100 litros por plaza hotelera y la apertura de piscinas privadas como refugios climáticos. Estas son algunas de las medidas que ha planteado la Generalitat de Cataluña esta semana y que continúa siendo objeto de escrutinio político y social. A un lado, algunos ayuntamientos la han calificado esta medida que modifica el Plan Especial por Sequía (PES) como "inviable" o "sin garantías jurídicas". Bajo este dictamen,  estarían obligados, entre otras cosas, a incluir el concepto de "refugio climático" en sus planes de emergencia por sequía y cenar los puntos que podrían incluirse dentro de esta categoría. Y, al otro lado, los ecologistas lo ven como una concesión a los hoteleros. 

Las medidas llegan después de que la comunidad autónoma viviera su peor sequía meteorológica jamás registrada. Esto fue corroborado en febrero por el catedrático de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Barcelona y miembro del Instituto de Investigación del Agua de la UB (IdRa) Javier Martín Vide. La situación incluso obligó a las autoridades a anunciar el estado de emergencia, el nivel más grave de sequía que contempla el reglamento, con sus consecuentes medidas de restricción al consumo de agua.

No obstante, las abundantes lluvias y nevadas de Semana Santa que aumentaron los caudales de los ríos llegaron como una bocanada de aire fresco. Las reservas de las Cuencas Internas de Cataluña han aumentado de los 105 hectómetros cúbicos (hm³) registrados el 26 de marzo a los 122 el 16 de abril. Según el dato más reciente, del 20 de abril, las reservas de esta demarcación hidrográfica se encuentran al 18,10% de su capacidad, el dato más alto desde hace cinco meses.

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Por el momento, no se prevén precipitaciones en las próximas semanas. Actualmente, 12 municipios del embalse de Darnius Boadella se encuentran en emergencia 2 y 227 municipios en escenario de emergencia 1 (en los 202 del sistema Ter Llobregat, 22 del acuífero del Fluvià Muga, 2 de Riudecanyes y Vallirana). La promulgación del nuevo decreto contra la sequía responde a este motivo: la Generalitat se prepara para un verano con recursos hídricos limitados. 

¿Una concesión a los hoteleros?

Algunos municipios catalanes continúan restringiendo a sus habitantes el consumo de agua en función del estado de emergencia en el que se encuentran: se estableció un límite de 200 litros por habitante y día. Esta medida también se aplicaba a los establecimientos hoteleros, pero el nuevo paquete contra la sequía tendrán que ajustar su consumo a diferentes tramos dependiendo de la situación. 

El Govern establece un umbral para alojamientos turísticos en función de cada fase: 115 litros por plaza en excepcionalidad (fase en la que están parte de la Cataluña Central y del norte de Girona), 100 litros en emergencia I (área metropolitana de Barcelona y gran parte del este de la provincia de Girona), 90 litros en emergencia II (solo está el embalse de Darnius Boadella, cerca de Figueres, en Girona) y 80 litros en emergencia III.

Paralelamente, se fijaron condiciones específicas para el llenado de albercas (piscinas públicas o privadas): podrán funcionar con normalidad, tal como afirmaron responsables de la Generalitat, si están reconocidas por sus ayuntamientos como refugios climáticos y en las cantidades "indispensables para garantizar la calidad sanitaria del agua" siempre que se apliquen medidas de ahorro adicionales que compensen el agua que se utilice, como puede ser el cierre de duchas. Otra de las opciones que tienen los hoteles en estado de emergencia es emplear agua desalinizada. 

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La potestad para este reconocimiento descansa sobre los ayuntamientos. "Ninguna comunidad de propietarios ni hotel se puede considerar a sí mismo un refugio climático, quien lo determina es el ayuntamiento", declaró el pasado 18 de abril David Mascort, conseller de Acción Climática de la Generalitat. Y ayer, 19 de abril, aclaró en declaraciones a Rac1 que "las privadas de las viviendas particulares no es posible, seguro". 

Otra de las voces que se opone a la medida, con otro reclamo, es la plataforma ecologista Catalunya 'Aigua és Vida'. Los activistas catalanes alertaron, a través de un comunicado, que el nuevo decreto ley de medidas urgentes por la sequía es el "caballo de Troya" de los hoteleros para poder llenar y rellenar piscinas. 

"Refugios climáticos" (de pago)

"Llamamos 'refugio climático' a cualquier espacio que nos permita huir de esas circunstancias de calor; estamos viendo como el cambio climático y la emergencia climática en la que vivimos están exacerbando las temperaturas", explica a ENCLAVE ODS Javier Andaluz, responsable de cambio climático de Ecologistas en Acción. Están pensados, añade, para "las poblaciones más vulnerables, como los niños, las personas mayores o las que tienen alguna enfermedad". 

