El portavoz gubernamental, Íñigo Méndez de Vigo, tras el consejo de ministros de este viernes.

El portavoz gubernamental, Íñigo Méndez de Vigo, tras el consejo de ministros de este viernes. Ángel Díaz

España DESAFÍO SECESIONISTA

El Gobierno pone también el foco en los voluntarios del 1-O

El Ejecutivo recuerda que todos los particulares están concernidos por la suspensión del TC.

El Gobierno ha puesto en marcha toda la maquinaria que tiene a su alcance para anular el referéndum. Una de las armas que está utilizando para enterrar las ansias de los independentistas es advertir a todas aquellas personas que se impliquen en el proceso y en la celebración del referéndum de que apoyar un acto ilegal "tendrá consecuencias".

Desde Madrid ya se ha comunicado a políticos, mossos d´Esquadra, funcionarios y empresas que colaboren con el referéndum de que la Justicia les perseguirá. Sin embargo, no existe forma material de extender esa advertencia formal a todos los ciudadanos catalanes que estén pensando colaborar de alguna manera con el 1 de octubre.

"Lo importante es que todos los ciudadanos sepan que el referéndum es ilegal y que esa ley ha sido anulada por el Tribunal Constitucional. Y para eso no necesitan una comunicación. Nos están escuchando y leen los medios de comunicación", zanjó el ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, cuando se le preguntó tras el consejo de ministros de este viernes. 

El Ejecutivo central da por hecho de que los Mossos d´Esquadra cumplirán con las órdenes dadas por el Tribunal Constitucional y no desobedecerán el orden constitucional. Mendez de Vigo argumentó que "es la Policía de todos los catalanes, no solo de los secesionistas, y cumplirá con sus obligaciones para que se preserve la ley". 

La vía judicial es otra opción que Mariano Rajoy utilizará para aplacar al independentismo. Este viernes, la Fiscalía presentó sendas querellas contra el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont; los consellers del Govern y los miembros de la Mesa del Parlament por presuntos delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos en los que podrían haber incurrido al aprobar la ley de referéndum.

El Ejecutivo se mantiene firme en sus convicciones y se muestra seguro de que el referéndum del 1 de octubre no se celebrará. Sin embargo, sigue sin desvelar qué instrumentos utilizará en qué momento para conseguir su objetivo. El Gobierno ha querido también mostrar su gratitud hacia el PSOE y Ciudadanos, partidos constitucionalistas que apoyan la contundente respuesta lanzada desde Moncloa. Sin embargo, de momento no habrá foto a tres entre Mariano Rajoy, Pedro Sánchez y Albert Rivera como símbolo del constitucionalismo frente al independentismo.