Los míticos caballitos del Mar Menor se han dejado ver -vía pancarta- en el Congreso de los Diputados. Todo ello gracias al esfuerzo de decenas de activistas que este martes, a las cinco de la madrugada, se subieron en dos autobuses en el aparcamiento del Auditorio Víctor Villegas de Murcia, para emprender el viaje más ilusionante de sus vidas: mostrar su apoyo en la cámara baja a la catedrática de la Universidad de Murcia y voz de la plataforma ILP, Teresa Vicente, que debía defender ante los parlamentarios, la iniciativa legislativa popular que pretende blindar a la albufera murciana dotándola de una personalidad jurídica propia.

"Traigo el mandado de más de medio millón de españoles", tal y como subrayaba, con emoción en los ojos, Teresa Vicente, al inicio de su intervención ante la Comisión de Transición Económica y Reto Demográfico del Congreso de los Diputados. Y no hablaba en vano, ya que 639.826 ciudadanos, entre ellos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, plasmaron su rúbrica en favor de la iniciativa legislativa popular para habilitar una carta de derechos propios al Mar Menor.

Tal medida situaría a este espacio como el primero de la Unión Europea con semejante normativa. "Es una laguna salada, la mayor de Europa, y está herida de muerte, los motivos que justifican esta iniciativa son los graves daños ecológicos que ha sufrido; la falta de eficacia de las normas jurídicas vigentes que hasta ahora han pretendido protegerlo, y la inacción de los poderes públicos", según ha argumentado -con decisión- esta profesora titular de la Cátedra de Derechos Humanos y de la Naturaleza de la Universidad de Murcia.

"Las múltiples figuras de protección que se le han otorgado en los últimos 25 años ponen de manifiesto el gran valor ecológico de esta espacio natural", tal y como ha proseguido Vicente, antes de resaltar el valioso currículo ambiental del Mar Menor, incluido en la lista Ramsar, en la Red Natura 2000.... Llegado este punto de su intervención, la catedrática no ha puesto paños calientes para exponer el motivo por el que activistas, ecologistas y ciudadanos decidieron emprender el duro camino de recoger 500.000 firmas para llevar una ILP al Congreso de los Diputados.

"¿Qué no están haciendo las administraciones? No están vigilando el cumplimiento de la normativa sobre vertidos y contaminación por nitratos, no han planificado ni gestionado los espacios protegidos hasta 2019, cuando tuvo lugar la gran mortandad de fauna y flora", ha recordado Teresa Vicente, en clara alusión a la gestión del Gobierno de la Región de Murcia y al primer episodio de anoxia, que se llevó por delante tres toneladas de especies marinas.

Miles de peces muertos, en 2019, cuando el Mar Menor sufrió su primer episodio de falta de oxígeno por la contaminación de su ecosistema. Marcial Guillén / Efe

"No han evitado el impacto ambiental del urbanismo desaforado en los municipios ribereños, no han controlado las normas de planificación del regadío del Campo de Cartagena, y no ha habido una evaluación ambiental efectiva, en definitiva, se ha considerado al Mar Menor como un objeto, para su explotación económica sin límites, sin tener en cuenta que es una entidad viva que debemos cuidar". Teresa Vicente ha enumerado, uno a uno, los males que han ido envenenando el ecosistema de la albufera, incluida la 'sopa verde', por la proliferación descontrolada de algas, y el segundo episodio de falta de oxígeno [anoxia], que en agosto de 2021 aniquilió otras quince toneladas de peces y crustáceos.

"Este desastre, nos hizo darnos cuenta de que somos uno con el Mar Menor, que el Mar Menor es nuestra identidad cultural, y nos hizo preguntarnos qué podíamos hacer para ser la voz del Mar Menor y defenderlo desde una nueva atalaya: los derechos de la naturaleza". De hecho, esta iniciativa pretende dotar de una personalidad jurídica propia a la albufera, algo solo conocido en otros espacios fuera de territorio europeo, como el río Atrato (Colombia) o el río Whanganui (Nueva Zelanda).

