Un hombre coloca una bandera iraní entre los escombros de un ataque de Estados Unidos sobre Teherán (Irán). EFE
Desplazamientos forzosos, 6.000 muertos y servicios destruidos: la otra cara de la paz pospuesta entre EEUU e Irán
Teherán y Washington vuelven a retrasar las negociaciones para poner fin a un conflicto que ha hecho huir a millones de personas.
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A mitad de semana, Irán y el Líbano se permitían soñar con la paz tras más de tres meses de conflicto –a fecha de publicación de este artículo, un trimestre y 24 días–. Parecía que la potencia de Oriente Medio y Estados Unidos alcanzaban un acuerdo para poner fin a las hostilidades.
El anuncio, que llegó el pasado 17 de junio, hablaba de un pacto de paz que sería el paso previo a 60 días de negociaciones entre ambas potencias para alcanzar un acuerdo definitivo y poner, por fin, punto y final a esta guerra.
La alegría no ha durado mucho, porque solo dos días después, se daba a conocer, nuevamente, el retraso de las negociaciones. El acuerdo sí ha sido firmado por los líderes de ambas naciones, pero el pasado viernes por la mañana se supo que se habían cancelado las conversaciones que debían empezar ese día para lograr la paz.
Mientras tanto en Irán y el Líbano, siguen cayendo las bombas y la crisis humanitaria no para de crecer. A pesar de esto último, el pacto que han firmado Washington y Teherán no se centra en lo humanitario, sino en puntos económicos y de defensa, expone Carlos de las Heras, responsable de Europa y Oriente Medio en Amnistía Internacional España,
Entre los 17 puntos que contiene, ninguno menciona siquiera los derechos humanos. "Ni las autoridades norteamericanas ni las iraníes han tenido en cuenta a las más de 6.000 personas muertas en estos cuatro últimos meses", lamenta.
El experto tiene claro que, si se retoman las negociaciones, no se puede garantizar un fin sostenible y duradero a las hostilidades si solo se preocupan por salvaguardar los intereses estratégicos y militares de Estados Unidos e Irán.
Debería estar centrado en la protección de los derechos humanos, la rendición de cuentas, la justicia y las reparaciones, incluidas las garantías de no repetición, para las víctimas de crímenes según el derecho internacional, dice firme De las Heras.
Desde el 28 de febrero, 454.305 personas se han desplazado desde Irán a otros países y 126.900 han salido del Líbano como refugiados. Además los desplazados internos superan los tres millones en el primer caso y el millón en el segundo.
Por otra parte, el portavoz de Amnistía Internacional recuerda que la población civil en los países afectados (Líbano, Irán, Israel y otros países del Golfo), no solo ha visto su día a día condicionado por los ataques y los bombardeos.
En Irán se han restringido aún más derechos como la libertad de expresión, con un bloqueo de internet, prohibición de reuniones en espacios públicos o el aumento de las detenciones arbitrarias.
En varios países del Golfo –Kuwait, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Qatar, Arabia Saudí y Omán–, se ha detenido a más de 1.000 personas "en una represión generalizada de la libertad de expresión relacionada con la guerra".
Arrestos que han ocurrido, incluso, por compartir contenidos online o expresar opiniones sobre la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y los ataques de Irán contra los Estados del Golfo.
Israel, por libre
Una de las grandes preocupaciones con este acuerdo, además de que finalmente no se logre, es la posición de Israel. El aliado de Estados Unidos ha dejado claro desde el primer momento que no está de acuerdo con estas negociaciones y que seguirá bombardeando el Líbano aunque las otras dos potencias firmen la paz.
Esto es vital para el conflicto porque uno de los requisitos de Irán para poner fin a la guerra es que cesen también las hostilidades contra este territorio.
![Un grupo de palestinos abandonan sus hogares en una Gaza destrozada por los bombardeos. Dawoud Abu Alkas Reuters](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/10796718.jpg?p=w:320\/h:240&h=ajvyKBWD"])
Desde principios de marzo han muerto en este país más de 3.783 personas y más de 11.699 han resultado heridas, señala Alice Frongia, coordinadora médica de Médicos Sin Fronteras (MSF) en el Líbano.
