Cada 8 de marzo la sociedad española reafirma su compromiso con la igualdad entre mujeres y hombres. Sin embargo, no todas las mujeres parten del mismo lugar. Las mujeres con discapacidad siguen enfrentando una desigualdad más profunda y persistente que apenas ocupa espacio en el debate público.
Los datos oficiales más recientes, muestran con claridad esta realidad. El salario medio anual de las mujeres con discapacidad fue de 22.191 euros, frente a los 23.853 euros de los hombres con discapacidad. La diferencia supera los 1.600 euros anuales.
Puede parecer una brecha menor en términos porcentuales, un 7%, pero no lo es cuando se traduce en autonomía económica, estabilidad vital y oportunidades de desarrollo profesional. Esa distancia refleja obstáculos acumulados que siguen condicionando trayectorias laborales.
La desigualdad se agrava cuando ampliamos la comparación al conjunto del mercado laboral. Las mujeres con discapacidad perciben un 13,3% menos que las mujeres asalariadas en España. Si las comparamos con los hombres asalariados, la diferencia alcanza el 26,9%.
En términos absolutos, hablamos de más de 8.000 euros menos al año respecto a los hombres sin discapacidad. Esa cifra no es solo estadística. Es capacidad de ahorro, posibilidad de emancipación, acceso a vivienda y margen para afrontar imprevistos.
No se trata únicamente de salarios. El conjunto de las personas con discapacidad cobra, de media, un 17,9% menos que las personas sin discapacidad. El mercado laboral español sigue arrastrando déficits estructurales en inclusión, accesibilidad y oportunidades reales.
En este contexto, las mujeres con discapacidad ocupan el escalón más bajo. A los techos de cristal que afectan a muchas mujeres se suman barreras adicionales, desde la segregación ocupacional hasta mayores tasas de parcialidad y temporalidad.
La intersección entre género y discapacidad no es un concepto académico. Es una realidad cotidiana que condiciona ingresos, expectativas y calidad de vida. Ignorarla significa aceptar que la igualdad sea parcial y que algunas mujeres queden sistemáticamente relegadas.
El 8M debe ser también el momento de ampliar el foco. La agenda de igualdad no puede limitarse a promedios generales. Necesita incorporar la perspectiva de la discapacidad en las políticas públicas, en los planes de igualdad empresariales y en las auditorías salariales.
Es imprescindible reforzar las políticas activas de empleo inclusivo, garantizar ajustes razonables efectivos y mejorar la accesibilidad en todos los entornos laborales. La igualdad retributiva no es solo una cuestión económica, es una cuestión de derechos.
Sin autonomía económica no hay libertad real. Sin igualdad salarial no hay ciudadanía plena. Y sin tener en cuenta a las mujeres con discapacidad, la igualdad seguirá siendo incompleta.
Este 8 de marzo tenemos la oportunidad de recordar que la justicia social no puede ser selectiva. La igualdad debe ser para todas. También para quienes soportan una discriminación que todavía permanece, en demasiadas ocasiones, invisibilizada.
*** Pilar Villarino es directora ejecutiva del CERMI y Patrona Secretaria de la Fundación CERMI Mujeres.