum ilegal de octubre de 2017.

El cierre de Diplocat fue una de las primeras medidas adoptadas en 2017 cuando el Senado aprobó el artículo 155, tras negociarlo el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con Pedro Sánchez, en aquel momento líder de la oposición. 

¿Es una "piedra en el camino", como dice ahora el Gobierno?

Esa fue la polémica expresión, "piedra en el camino para el diálogo", utilizada por el ministro de Transportes y número tres del PSOE, José Luis Ábalos, refrendada este lunes por la ministra de Igualdad, Irene Montero.

Sin duda, el hecho de que la vista de este martes se produzca justo una semana después de que el Consejo de Ministros aprobase los indultos supone un contratiempo en la estrategia del Gobierno de distensión con los independentistas. Más aún por cuanto coincide el mismo día de la primera entrevista entre Sánchez y el presidente catalán, Pere Aragonés. 

¿Cuándo le toca renovarse?

El mandato de los actuales consejeros expira el próximo 17 de julio, una vez se hayan cumplido los nueve años establecidos en la Ley Orgánica que regula el Tribunal de Cuentas.

Siete de los doce consejeros fueron propuestos por el PP, en función de las mayorías de 2012. El Tribunal de Cuentas no pierde ninguna de sus prerrogativas cuando está en funciones. 

Andreu Mas-Colell. EFE

Pablo Casado negaba este lunes, en tono muy enfadado, que su formación estuviese "bloqueando" la renovación y se preguntaba retóricamente si "también hay que pagar a los indultados su malversación". 

Fuentes del PP argumentan que en ocasiones anteriores el Tribunal de Cuentas ha estado en la prórroga de su mandatos hasta dos años. Aseguran además que en su día el PSOE paralizó la renovación del Tribunal Constitucional, en la época del Estatut y del resto de reformas estatutarias, arguyendo entonces que muchos de los magistrados, singularmente María Emilia Casas, tenían un gran conocimiento de esas reformas y que era coherente mantenerlos para que resolvieran sobre todos los recursos presentados sobre las mismas.

Algo que, según el primer partido de la oposición, sería de aplicación ahora con los consejeros del Tribunal de Cuentas que llevan años tratando todo lo referente al dinero público empleado en el proceso independentista. 

¿Por qué dice Sánchez que no es un órgano judicial?

Pedro Sánchez lo tildaba este lunes, en una entrevista en la Cadena SER, de "instancia administrativa", lo que muchos han visto como una manera de minusvalorarlo por parte del presidente del Gobierno.

Fuentes jurídicas consideran que técnicamente es un "órgano auxiliar de las Cortes". En cualquier caso, y como se ha indicado, con competencia para dirimir las responsabilidades civiles derivadas de actuaciones delictivas. Sus decisiones, como las de un tribunal ordinario, pueden ser recurridas ante el TS, como posiblemente ocurrirá en el caso de los líderes independentistas a los que se reclama el dinero malversado.

En principio se les dará un plazo de quince días para devolverlo bajo la amenaza de ejecutar el embargo de sus bienes. El proceso puede prolongarse meses e incluso llegar a 2022 si finalmente tiene que resolver el Alto Tribunal.  

¿Puede juzgar el delito de malversación?

No puede, stricto sensu, pues la malversación es un tipo penal, junto al de sedición el delito por el que se condenó a los líderes independentistas ahora indultados. Sin embargo, sí se ocupa, como es el que caso ahora con los responsables de esa acción del procés fuera de España, de la llamada "malversación contable". 

¿Por qué el independentismo ha puesto especial énfasis en Mas-Colell?

El que fuera consejero de Economía en el Gobierno de Artur Mas, el que dio el primer impulso al procés, ha movido hilos fuera de España gracias a su prestigio académico como economista para defenderse en la causa.

Una cincuentena de economistas extranjeros, incluidos más de treinta Premios Nobel, han firmado un escrito en su defensa, advirtiendo de las "consecuencias financieras desastrosas" que puede tener para su persona.

En la misma línea, su hijo, Alex Mas, profesor en Princeton, publicaba recientemente un largo hilo en Twitter en defensa de su padre y del patrimonio familiar, amenazado ahora de embargo.

En inglés, calificaba de "injusto" el procedimiento contra su progenitor y detallaba que tanto "la casa de mis padres" como su pensión y sus cuentas corrientes corrían el riesgo de ser embargadas. Vinculaba su acción en la Generalitat a la situación de crisis económica que se vivía cuando Artur Mas le nombró. Mas-Collel llegó a calificar el año pasado el 1-O como "un día grande" en su vida.