Pablo Iglesias.

Pablo Iglesias. EFE

España

Interior utilizó a sus agentes en Venezuela de la época de ETA para investigar a Pablo Iglesias

El Ministerio de Interior creó una estrategia a cuatro bandas para frenar el auge de Podemos en las generales de 2016.

La estrategia del Gobierno de Rajoy era debilitar la imagen pública de Iglesias de cara a las elecciones. Para ello, tenía un plan con tres partes diferenciadas e independientes. La primera pasaba por emplear los contactos que la Comisaría General de Información española había labrado en Venezuela tras los años en los que el país se convirtió en refugio de etarras. De uno de esos confidentes partió el documento que acredita supuestamente que Pablo Iglesias recibió dinero del Gobierno venezolano por medio de una cuenta en el Euro Pacific Bank de Granadinas. Un documento elaborado presuntamente por la Inteligencia cubana y que nunca se ha sustanciado judicialmente en España.

Según adelanta el diario El País, la cúpula de Interior premió al confidente que aportó esa información con un permiso de residencia en España. Algo que sucedió en abril de 2016, poco después de que la información sobre los presuntos pagos Iglesias apareciera publicada en la prensa. 

Un informe pensado para ser filtrado

La segunda pata de este plan tenía un nombre concreto: Informe Pisa. El documento era un informe sin sello de unidad policial alguna que apareció tras la obtención de Podemos de 69 diputados en el Congreso y que relataba los supuestos pagos del gobierno iraní para facilitar la formación de Podemos. 

Las noticias sobre el informe fueron recogidas entonces por efectivos de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, que trasladaron la información tanto al Tribunal de Cuentas. El organismo formalizó dos denuncias que pasaron por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo sin resultado punitivo para el partido de Pablo Iglesias. 

El tercer elemento de vulnerabilidad para Podemos fue la documentación filtrada desde el teléfono de unos de los asistentes personales de Pablo Iglesias en el Parlamento Europeo. Según investiga la Audiencia Nacional, una copia de esa información terminó en manos del entonces comisario adscrito a la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional José Villarejo, ahora principal investigado en el llamado caso Tándem.

La filtración contenía datos internos de la organización de Podemos, pero también capturas de un chat de Telegram del grupo más cercano a Pablo Iglesias en el que el líder de Podemos profería insultos por ejemplo contra una presentadora de televisión. Ahora, la Audiencia Nacional investiga si la supuesta sustracción de esos datos fue un encargo directo del Ministerio del Interior 

Interior indagó causas judiciales cerradas

Sin embargo, la cúpula de Interior buscó debajo de cualquier alfombra para tratar de debilitar a Iglesias. Tanto que indagó en causas judiciales ya cerradas en una estrategia más amplia. Algo de lo que ya alertó EL ESPAÑOL en esas mismas fechas. Efectivos del Cuerpo Nacional de Policía recibieron la orden de revisar causas antiguas en las que se pudiera verse inmerso el líder de Podemos.

En concreto y según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, los agentes revisaron las escuchas telefónicas del caso Cruz Negra Anarquista. El objetivo era encontrar en esas intervenciones las charlas del líder de Podemos con uno de los encausados. Esas conversaciones nunca fueron incorporadas a la causa ya que carecían de interés alguno para la investigación, pero fueron revisadas por altos mandos de la Policía para saber si podrían minar la figura de Iglesias tras una posible filtración. Algo que finalmente se descartó. 

Para identificar a los culpables, la Policía pinchó los teléfonos de varios de los sospechosos. Uno de ellos era una persona cercana a Pablo Iglesias, que en aquellas fechas (2001) tenía 22 años y ninguna relación con Podemos. Quince años después, agentes de la Policía Nacional volvieron sobre esas escuchas para buscar debilidades contra el líder del partido en auge. No las encontraron. O al menos decidieron no airearlas, ante el riesgo evidente de ser descubiertos si unas grabaciones que solo custodiaba la policía eran filtradas a los medios de comunicación.