El presidente de la Generalitat, Quim Torra.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra. Reuters

España

Torra va más allá que Sánchez: limitará los precios del alquiler en Cataluña

La regulación catalana limitaría los precios de los alquileres y aumentaría la duración de los mismos hasta diez años para "evitar abusos".

La Generalitat se encuentra preparando su propia regulación del alquiler. Se trata de una reforma del Código Civil catalán que limitaría las subidas de los precios de los alquileres. La regulación alargaría también su duración, entre seis y diez años.

Torra daría con esta decisión un paso más que Sánchez, quien rechazó limitar las rentas y solo lo hizo en las actualizaciones anuales, ligándolas al IPC. La consellera de Justícia, Ester Capella, ha dicho en la mañana de este lunes que la nueva norma está prevista que se vote en el Parlament a finales de 2019.

Capella ha explicado que esta medida tiene como compromiso "evitar abusos, como el aumento desproporcionado de la renta al cabo de solo tres años de contrato, que contribuyen a la expulsión de los vecinos y a que se destinen los inmuebles a usos no residenciales”.

Además, esta ley dotará a la consellería las competencias en materia de vivienda para poder llevar a cabo dicha limitación de los precios, ya sea de manera directa o facultando a los ayuntamientos para hacerlo.

Los precios en Barcelona han subido un 38% en cinco años

El Govern se plantea también la posibilidad de que esta nueva regulación establezca condiciones diferentes para los particulares y sociedades dedicadas al negocio inmobiliario, estableciendo límites menores de la duración del alquiler para particulares y mayores para empresas. A partir de una modificación en las duraciones de 2013, los contratos quedaron reducidos a los tres años.

Desde la Generalitat, esta regulación se ha justificado con la premisa de la subida acelerada de los alquileres en el área de Barcelona. En la ciudad, han aumentado un 38% en cinco años. Un piso de unos 72 metros cuadrado costaría alrededor de 949 euros al mes, según datos del Institut Català del Sòl.

Este decreto deberá ser ratificado por el Congreso, cámara que ya rechazó ratificar el anterior el pasado enero.