"Son algunos ejemplos de los países que ya han reconocido personalidad jurídica a espacios naturales", ha zanjado Vicente, en representación de la plataforma ILP, cuyos activistas este martes se han hecho una foto para la historia en el Congreso de los Diputados. En el posado de familia estaba el alcalde de Los Alcázares, Mario Cervera (PSOE), uno de los políticos murcianos que más se está implicando en luchar por la recuperación de este espacio, vital para la economía de los municipios ubicados en el litoral marmenorense: el motor de la pesca tradicional, el turismo, el ocio, la hostelería y el comercio de proximidad.

"¿Por qué la ILP del Mar Menor podría cambiar las cosas?", se ha preguntado la catedrática y activista, justo antes de dar la respuesta a los diputados de la Comisión de Transición Económica y Reto Demográfico: "La atribución de personalidad jurídica y derechos subjetivos a un ecosistema es la figura jurídica más poderosa para garantizar su protección, además, significa reconocerle valor suficiente para tener una carta de derechos propios para su defensa, de modo que el Mar Menor dejará de ser una víctima y un objeto, para convertirse en un sujeto, con unos derechos que se tendrán que respetar: derecho a existir, a evolucionar, a la protección, a la conservación, a la restauración…".

La catedrática de la UMU y voz de la Plataforma ILP, Teresa Vicente, este martes, en la comisión del Congreso de los Diputados.

Tres figuras

En la práctica, la Plataforma ILP pretende que el Congreso de los Diputados apruebe una ley que dote a la albufera murciana de tres figuras: el comité de representantes; la comisión de seguimiento, compuesta por los guardianes de la laguna, y un comité científico independiente. “Estas figuras constituirán un órgano colegiado que será la Defensoría del Mar Menor y su Cuenca porque la presente ley y sus disposiciones serán directamente aplicables, lo que significa que los derechos subjetivos del Mar Menor vincularán, por primera vez, a todos los poderes públicos, y eso exigirá un control inmediato sobre cualquier acción pública o privada que los ponga en riesgo”.

De esta forma, se plantea a la cámara baja que apruebe una proposición de ley "con mecanismos" que pongan coto a los desarrollos urbanísticos y actividades agrícolas, ganaderas o mineras, ya que cualquier murciano podría recurrir a los juzgados si considera que el ecosistema se está viendo perjudicado por un proyecto inmobiliario o sufre vertidos de la agricultura. "Ante cualquier amenaza, tanto la Defensoría del Mar Menor, como cualquier ciudadano, podrá ejercer una acción popular teniendo acceso a la Justicia a través de un proceso preferente y gratuito".

Todos apoyan, excepto Vox

Una de las funciones atribuidas a la Defensoría del Mar Menor será la inspección del litoral marmenorense, según ha explicado Vicente, a lo largo de su intervención de poco más de un cuarto de hora. 

Todos los grupos parlamentarios, excepto Vox, se han posicionado a favor de elevar la ILP del Mar Menor al Pleno del Congreso de los Diputados para su debate. La coordinadora autonómica de Ciudadanos en Murcia, María José Ros, se ha desplazado a la capital de España para seguir la comparecencia de la catedrática en el Congreso. A su término, Ros se ha mostrado crítica con "la pasividad del Gobierno regional" y la "contra agenda" que ha programado el día que se presentaba la ILP.

El diputado socialista Juan Luis Soto Burillo ha reflexionado que "la laguna salada más grande de Europa se ha convertido en la mayor catástrofe ambiental de España, pero nos une la voluntad de proteger y recuperar el Mar Menor y su entorno, así como la voluntad de alcanzar una convivencia armónica y pacífica con la naturaleza y con los sectores de actividad que confluyen en este espacio".

Los activistas, este martes, con pancartas en defensa del Mar Menor en el Congreso de los Diputados.

Por su parte, el diputado de Unidas Podemos y coordinador morado en la Región de Murcia, Javier Sánchez Serna, ha considerado que lo ocurrido durante los últimos años en el Mar Menor ha sido "una auténtica revuelta popular" que ha puesto por delante "el patrimonio natural, frente a la desidia más absoluta de 25 años de gobiernos del PP".

Tras la comparecencia ante la Comisión de Transición Económica y Reto Demográfico, se abre un plazo para las intervenciones de otros ponentes y la presentación de enmiendas, antes de elaborar un informe que se llevará a la sesión de la cámaba baja donde deberá aprobarse una ley que blinde este espacio único en Europa.