Un joven muestra las lesiones tras una agresión perpetrada, presuntamente, por personal militar.
Los migrantes de Ceuta denuncian agresiones de militares españoles: "[Un chico] llevaba 25 días sin caminar"
Amnistía Internacional recoge en un informe el testimonio de 22 personas que aseguran haber sido agredidas por personal de las Fuerzas Armadas.
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"Me pusieron bridas y me metieron en el maletero. Cuando me sacaron, me amordazaron la boca y me pegaron la cara contra un árbol, y así me pegaron porrazos y puñetazos. Cuando terminaron, me tiraron por un terraplén".
Este es uno de los 22 testimonios recabados por Amnistía Internacional de los inmigrantes que habitan las calles de Ceuta desde que el pasado 30 de julio se produjera el cruce masivo a nado de 80.000 personas desde Marruecos.
Las personas a las que se refieren estas quejas son militares españoles –en particular por unidades de Regulares y de la Legión– destinados en la ciudad autónoma para controlar la situación. "De día te dicen que te vayas, pero si te siguen encontrando por la noche, te agreden", cuenta a cámara un adolescente de 17 años en la playa de El Trampolín.
Amnistía Internacional ha recogido estas 22 historias en un informe publicado el pasado miércoles. El documento denuncia tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes a personas migrantes y solicitantes de asilo en Ceuta por parte de fuerzas militares. También condiciones indignas de acogida.
Daniel Canales, investigador para la entidad de lo ocurrido en Ceuta, ha sido parte del equipo que ha recabado estas historias. Lleva años documentando maltrato policial en diversos ámbitos, pero reconoce que lo que ha visto en Ceuta ha sido "muy impactante".
Dos chicos marroquíes entrevistados por la organización presentaban lesiones en la cabeza, una zona muy sensible por el alto riesgo de conmociones cerebrales y otros traumatismos craneales, afirmando uno de ellos que fue obligado a arrodillarse antes de ser golpeado.
Canales se muestra muy seguro al afirmar que estas agresiones no se tratan de meros hechos aislados. "No era raro ver a chicos con marcas", dice refiriéndose a los días que él y el equipo de la entidad estuvieron en la ciudad autónoma recabando información.
De hecho, aunque los testimonios de víctimas son 22, Amnistía entrevistó a 65 personas para este informe. Entre ellas, a 31 menores, con edades comprendidas entre los 13 y 17 años, y a 26 mujeres, dos de ellas embarazadas.
Quienes no habían sufrido agresiones directas sí hablaban de que habían visto a otras personas migrantes sufrirlas. Todos ellos conocían a alguien al que le había pasado, dice el portavoz de la entidad.
No es solo el personal de esta ONG quien denuncia esta situación. El responsable de proyectos de migraciones del Instituto Internacional por la Acción Noviolenta (NOVACT) Carla Calderó cuenta prácticamente lo mismo.
Un joven migrante con marcas de golpes en la espalda.
Su equipo estuvo en Ceuta entre el 21 y el 26 de septiembre y lo tienen claro: la cantidad de denuncias, el tipo de agresiones y el modus operandi corresponden a un patrón. "Se repiten los relatos con los mismos malos tratos", señala Calderó.
NOVACT, además, pudo hablar con personal de emergencias que se encontraban con frecuencia a pacientes que presentaban heridas provocadas tras recibir golpes con una porra. "Tanto los partes médicos como las víctimas señalan a personal militar", manifiesta el portavoz.
En ese patrón del que habla está el hecho de que los abusos se produzcan de madrugada y que los agresores vayan a buscar a las personas migrantes a los sitios donde están durmiendo, añade el portavoz de Amnistía Internacional.
También que varios de los denunciantes cuentan que los han metido en un vehículo militar para llevarlos a otro lugar más apartado y que les hayan golpeado cuando están en una situación de total indefensión porque tenían las manos atadas con bridas o les habían obligado a arrodillarse.
Entre otras prácticas recogidas en el informe, figuran insultos y amenazas constantes para que abandonen Ceuta, impedirles dormir por la noche y transitar de día u obligar a los jóvenes a raparse el pelo.
También forzar a arrodillarse para besar una cruz cristiana a personas que son musulmanas, golpearles fuertemente y con brutalidad en la cabeza y la espalda con porras y botas, y retirarles la comida si se niegan a cumplir una orden.
Un chico con heridas en la cabeza fotografiado en la playa de El Trampolín.
Canales cuenta que la mayor brutalidad y saña la han recibido varones adolescentes y jóvenes adultos. "Un chico de 17 años relató una paliza muy bestia en la que se hizo el muerto para que dejaran de golpearle".
El hecho de que sea el propio personal militar el que perpetra estas agresiones es especialmente grave, a ojos del portavoz de Amnistía Internacional, porque son atacados por quienes deberían protegerles.
Los agredidos, y el resto de migrantes, terminan desarrollando un gran miedo a las fuerzas de seguridad, negándose incluso a denunciar en una comisaría por temor a que les vuelvan a agredir.
Discriminación sanitaria
Uno de los casos que más impresionó a Canales fue el de un joven muchacho que tenía el brazo izquierdo lleno de contusiones y muy inflamado. "Parecía tres veces más grande que el otro". Las marcas, cuenta, encajaban con las que dejan las defensas policiales o porras.
La historia que Canales recuerda con especial gravedad es la de un hombre adulto de 35 años, argelino, al que sus amigos tenían que llevar en silla de ruedas. Según su relato, fue empujado por personal militar, mientras le perseguían, desde una altura de unos 6 metros. "Nos dijo que llevaba 25 días sin poder caminar".