Desde el 2 de marzo, 294 municipios, de los 1.200 que conforman todo Líbano, se han visto afectados por al menos una orden de desplazamiento forzoso, lo que representa el 25% del territorio, una cuarta parte, denuncia Frongia.
Entre el 2 de marzo y el 15 de junio, 17 hospitales en todo el Líbano resultaron dañados y tres tuvieron que cerrar; 13 centros de salud sufrieron daños y 44 tuvieron que cerrar, lo que limita aún más el acceso a la atención médica, apunta.
De las Heras recuerda que este tipo de movimiento y la prohibición de regresar impuestos por Israel constituyen una infracción grave del IV Convenio de Ginebra y, por tanto, un crimen de guerra.
El portavoz de Amnistía Internacional subraya que las fuerzas israelíes "deben retirarse inmediatamente y permitir que las personas desplazadas retornen sin riesgos y libremente a sus tierras", así como ofrecer una reparación a las víctimas de sus violaciones del derecho internacional humanitario, incluidas aquellas cuyas casas ha destruido ilegalmente.
Por su parte, Frongia denuncia "un claro desprecio por la vida de los civiles y la protección de la atención médica". Los equipos de MSF en todo Líbano han estado respondiendo a enormes necesidades médicas y humanitarias, y la situación "sigue siendo igualmente crítica desde el llamado alto el fuego del 17 de abril".
Quienes se han visto forzados a desplazarse viven en refugios superpoblados con recursos limitados y condiciones de vida precarias, denuncia la portavoz de la ONG. Algunas familias no tienen acceso a ningún tipo de alojamiento formal y duermen en coches o en las calles de diferentes ciudades.
Al mismo tiempo, muchos optan por permanecer en sus hogares a pesar de las órdenes de desalojo forzoso, a menudo porque no tienen adónde ir o temen perder lo poco que les queda, continúa Frongia.
Otros que inicialmente huyeron se han visto obligados a regresar a zonas inseguras debido a la falta de espacio en los albergues o a la imposibilidad de costearse un alojamiento alternativo.
Lorena Cobas, responsable de Emergencias de UNICEF España, muestra su enorme preocupación ante la posible continuidad de los ataques en el Líbano. Exige a las partes que el pacto "sea efectivo y respetado" y apela a cumplir firmemente el Derecho Internacional Humanitario, que obliga a proteger a la población civil, especialmente a la infancia.
![Complejo hospitalario Al Shifa tras 14 días de asedio por parte de las fuerzas israelíes, abril de 2024.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11169901.jpg?p=w:320\/h:240&h=YOIBF0My"])
La portavoz de UNICEF celebra el pacto, pero advierte: "Un acuerdo no pone fin a las necesidades de la infancia". La reconstrucción exige restablecer servicios esenciales y un apoyo psicosocial integral para lograr "una recuperación sostenible y resiliente tras la violencia".
Sobre los daños que han sufrido los menores, destaca una realidad demoledora: desde marzo, "una media de 12 niños y niñas diarios han sido asesinados o mutilados". La portavoz de UNICEF urge a "reconstruir a mejor" rehabilitando los servicios sanitarios y educativos esenciales dañados para garantizar su protección integral.
Derecho a huir
Nuria Díaz, coordinadora de Incidencia y Comunicación de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) explica que a pesar del conflicto, España no ha notado un repunte en las solicitudes de asilo procedentes de países de la zona.
En estas situaciones, normalmente los movimientos se producen dentro del propio país o, como mucho, hacia naciones de la misma región. En caso de que aumenten las solicitudes de asilo en España, la portavoz de CEAR espera que sea "a muy largo plazo".
Díaz subraya, además, las restricciones que está encontrando la gente para poder trasladarse a zonas seguras lejos de los peligros de la guerra.
Los obstáculos actuales hacen casi imposible la salida del territorio, dejando a la población atrapada en una situación extrema. Además, las vías legales y seguras son enormemente escasas, limitando de forma drástica las opciones reales de escape y desprotegiendo por completo a los civiles que intentan huir del conflicto, agrega.
Para acceder a estas pocas alternativas seguras, los afectados necesitarían trasladarse físicamente a embajadas o consulados, o bien optar a programas de reasentamiento en terceros países. Las limitaciones actuales son absolutas, bloqueando tanto el acceso a territorio seguro como los mecanismos legales de asilo internacional, lamenta Díaz.
