Jaime González Taboada (a la derecha) junto a Cristina Cifuentes y al consejero Angel Garrido.

Jaime González Taboada (a la derecha) junto a Cristina Cifuentes y al consejero Angel Garrido.

España Operación Púnica

Un funcionario implica al número tres de Cifuentes en el amaño de contratos

El jefe de área de Zonas Verdes acusó a González Taboada ante el juez de favorecer a una empresa vinculada a las campañas electorales del PP.

Daniel Montero Alejandro Requeijo Carlota Guindal

El número tres de Cristina Cifuentes en la Comunidad de Madrid, Jaime González Taboada, participó en el amaño de contratos públicos para favorecer a empresas que financiaron ilegalmente al Partido Popular. Así lo confirmó al menos J.G.V, ex director del gobierno autonómico que declaró como testigo en la Audiencia Nacional el pasado mes de octubre, y cuyo testimonio ha permanecido secreto hasta ahora. El alto cargo de Cifuentes niega cualquier participación en los hechos y sus explicaciones siempre han sido suficientes para la presidenta autonómica pese a las críticas de la oposición.   

Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, el exresponsable de Zonas Verdes de la Comunidad de Madrid acusó ante el juez a González Taboada de actuar de forma coordinada con el principal imputado en el caso, el exvicepresidente Francisco Granados. Juntos, y según su testimonio, alteraron un concurso público e intentaron entregar en 2008 un contrato de 1,9 millones de euros a uno de los proveedores del PP en la campaña electoral celebrada nueve meses antes (en mayo de 2007), que sirvió para aupar a Esperanza Aguirre a la Presidencia de la Comunidad de Madrid. 

[Más información: Ignacio González pone el ventilador: “Cifuentes y Taboada hacían chanchullos en los pueblos”]

Pese a que las palabras del funcionario permanecen todavía secretas, J.G.V aportó en sede judicial un cronograma con fechas y datos para avalar su versión. Así, el 6 de febrero de 2008 se abren las plicas para el concurso de mantenimiento del Parque de Polvoranca, en Leganés, con un precio de licitación de 1,9 millones de euros tal y como adelantó Infolibre.

Doce días después y según el documento, el entonces subdirector General de Inversiones en Municipios le dijo que González Taboada le advirtió de que Francisco Granados no admitía que el concurso se adjudicase a otra empresa que no fuese IMESAPI. Según este testimonio, González Taboada le dijo que el Partido Popular tenía una importante deuda con esa empresa derivada de las últimas elecciones generales. 

En su escrito al Juzgado, el funcionario explica que la oferta de la empresa vinculada a las campañas del PP estaba 24 puntos por debajo de la mejor oferta económica. Y eso en un máximo de 50 puntos. "Manifesté mi oposición a modificar un informe que había sido realizado con criterios totalmente objetivos", explica el testigo al juez Eloy Velasco, y pasa a relatar las presuntas consecuencias de su decisión: "presiones", "distanciamiento", "táctica de desgaste" y una represalia laboral que le llevó a usar como despacho un almacén ruidoso y a una "casi total inactividad durante meses". 

Apertura irregular de las plicas

No es la primera vez que el nombre de Jaime González-Taboada aparece vinculado a la trama de corrupción investigada en la Operación Púnica. Aunque por el momento, el actual consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio (y por lo tanto aforado) ha logrado esquivar su imputación judicial. 

Fue el empresario David Marjaliza quien, tras mostrar su voluntad de colaborar con los investigadores, implicó a González Taboada en las presuntas prácticas corruptas que se daban en numerosos municipios madrileños y en la propia Comunidad para lucrarse con actuaciones urbanísticas y contratos públicos amañados.

En concreto, Marjaliza implicó al número tres de Cifuentes en un reparto de las obras de infraestructura financiadas por la empresa pública madrileña Arpegio dentro del Plan Regional de Inversiones y Servicios de Madrid (Prisma). Este proyecto, dotado con cientos de millones para la realización de infraestructuras en municipios madrileños, era planificado por Taboada como director general de Cooperación con la Administración Local. Por su parte Granados, consejero de Presidencia desde 2004, ostentaba la presidencia de Arpegio y Miguel Ángel Ruiz era delegado.

El pasado mes de mayo, González Taboada asistió a la dimisión del que había sido su segundo en en la Consejería de Medio Ambiente, después que Ruiz fuera imputado en el caso y de que la Guardia Civil registrase su despacho.

Según David Marjaliza, las obras programadas se repartían en tres lotes y sus adjudicaciones eran amañadas para obtener comisiones ilícitas. Un lote iba presintamente destinado a determinados funcionarios, otro para Taboada y el tercero para él y Granados. El ‘modus operandi’ consistía en la apertura irregular de las plicas para conocer el orden de valoración de las empresas que acudían a la licitación.

La empresa que, tras ser contactada, aceptaba pagar comisiones era situada en primer lugar aunque su oferta no fuera la más ventajosa para la Administración y a ella se adjudicaba la obra en cuestión.

Velasco pide datos sobre el consejero

El pasado 11 de mayo y tras analizar el testimonio del funcionario, la Fiscalía Anticorrupción solicitó al juez Eloy Velasco una serie de documentos al Gobierno de Cristina Cifuentes. En un requerimiento firmado el pasado 16 de mayo y entregado por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la Audiencia Nacional pidió a la Consejería de Presidencia la entrega "de diversa documentación relacionada con Arpegio Áreas De Promoción y Nuevo Arpegio" respecto a los planes Prisma de los años 2006, 2007, 2008 y 2011, "así como los nombramientos  diversos de Jaime González Taboada. Una documentación que, por el momento, permanece todavía bajo secreto. Igual que sus consecuencias.