Colegio Guadalaviar (Valencia)

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España EDUCACIÓN

Los 8 cambios que el colegio de tu hijo deberá asimilar con la reforma de la Lomce

El Gobierno de Pedro Sánchez enviará al Parlamento un proyecto de ley para su aprobación urgente en octubre que pondrá fin a los recortes en colegios e institutos decretados en 2012. Ese año, en plena crisis, el entonces ministro popular de Educación José Ignacio Wert aprobó el decreto de reducción del gasto, que mantuvo su sucesor Íñigo Méndez de Vigo.

La nueva ministra de Educación, Isabel Celaá, anunció la semana pasada los cambios más notables que se producirán en el sistema educativo para los próximos años. Los más destacados son los siguientes: 

1. Menos alumnos por aula

La primera de las cosas que se va a hacer con la reversión de recortes va a ser rebajar el número de alumnos por aula. Wert puso en práctica un artículo del decreto que permitía elevar hasta un 20% el número de alumnos por clase.

La asignatura de Religión dejará de contar para la nota media.

2. Sin horario mínimo de docentes

La norma, que podría aprobarse por el procedimiento de lectura única, también anulará la obligación impuesta por el PP de que el horario lectivo mínimo de los docentes de Infantil y Primaria sea de 25 horas semanales y de 20 horas el de los de ESO, Bachiller y FP.

Esta disposición tuvo como resultado un incremento medio de dos horas de clase presencial por docente a la semana. La reforma dejará la situación tal como estaba hace seis años, cuando cada autonomía fijaba el horario lectivo de sus docentes, por lo que no estarán obligados a cumplir este mínimo horario. 

3. Sustituto desde el primer día

Con la reforma de Wert, los colegios tenían 10 días para buscar un sustituto al profesor que se quedaba de baja; ahora, con la nueva reforma de Celaá, los colegios deberán buscar un sustituto desde el mismo día de la ausencia.

Si un profesor coge la baja, al día siguiente deberá tener un sustituto que cubra toda su ausencia, por lo que no estará permitido que profesores interinos ocupen su puesto. 

4. Más plazas de profesores

Los recortes introducidos en 2012 supusieron la pérdida de unas 30.000 plazas de profesores, aunque elevaron el porcentaje de los interinos hasta el 20%. Estos recortes en el número de profesores masificaron las aulas y redujeron de forma notable las posibilidades de "atención a la diversidad" y de "lucha contra el fracaso escolar", según la ministra.

5. Fin a las reválidas 

La ministra Celaá ya ha anunciado que para el nuevo curso "no habrá más reválidas", exámenes independientes al del ciclo formativo para certificar las aptitudes y conocimientos de los alumnos. Sin reválida no se podía acceder a los siguientes cursos escolares.

Por otra parte, se recuperarán los Programas de Diversificación Curricular, una medida que se ofrece en el segundo ciclo de la ESO al alumnado que se encuentre con problemas de aprendizaje. Su función es apoyar a los alumnados con más dificultades de rendimiento. Sin embargo, la EBAU (Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad) continuará, ya que según la ministra "cumple su función satisfactoriamente".

6. Más importancia a colegios públicos 

La ministra socialista mostró especial interés en que la educación sea un "ascensor social" y no un "reproductor de las desigualdades sociales". Y por eso, asegura, pretende primar la educación pública sobre la concertada.

Celaá considera que la Lomce ha permitido que algunas comunidades hayan "cedido terrenos públicos para centros concertados", lo que ha desembocado en que "la educación pública se ha convertido en una red subsidiaria de la concertada". Considera que eso "no puede" seguir así, y hará todo lo posible para que "la educación pública sea el referente y el eje vertebrador del sistema educativo". 

7. Ciudadanía por Religión 

"La Religión no puede tener valor académico y contar para la nota media", dijo la ministra a principios de junio. Isabel Celáa anunció en una entrevista la semana pasada que habrá una asignatura "de valores cívicos y éticos" que "no será optativa".

Celáa sostiene que la asignatura de Religión "no puede tener una asignatura espejo como alternativa, porque eso significa que el derecho de unos se convierte en la obligación de otros. Los valores cívicos han de ser universales y, por lo tanto, todos los alumnos y alumnas han de cursarlos", explicó.

8. Autorización a las comunidades para el curso 2018-2019

La ley para la reversión de los recortes de Wert, aunque entrará en vigor con su aprobación el próximo otoño, no será de aplicación en las autonomías hasta el curso 2019-2020. El objetivo es no interferir en un curso 2018-2019 ya planificado por la mayoría de las administraciones educativas con la legislación actual. 

Sin embargo, la norma autoriza a las comunidades que así lo decidan a aplicar sus disposiciones desde el curso que comienza en septiembre. Será el caso de Andalucía, que ya decidió en 2017 bajar el horario lectivo de los docentes de Secundaria a 19 horas semanales y que en otoño lo reducirá a 18. También Extremadura comenzará su programa de reducción paulatina de horas lectivas en el curso 2018-2019.

Aprobación 

La norma, anunciada el lunes de la semana pasada por la ministra Isabel Celaá en la conferencia sectorial de Educación, tiene que seguir ahora los cauces habituales de una ley ordinaria. Fuentes del Gobierno señalan que los recortes se aprobaron a través de real decreto ley. Y añaden que, esa "falta de urgencia y la mejora económica", provocan que ahora se tenga que tramitar como ley ordinaria.

Aunque se aprobara en estos momentos, sería complicado modificar las programaciones escolares. Una de las medidas propuestas, la de cubrir las bajas antes de 10 días, es la única que se podría aplicar desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Lo cierto es que en comunidades como Andalucía, Cantabria, País Vasco, Navarra o Cataluña ya habían empezado a reducir las horas lectivas de sus docentes o a rebajar las ratios de alumnos (lo que se aprobó con Wert era una horquilla de máximos y mínimos). El anteproyecto de ley da seguridad jurídica a las autonomías que quieran revertir los recortes, pero no supondrá un apoyo económico por parte del Gobierno.