Los refugios climáticos son espacios que mantienen una temperatura entre 24 y 29 grados y engloba, además de las piscinas, las bibliotecas, los centros cívicos o los museos. En Barcelona hay desde 2019 una red de 200 instalaciones —todas ellas gratuitas—, de estas características. Una de las condiciones para reconocer un lugar como refugio climático es su accesibilidad. 

El texto introducido por la Generalitat indica que las piscinas privadas que sean reconocidas como refugios climáticos, abriendo para todo el público, deben tener “idénticas condiciones de precios que las piscinas públicas”. La fijación de los precios corre a discreción de las autoridades locales. “Cada ayuntamiento fijará los horarios, los precios, las condiciones… Lo hacemos para no interferir sus competencias municipales. Deben dar confianza a los ayuntamientos”, aclaró Patrícia Plaja, portavoz del Govern. 

Este aspecto de la modificación del Plan Especial por Sequías (PES) ha sido igualmente criticado por Catalunya 'Aigua és Vida': "En todo caso, y siempre que sea posible, debe prevalecer el carácter público y gratuito de los refugios climáticos", reiteró la plataforma ambientalista en su comunicado. 

La era de las desalinizadoras

El mismo día que se anunció este nuevo régimen, incluyendo la regulación de las desalinizadoras portátiles privadas y la modificación del régimen sancionador, la Generalitat notificó la instalación de una estación flotante ubicada en el Puerto de Barcelona y otras 12 móviles situadas en la Costa Brava. Esta nueva instalación, con una capacidad de desalinización anual estimada de 14 hm³ de agua desalinizada se sumará a las 2 ya existentes —de la Tordera (Blanes) y del Llobregat—, lo que en total sumarían 94 hm³ al año de recurso potable. 

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Esencialmente, la desalinización consiste en aplicar una presión mecánica para hacer pasar el agua salada a través de una membrana artificial para separarla de la sal y así obtener agua pura (50% agua dulce, 50% salmuera). La tecnología de las desalinizadoras no está libre de daño ambiental: se consumen grandes cantidades de energía y al finalizar su actividad se generan aguas residuales que se terminan vertiendo en el mar. 

Tal como informan desde Greenpeace, la salmuera resultante del proceso de desalinización, normalmente por ósmosis inversa, es "un vertido contaminante muy concentrado en sales, que presenta diferencias de pH y temperatura respecto del agua original y contiene productos químicos como biocidas, antiincrustantes, antiespumantes y metales pesados, que luego son vertidos al mar, no sin impacto". 

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David Mascort, conseller de Acció Climàtica, ha sostenido que la salmuera —como se conoce este residuo— que se verterá al mar no supondrá "ningún impacto" para el hábitat marino. Dada la urgencia de las medidas, las autoridades han descartado realizar ninguna evaluación ambiental. Además, las autoridades autonómicas no habían dado aviso al Ayuntamiento de Barcelona de la instalación, prevista para octubre de este año, de la instalación temporal de desalinización. 

La emergencia en otras CCAA

Cataluña no es la única comunidad autónoma que ha implementado medidas para limitar el consumo de agua. La Junta de Andalucía ha hecho lo propio en las tres demarcaciones hidrográficas que son de su competencia: las cuencas mediterráneas (que abarcan casi todo Málaga y Almería y parte de Granada y el Campo de Gibraltar); la del Tinto-Odiel-Piedras (Huelva); y la de Guadalete-Barbate (Cádiz). 

"Aunque estás lluvias han supuesto un cierto alivio sobre todo para los grandes abastecimientos urbanos que nos permiten afrontar el verano con más garantías, todavía tenemos algunos sistemas en emergencia", recalca Jesús Vargas Molina, investigador de la Universidad de Málaga, miembro del Observatorio Ciudadano de la Sequía y uno de los portavoces de CREAF. 

Entre ellas hay zonas "en el sur y la costa mediterránea (Júcar, Segura, y especialmente Cuencas Mediterráneas Andaluzas) donde van a seguir algunas restricciones al uso agrario y si no llegan lluvias antes del verano —que se espera seco y caluroso— podríamos tener problemas también para el abastecimiento urbano", valora Vargas Molina, encargado del servicio de hidrología del observatorio. 

Por eso, reitera, "hay que seguir la hija de ruta del ahorro de antes de las últimas lluvias y ser muy conservadores con el uso del agua en estos sitios para precisamente garantizar el abastecimiento humano para este verano".