No solo estaba casi un mes sin poder moverse. También sin un diagnóstico. Al acudir a urgencias del Hospital Universitario de Ceuta, ni siquiera le hicieron pruebas para comprobar qué tenía, se limitaron a realizarle un vendaje de emergencia.
Esta persona tampoco disponía de calmantes para el dolor, más allá de ocasiones esporádicas en los que se los había administrado alguna ONG sanitaria, lamenta Canales en conversación con ENCLAVE.
No ha sido el único, según los datos que recoge el documento publicado el pasado miércoles. La organización también ha recibido testimonios que señalan discriminación y comentarios racistas y xenófobos contra personas migrantes que acuden al Hospital Universitario de Ceuta por parte de algunos miembros del personal sanitario, dirigiéndose a ellos como 'invasores', y obligándolas a permanecer en la calle en vez de en la sala de espera de urgencias antes de recibir asistencia sanitaria.
Una mujer marroquí les contó que acudió al centro sanitario a medianoche con su hija de 16 años por molestias urinarias, a la menor le dijeron que se tenía que sentar en unos bancos fuera del hospital y a ella no me dejaron acompañarla.
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"Tuve que esperar en la carretera. A las cuatro de la mañana, decidimos irnos porque ella ya no podía estar más allí, salió alguien, le cortó la pulsera que le habían puesto y nos fuimos", manifiesta en su relato. Más tarde pudieron conseguir algunos analgésicos en una farmacia.
El equipo de la ONG ha recogido testimonios de personas con heridas abiertas en la cabeza que denunciaban muchas horas de espera en la calle para ser atendidas por parte del personal sanitario, así como hostigamiento por parte de los militares que patrullan alrededor del hospital.
Incluso, presenciaron cómo un grupo de militares se dirigía a personas racializadas que hablaban entre ellas sentadas en un banco público cerca del centro de la ciudad preguntándoles si eran de Ceuta y obligándolas a marcharse del lugar, afirman en el documento.
Al preguntar por el motivo de esa pregunta, la respuesta que recibieron fue: "Tenemos órdenes para que no se sientan cómodos".
En otra ocasión, Canales y su equipo intentaron acceder al hospital para hablar con el equipo directivo y conocer el motivo de esta discriminación y la seguridad del centro ni siquiera les dejó acceder. La única respuesta que recibieron es que eran órdenes de los superiores.
El pasado 26 de septiembre, el Área Sanitaria de Ceuta estableció que los menores y adultos migrantes, que fueran a Urgencias acompañados por miembros de una ONG, deberían esperar en la sala general, junto al resto de usuarios, y ser atendidos mediante el Triaje General.
La respuesta de Defensa
Tras la publicación del informe de la ONG, el Ministerio de Defensa se pronunció anunciando que había remitido estas denuncias a la Fiscalía y al Juzgado de Guardia de Ceuta.
Una acción que Canales valora positivamente, pero con la que también se muestra cauteloso y asegura que darán un seguimiento a todo el proceso. Desde Amnistía Internacional piden una investigación exhaustiva que arroje luz sobre el caso y que no se quede en un mero procedimiento sin consecuencias reales.
La publicación del informe ha sido recibida como "un jarro de agua fría" dentro de las Fuerzas Armadas, asegura Iñaki Unibaso, secretario general de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME). No obstante, insta al Ministerio de Defensa a abanderar una política de "transparencia total" para depurar responsabilidades y evitar que estos casos manchen el trabajo del colectivo.
Por su parte, Calderó, de NOVACT, lamenta que la reparación en este tipo de casos es una "es una lucha para las organizaciones sociales". Pone como ejemplo lo ocurrido en El Tarajal en 2014, cuando 14 personas murieron después de que la Guardia Civil disparara balas de goma mientras estaban intentando cruzar desde Nador a Ceuta.
![Mujeres desplazadas en Sudán.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11297553.jpg?p=w:320\/h:240&h=lCwKyh_t"])
El caso se archivó, se reabrió por la reclamación de las entidades sociales y se volvió a archivar. 12 años después todavía sigue pendiente y "no ha habido ningún tipo de de justicia de reparación", denuncia.
El portavoz de NOVACT se queja de que para las organizaciones que defienden los derechos humanos siempre ha sido complicado monitorear si estos se cumplen en espacios fronterizos porque "hay muchísima opacidad institucional".
A eso se suma que quienes llevan a cabo esta labor también se han visto hostigados en algunas ocasiones, incluso por las fuerzas de seguridad que intentan impedir o dificultar su trabajo ayudando a las personas migrantes.
Unibaso recuerda el agotamiento del personal tras dos meses de despliegue en jornadas maratonianas. Además, subraya que las tropas carecen de la capacitación legal requerida para realizar identificaciones en la vía pública, una atribución reservada a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para la que han pedido ser habilitados.
Desde Amnistía Internacional también reconocen la dificultad de la labor de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para hacer frente a una situación compleja como esta, que ha incluido también la detención de más de 30 personas migrantes por agresiones a militares.
Sin embargo, recuerdan que los miembros de estos cuerpos están obligados a hacer frente a estas situaciones respetando la legislación nacional e internacional y los derechos humanos de todas las personas.
En AUME no descartan que se hayan utilizado indumentarias militares para comprometer la credibilidad de la institución en el marco de estrategias híbridas. Aún así, Unibaso reconoce que en los vídeos aportados por Amnistía Internacional "parece que hay vehículos militares, con lo cual puede dar cierta credibilidad".
Por eso, insiste en que, si las investigaciones confirman agresiones por parte de efectivos españoles, debe caer sobre los culpables "todo el peso de la ley".
