Rajoy saluda a la prensa al llegar al Consejo Europeo este jueves.

Rajoy saluda a la prensa al llegar al Consejo Europeo este jueves. Dario Pignatelli/Reuters

España DESAFÍO SEPARATISTA

El 155 de Rajoy será ambiguo pero incluye el cese de hasta directores generales

El Gobierno quiere dejarse un margen de maniobra en caso de contratiempos inesperados. Junts pel Sí y la CUP preparan una DUI en el Parlament. 

Jorge Sáinz

El Gobierno ultima los detalles del histórico Consejo de Ministros del sábado que aprobará el despliegue del artículo 155 para restablecer la legalidad en Cataluña. El acuerdo tendrá dos partes. La primera recoge el cese del Consell de Govern de la Generalitat, es decir el presidente Carles Puigdemont y todos sus consejeros. Está previsto que los ceses afecten también a los directores generales. La segunda parte enumera de un modo general cómo se gestionará la Generalitat y todos sus organismos a partir del día siguiente.

Mientras el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, busca este viernes en Bruselas el respaldo de la Unión Europea, el equipo de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría negocia con el PSOE y Ciudadanos los últimos flecos del 155. Según ha podido saber EL ESPAÑOL, el acuerdo del Consejo de Ministros y, por lo tanto, el Senado será general y no tendrá excesiva letra pequeña. El Gobierno quiere de esta manera dejarse un margen de maniobra en caso de contratiempos inesperados.

Soraya, al frente

Sáenz de Santamaría guarda con celo los detalles del documento que se aprobará y presentará el sábado. El Ejecutivo prevé cesar en sus funciones a Puigdemont y sus consejeros. A partir de ahí, cada ministerio, tomando el Estatuto como referencia, ha preparado una memoria de los organismos dependientes de la Generalitat que deberá asumir. La coordinación de Gobierno, tal y como ha informado EL ESPAÑOL, la realizará la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios presidida por Sáenz de Santamaría.

Es decir, el 155 contempla que el Gobierno central se haga cargo de la gestión diaria de la Generalitat y sus organismos públicos. La Administración central ha dicho que tomará decisiones políticas, pero está por ver cómo reacciona si por ejemplo los funcionarios se niegan a aceptarlo. El Gobierno no prevé que esto ocurra. O al menos no de forma generalizada. Los funcionarios que desconozcan la nueva legalidad se exponen a un ramillete de sanciones, que va desde la suspensión de empleo y sueldo a otras más graves.

Los dos puntos clave

Hay dos aspectos clave en esta operación: los Mossos y la economía. El caso de la Policía autonómica es especialmente delicado, porque el 155 pondrá el cuerpo bajo el mando del Ministerio del Interior. El Gobierno guarda también con celo detalles más concretos que afectan a los Mossos. Y otras cuestiones relevantes, como, por ejemplo, si se desalojará físicamente o no a los consejeros y los altos cargos de sus despachos.

En cuanto al aspecto económico, Hacienda tomará el control de la caja autonómica. Esta decisión supondrá que los bancos con los que habitualmente opera la Generalitat sólo podrán realizar las operaciones que autorice la Administración central del Estado. 

Frente a las medidas que ultima el Gobierno, en la Generalitat siguen en sus trece. Este jueves, en su respuesta al requerimiento del Ejecutivo, Puigdemont dejaba claro que cuando se aplique el artículo 155, el Parlament votará una declaración unilateral de independencia. De hecho, Junts pel Sí y la CUP mantienen reuniones para preparar sus siguientes pasos.