ETA cierra sus siglas con un balance marcado por sus 853 asesinatos, casi 2.600 heridos, 100.000 exiliados y 10.000 empresarios extorsionados. El terror y la presión no se pueden cuantificar, pero de entre esas cifras destaca un dato: los 358 crímenes que permanecen sin esclarecer. Sumarios judiciales que, por contra, permanecen repartidos en ocho archivos sin clasificación ni orden; información que podría servir para al menos reabrir las causas contra los criminales.

ETA anuncia su disolución definitiva sin perdón ni arrepentimiento

La Oficina de Asistencia e Información a las Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional ha registrado y clasificado en los últimos años -en la medida de sus medios- ocho fondos en los que se acumulan los sumarios.

Cuatro de ellos están en Madrid: son los archivos del Tribunal Militar Territorial Primero, de la Audiencia Nacional, de los Juzgados de Instrucción y de la Audiencia Provincial. Los otros cuatro están en Burgos (Gobierno militar), La Coruña (Tribunal Militar Territorial Cuarto), en Ferrol (Archivo Intermedio Militar Noroeste) y en Salamanca (Centro Documental de la Memoria Histórica).

En ellos se acumulan los papeles con cientos de causas judiciales; legajos que acumulan polvo y tiempo en causas que van caducando con el paso de los años ante la prescripción de los delitos. 

"Ni el Estado sabe cuántos documentos o papeles puede tener en su poder", sostiene Juanfer F. Calderín, periodista y autor del libro Agujeros del sistema: más de 300 asesinatos de ETA sin resolver. Según su criterio, estos legajos repartidos en ocho archivos contienen información crucial en muchos de los crímenes de los terroristas cuyas circunstancias aún no han sido aclaradas.

Algunas víctimas empecinadas en resolver sus casos con su propio esfuerzo han conseguido reabrir algunas de las causas. O, al menos, que se les reconozca la condición de víctima del terrorismo.

La postura de ETA

Cuando ETA apuntó en sus comunicados su intención de cerrar de forma definitiva su trayectoria, las asociaciones de víctimas del terrorismo insistieron en un punto: que los terroristas colaboren con la Justicia y esclarezcan los 358 crímenes que permanecen sin resolver.

Pero la banda terrorista no está por la labor. Los dos últimos jefes de ETA, David Urdin y David Pla, se encargan de ello. El primero permanece huido con la misión de limpiar de huellas las armas que la organización ha entregado en las últimas semanas -o lo que es lo mismo, no facilitar información sobre quiénes las dispararon-. El segundo, entre rejas, mantiene la cohesión entre los miembros encarcelados.

"En adelante, el principal reto será construir un proceso como pueblo que tenga como ejes la acumulación de fuerzas, la activación popular y los acuerdos entre diferentes, tanto para abordar las consecuencias del conflicto como para abordar su raíz política e histórica", señala ETA en el comunicado de su disolución. En ningún punto hablaba de las víctimas que dejaba tras de sí ni de los crímenes sin resolver.

Un convoy lleno de armas

Los terroristas no tienen intención de esclarecer esos asesinatos. Por tanto, a los cuerpos policiales sólo les queda seguir sus pesquisas, basadas en la mayoría de casos en las armas que ETA utilizó en sus atentados. La Justicia ha aclarado las circunstancias de muchos de ellos gracias a pruebas periciales basadas en las huellas dactilares encontradas en las armas.

Francia entregó el pasado mes de marzo a las autoridades españolas una remesa de armas acumuladas tras décadas de acciones policiales. En total, 300 armas que llegaron en un convoy de camiones para que los investigadores iniciasen las pertinentes pruebas periciales.

Fuentes de la lucha antiterrorista consultadas por EL ESPAÑOL manifiestan sus dudas de que estas armas sirvan para esclarecer algunos de los más de 300 crímenes que quedan por resolver, aunque los investigadores se afanan en la búsqueda de posibles huellas.

Entre armas, terroristas y legajos

La Justicia cuenta, por tanto, con tres frentes para resolver causas pendientes. La primera pasa por la colaboración de los terroristas, que aporten información sobre los atentados en los que participaron o sobre los que tienen algún dato que nunca haya pasado por manos policiales. En ese caso, si los delitos no han prescrito, se abrirían nuevas causas judiciales.

El segundo apoyo se sostiene en las armas que ha utilizado ETA. David Urdin, el último jefe de ETA en la clandestinidad, se encarga de limpiar sus huellas. El inventario de armas de la banda terrorista, no obstante, no es completo: muchos de los terroristas que las ocultaron, pasados los años, tienen recuerdos difusos sobre sus ubicaciones. Los investigadores aún trabajan en el hallazgo de viejos zulos.

El tercero son los legajos desperdigados en los ocho archivos, sin que muchas de las víctimas implicadas sepan siquiera de su existencia. Documentos olvidados de procesos judiciales a los que se les dio carpetazo, con datos inéditos sobre cientos de atentados.