Moncloa teme tener que negociar una ley de pandemias con el PP tras un revés del Supremo

A finales de esta semana se espera la resolución del primero de los recursos de casación ante la Sala Tercera, presentado por el Gobierno de Canarias, al que el Tribunal Superior de Justicia de las islas denegó este lunes las restricciones planteadas tras decaer el estado de alarma el pasado fin de semana en toda España.

Parecida situación a la de Navarra y el País Vasco, por lo que ya son aproximadamente cinco millones de ciudadanos a los que no se les podrían aplicar determinadas restricciones por la renuncia del Gobierno a legislar, que ya no solo crítica la oposición de centroderecha. También lo hacen ahora sus principales socios, como ERC, Bildu, el PNV o Íñigo Errejón, quien afirmaba gráficamente que el Ejecutivo no puede pretender "pasarle la patata caliente a otros".  

"Un Gobierno en mayoría sin duda habría hecho esta reforma", explica Juan Fernando López Aguilar, exministro de Justicia del PSOE en conversación con este periódico. "Pero este Gobierno es de coalición y aun así está en franca minoría... mientras la oposición es absolutamente desleal y utiliza la pandemia para minarlo".

Y lo cierto es que no es muy distinto lo que se traslada desde el seno del Ejecutivo, sobre todo, claro está, en la parte socialista del mismo. No solo les atemoriza, a la hora de abrir la mano tanto con un nuevo estado de alarma como el que ya reclaman algunas autonomías como con un "plan B jurídico" como el que machaconamente reclama Pablo Casado, el hecho de que la oposición estaría enfrente. También inquieta en Moncloa abrir el melón de una negociación en un contexto político que ha cambiado profundamente en los últimos meses. 

Íñigo Errejón, este martes en el Congreso. EFE

Así ocurrió cuando el PP y Vox dejaron de respaldar el año pasado las prórrogas de esa situación de excepción. Una situación que, sumado a que en un monento dado ERC, partido no en vano en la Generalitat de Cataluña, también se bajó del carro del apoyo al estado de alarma, hizo que Moncloa tuviese que recurrir a Ciudadanos para superar la votación por pocos escaños.

Y Pedro Sánchez no quiere verse, ni de lejos, en esa situación de nuevo. "El estado de alarma es el pasado, hay que mirar al futuro. Y el futuro se llama vacunación, vacunación y vacunación" aseguraba solemnemente en las escalinatas de La Moncloa, durante una comparecencia conjunta con el presidente de Argentina, Alberto Fernández, de visita en nuestro país.

Sánchez, con la mascarilla en la mano, este martes en La Moncloa. EFE

Mucho menos quisiera verse en ese brete en un contexto político, el creado tras la victoria arrolladora de Isabel Díaz Ayuso el 4-M y la consiguiente dimisión de Pablo Iglesias dentro de un Podemos cada vez más debilitado, que no le favorece tanto como el existía en 2020.  

Tampoco les parece recomendable dejarse llevar por los cantos de sirena de esos socios parlamentarios, como el portavoz del PNV, Aitor Esteban, o el propio Errejón, que este martes blandían su legimidad por haber respaldado al Gobierno en el Congreso de los Diputados para reclamar que se tomasen medidas ante una situación que, como evidencian las imágenes del desmadre callejero de este fin de semana, corre riesgo de empeorar.

El credo gubernamental en esta materia es tajante: no hace falta legislar al respecto, las comunidades autónomas tienen elementos de sobra, e incluso un "arsenal normativo" como afirmaba la portavoz socialista, Adriana Lastra.

¿Cambiar las leyes?  

Entonces, ¿hay que cambiar las leyes? De nuevo se pronuncia el ex ministro López Aguilar: "Hasta ahora, hemos aprovechado una lectura muy generosa de la ley de alarma [que data de 1981] y de la de salud pública", admite este exmiembro del Gobierno con José Luis Rodríguez Zapatero. "Pero no olvidemos que aún tiene que sentenciar el Constitucional sobre el primer estado de alarma... y puede que no sea favorable".

Es posible que tampoco el Supremo avale las medidas limitativas de los derechos fundamentales. ¿Qué pasaría en ese caso?

Para empezar, habrá que ver con qué argumentos las rechazaría. Si son formales, como confía el Gobierno que en todo caso sean, o de fondo. En caso de que que el TS diga que Canarias no justificó adecuadamente sus peticiones, o que la Incidencia Acumulada y la presión hospitalaria no son suficientes como para justificar recortes en las libertades fundamentales, Moncloa no se vería cuestionada en su argumentación.

Pero si el Supremo alega que las leyes no amparan que una Comunidad Autónoma pueda decretar limitaciones a los derechos fundamentales, si el Supremo rechaza de plano esta posibilidad, ¿qué hará el Ejecutivo?

Ante esa cuestión, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ya abrió la puerta el lunes pasado a la posibilidad de que el Ejecutivo acabara abordando un cambio en las leyes. Pero de inmediato la cerró. Fuentes del Gobierno aclaran a este periódico que lo que vale es lo último que dijo... si bien antes había dicho lo otro. Pecados propios, consideran, del especial rigor técnico con el que los juristas como Campo tratan de expresarse en todo momento. 

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. EFE

Ley de pandemias

Y es que Moncloa teme verse obligada a acabar teniendo que negociar con el PP una ley de pandemias. Primero, porque esto supondría a ojos de la opinión pública una victoria de los de Casado. Segundo, porque además no se fían. Y tercero, porque la propuesta de partida del PP espanta a los juristas del Gobierno: "Es una locura permitir que un gobierno, autonómico o central, pueda afectar a los libertades básicas a través de una ley ordinaria".

Y esto es así porque hace falta una ley orgánica para cualquier asunto que tenga que ver con derechos fundamentales. Y porque "hacen falta dos poderes que se compensen y se vigilen mutuamente para limitar los derechos reconocidos en la Constitución", recordaba este martes la ministra portavoz María Jesús Montero.

En todo caso, cualquier norma que el Supremo sugiriera, en Moncloa se da por supuesto que debería negociarla con los populares. Por muy poca confianza mutua que se tengan ambas partes, Ejecutivo y PP, a nadie se le escapa que una legislación que afecte a recortes en libertades debe consensuarse entre los dos partidos de gobierno.

Porque la otra opción, reunir a la mayoría parlamentaria frankenstein para este trabajo, en el fondo es un plato de gusto aún más amargo. ¿Cómo negociar con los regionalistas, nacionalistas e independentistas una reforma legal sobre los derechos fundamentales de un país en el que no creen... y dejando fuera al PP? ¿Cómo se explica eso a los electores? ¿Y cómo hacerlo con el PP subido a la ola del "cambio de ciclo político" y con Ayuso en todas las televisiones?.