Las principales compañías de petróleo y gas del mundo quieren hacernos creer que lideran la transición energética. Invierten miles de millones en relaciones públicas para presentarse como "parte de la solución", a veces cambiando de nombre o afirmando ser "compañías multienergéticas".

Los datos, sin embargo, cuentan una historia diferente. Un análisis realizado por uno de nosotros muestra que las 250 compañías de petróleo y gas más grandes del mundo solo poseen el 1,42 % de la capacidad renovable mundial, y solo el 0,01 % de la energía que extraen proviene de fuentes renovables. Si estas empresas no están construyendo un nuevo sistema energético, ¿qué están haciendo?

Durante décadas, pueblos indígenas y activistas ambientales han denunciado que la industria de los combustibles fósiles promueve lo que llaman 'soluciones falsas': iniciativas que refuerzan su imagen verde sin cuestionar ni alterar su modelo de negocio central. Nuestra nueva investigación confirma estas denuncias.

La adopción de biocombustibles, la captura y almacenamiento de carbono (CAC), el hidrógeno verde, los mercados de compensación de carbono y las energías renovables por parte de las empresas de combustibles fósiles buscan precisamente frenar la descarbonización, administrándola en sus propios términos.

Estas soluciones falsas proyectan una imagen engañosa de sostenibilidad para apartar el foco del abandono necesario de los combustibles fósiles que pondría en riesgo los intereses de la industria petrolera.

A partir del Atlas Global de Justicia Ambiental, la base de datos de conflictos ambientales más grande del mundo, con sede en la Universidad Autónoma de Barcelona, hemos mapeado y analizado 48 proyectos de soluciones falsas promovidos por empresas de combustibles fósiles.

Nuestro análisis revela que estos proyectos no se ubican solamente en países industrializados ricos, sino que están por todas partes. Esta expansión global refleja la rapidez con la que corporaciones y gobiernos de todo el mundo han adoptado la narrativa de la transición energética como herramienta política para reproducir antiguos patrones extractivos.

Además, constatamos que las llamadas soluciones falsas rara vez se emplean para sustituir a los combustibles fósiles. Es más, suelen servir para legitimar una mayor explotación de petróleo, gas o carbón.

Por ejemplo, las instalaciones de captura y almacenamiento de carbono (CAC) suelen estar vinculadas a la recuperación asistida de petróleo.

Esto implica que el CO₂ capturado de una central eléctrica, o fábrica, se inyecta en pozos para extraer más combustibles fósiles de los yacimientos subterráneos, un enfoque que, de hecho, prolonga la vida útil de los yacimientos petrolíferos.

Los propios documentos de la industria lo respaldan: el informe de situación de 2025 del Global CCS Institute, una entidad que representa a las principales empresas fósiles, enumera 77 instalaciones comerciales en funcionamiento en todo el mundo. De estas, señala que 33 se desarrollaron para exprimir la extracción de petróleo.

El hidrógeno verde se utiliza para maquillar proyectos que, en realidad, se basan en la producción continua de gas. Un ejemplo es el proyecto de gasoducto SoutH2 entre Túnez y Italia. Aunque se ha anunciado como un gasoducto de hidrógeno, los críticos argumentan que podría servir para transportar más gas fósil del Norte de África hacia Europa.

Incluso las energías renovables pueden convertirse en falsas. Hemos encontrado parques eólicos construidos para alimentar plataformas de extracción de petróleo y gas. Estos proyectos no descarbonizan la red eléctrica; simplemente facilitan y abaratan la extracción de combustibles fósiles.

Las soluciones falsas, además de consolidar la dependencia de los combustibles fósiles, reproducen la injusticia ambiental. En los 48 casos que analizamos, las comunidades a menudo percibieron estos proyectos no como un avance ambiental, sino como nuevas formas de presión extractiva.

Los conflictos por la tierra se dan de manera generalizada. Por ejemplo, los programas de compensación de carbono a menudo implican que los grandes emisores pagan para proteger o restaurar un bosque u otro ecosistema, para compensar sus emisiones.

No obstante, en la práctica, pueden conducir al cercamiento de tierras que antes eran comunes y a la pérdida de derechos comunales o indígenas. Las plantaciones de biocombustibles pueden desplazar a los pequeños agricultores, reemplazando los sistemas alimentarios locales autosuficientes por granjas a escala industrial orientadas a la exportación.

Así, las comunidades indígenas y tradicionales se ven desproporcionadamente afectadas por las soluciones falsas. Muchos proyectos se ubican en tierras ancestrales o sagradas sin consulta ni consentimiento previos, replicando narrativas de devaluación colonial bajo una apariencia ecológica.

Por ejemplo, se impulsan enormes planes de compensación de carbono, plantas de energía solar y proyectos de producción de hidrógeno en el sur global con el pretexto de que allí la tierra tiene un valor inferior.

La resistencia a estos proyectos suele ser presentada por la industria de los combustibles fósiles y sus partidarios como hostilidad a la acción climática o una forma de intolerancia. Pero la resistencia de comunidades a las soluciones falsas alrededor del mundo nos recuerda que no se puede confiar en la industria fósil para solucionar el problema que ella misma creó.

Su resistencia muestra que para revertir la crisis climática, las soluciones tecnológicas superficiales son insuficientes. La reparación pasa necesariamente por una transformación de las normas económicas, sociales y culturales que atajen de raíz las lógicas de acumulación, explotación y desigualdad que nos han llevado hasta aquí.

***Freddie Daley es investigador del Centro de Economía Política Global de la Universidad de Sussex (Reino Unido).

***Marcel Llavero-Pasquina es investigador del ICTA-UAB, de la Universidad de Barcelona, y coordinador del EJAtlas.org