Francisco Granados junto a David Marjaliza

Francisco Granados junto a David Marjaliza Interviú

España

Granados vincula a la ministra Cospedal con una operación ilegal denunciada por Marjaliza

El exconsejero acusa a la Fiscalía de beneficiar al testigo de cargo, absuelto en enero de una acusación por blanqueo en una causa vinculada al narcotráfico.

El exconsejero Francisco Granados ha vinculado hoy a la actual ministra de Defensa María Dolores de Cospedal con el cobro de comisiones a cambio de obra pública en la Comunidad de Madrid denunciado por el empresario David Marjaliza.

El pasado 17 de enero el empresario de Valdemoro declaró en la Audiencia Nacional y reconoció su participación en una trama para amañar contratos dependientes en su mayoría de Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid.

Marjaliza señaló como sus presuntos socios al empresario Javier López Madrid, que negó el martes cualquier vinculación con operaciones ilegales, y al principal imputado en la trama, Francisco Granados.

En un duro recurso remitido hoy al juzgado encargado del caso, la defensa de Granados acusa tanto a Marjaliza como a la Fiscalía de cometer "errores de bulto" en sus acusaciones y recuerda que los contratos investigados se entregaron en la época en la que la actual ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, estaba al frente la Consejería encargada de entregar las adjudicaciones presuntamente amañadas, y no Francisco Granados, que fue sucedido por ella en el cargo en diciembre de 2004.

En concreto y tras la declaración de Marjaliza, la Audiencia Nacional investiga entre otras la adjudicación por más de 80 millones de euros de las obras para la construcción del metro ligero a Boadilla, adjudicado el 19 de enero de 2005.

En esa fecha Cospedal llevaba un mes al frente de la consejería madrileña. La defensa de Granados se pregunta en su escrito al juzgado la razón de que Cospedal no haya sido llamada a declarar como investigada, como sí que lo han sido varios responsables de las constructoras señaladas por Marjaliza, entre los que se encuentra por ejemplo Juan Miguel Villar Mir.  

Con este argumento, la defensa del exconsejero trata de evidenciar la "persecución" que a su juicio está sufriendo Granados, gracias a las declaraciones del empresario de Valdemoro, que "baila al son y al ton que le marca la Fiscalía según las necesidades acusatorias".

160.000 euros para un terreno en Almería

El escrito de la defensa de Granados desvela además que la Audiencia Nacional archivó a Marjaliza una investigación por presunto blanqueo de dinero en una causa vinculada con el narcotráfico dos días después de que el empresario de Valdemoro declarara en Púnica contra Granados y el grupo de constructores señalados por abonar presuntamente comisiones a cambio de contratos.

Y vincula esta decisión judicial con un "trato de favor" a Marjaliza tras la decisión del empresario de colaborar con la Fiscalía y reconocer el manejo de comisiones a cambio de contratos públicos.

El recurso presentado hoy recuerda que pese a reconocer en sede judicial la quema de documentos tras un chivatazo a Francisco Granados, Marjaliza no fue imputado en la causa, por la que fue condenado tanto Granados como los dos guardias civiles que se sentaron con él en el banquillo, en una sentencia que todavía no es firme.

Tras el juicio, la defensa de Granados presentó una querella contra varios agentes de la UCO a los que acusó de omitir su deber de perseguir delitos y otra contra el propio Marjaliza. Ahora, carga las tintas de nuevo con el procedimiento 141/2014 como argumento.

La causa, abierta en el mismo juzgado que instruye la Púnica, es un procedimiento contra el tráfico de drogas que se investiga desde hace tres años. Sin embargo, fue este mismo verano, cuando el juez de apoyo del juzgado decidió citar a David Marjaliza como investigado en esa causa, y acusarlo solo de un presunto blanqueo de capitales. ¿El motivo? Los investigadores detectaron que 160.000 euros de una de sus empresas terminaron en manos de uno de los principales investigados en la causa.

Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, en su declaración el empresario de Valdemoro explicó que esos 160.000 euros sirvieron para comprar un terreno en Almería, propiedad de un prestamista llamado Antonio Arroyo.

En ese momento, Arroyo había pedido al juzgado el embargo de ese terreno como garantía de un préstamo impagado por un cliente. Así, Marjaliza llegó a un acuerdo con Arroyo y acudió con él al juzgado que se encargaba del embargo, en Béjar. Según explicó al juez, fue el propio juzgado quien puso directamente el terreno a su nombre tras entregar Marjaliza dos talones a Arroyo, en un procedimiento que la Ley permite. Después, el prestamista se marchó y entregó a su vez esos mismos cheques a una tercera persona, investigada de lleno en esta causa por narcotráfico.

El auto de archivo de las investigaciones contra Marjaliza por esta causa, firmado el 19 de enero, explica que "de conformidad con el Ministerio Fiscal, de lo actuado no se desprende que exista relación entre el empresario de Valdemoro y las operaciones de blanqueo del narcotráfico, ya que él no tenía porqué conocer el destino final de ese dinero". Es decir: las explicaciones de Marjaliza convencieron al juez y el empresario quedó fuera de la causa.

Sin embargo, la defensa de Granados considera que estos movimientos tienen unos intereses más "oscuros", basados en garantizar la línea de colaboración entre Marjaliza y la Fiscalía. Según esta versión, una condena para el empresario de Valdemoro por un delito distinto a los que se investigan en el caso Púnica podría dar al traste con la línea de colaboración entre el testigo de cargo y el Ministerio Público al dificultar que Marjaliza se acogiera a la regla por la que ningún preso puede cumplir más condena que "el triple del mayor" de sus delitos.

Es por ello que los representantes legales del exconsejero consideran en su auto de reforma que el testimonio de Marjaliza "no debe tener valor probatorio" tanto para Granados como para cualquier otro de los investigados, ya que su testimonio viene motivado por la búsqueda de beneficios penitenciarios.