Uno de los correos intervenidos al cártel de empresarios.

Uno de los correos intervenidos al cártel de empresarios.

España

Operación Colusorium: la Guardia Civil desarticula otra trama de empresarios del 3% en Cataluña

La Guardia Civil ha explotado una operación centrada en una supuesta red de amaños de contratos que afecta a la Generalitat de Cataluña. En concreto, los investigadores siguen el rastro de un entramado de empresarios que infló contratos de las administraciones públicas, en una operación coordinada por la Audiencia Nacional.

El caso se centra en un cártel de empresas que encarecía los contratos de la Generalitat. Se les conocía como "la hermandad" y comunicaban sus decisiones a través de una cuenta de correo de hotmail a nombre de una mujer llamada Nuria Bofill, como ya adelantó EL ESPAÑOL.

Los agentes del Instituto Armado, en el marco de la operación Colusorium, registran las dependencias de Infraestructuras Gencat y de la Agencia Catalana de la Competencia; ambos son organismos de la Generalitat de Cataluña. Coordinados por el juez José de la Mata, siguen el rastro de las empresas que actuaron en la trama de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), hoy PDeCat, en el caso del 3%.

El magistrado llamará a declarar a casi una veintena de empresarios catalanes, vascos y sevillanos, según apuntan fuentes de la investigación a EL ESPAÑOL. Las actuaciones se produjeron entre los años 2008 y 2010.

Los empresarios actuaban de forma conjunta y así se aseguraban un beneficio mayor. Se han llevado registros en dependencias de Agencia Catalana de la Competencia, Asociación de Empresas de Ingeniería y Consultoría Independientes de Cataluña, GPO Group, Euro Geotécnica, AudingIntraesa, Ayesa Ingeniería, BAC Engineering y Dopec SL.

"Se han registrado un total de ocho empresas y 13 despachos profesionales en Barcelona, Lleida, Bizkaia y Sevilla relacionadas con la supuesta comisión de una serie de delitos contra la Administración Pública", ha señalado la Guardia Civil en un comunicado.

Fuentes policiales indican que las adjudicaciones públicas habrían sido alteradas en la época de Artur Mas.