Entre las disposiciones del texto también figuraban la obligación de los Estados miembros de establecer medidas para invertir el declive de las poblaciones de polinizadores, poner en marcha medidas de restauración de los suelos orgánicos de uso agrícola que constituyen turberas drenadas, un requisito basado en el esfuerzo para evitar un deterioro significativo de las zonas sujetas a restauración que hayan alcanzado un buen estado, y lograr una tendencia creciente de las zonas verdes urbanas.

Con la medida, las instituciones europeas querían continuar siendo referentes en materia de clima y biodiversidad, reforzando los objetivos estratégicos que se habían fijado. Y además, ponían el foco en la responsabilidad individual de cada Estado, mediante la presentación de planes nacionales, para establecer las medidas pertinentes para cumplir los objetivos. El "tren legislativo" —como se conoce coloquialmente al proceso de aprobación de las normas comunitarias— había conseguido sobrevivir a los trílogos, e incluso contaba con el visto bueno del Parlamento a finales de febrero, con 329 votos a favor, 275 en contra y 24 abstenciones. 

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El fracaso de la ley de Restauración de la Naturaleza en las consultas previas a la votación en el Consejo ha puesto en peligro el futuro de la norma. La capacidad de maniobra para su aprobación es muy reducida a pocos meses de la celebración de las próximas elecciones europeas. "No aprobar esta ley ahora socavará la credibilidad internacional de la UE en todas las conferencias de la ONU sobre el clima y la biodiversidad", advertía el eurodiputado socialista y ponente de la ley, César Luena, a través de la red social X (antes Twitter). 

La incógnita sobre las consecuencias de esta legislación ha propiciado una arena política sobre el futuro del Pacto Verde donde se pueden diferenciar claramente los defensores y los detractores a ultranza. Por ejemplo, el texto inicial pretendía alcanzar el 50% de esas superficies en 2040 y el 70% en 2050; pero el borrador final los redujo al 40% y al 50%, respectivamente. Los dos grandes escollos son, según los analistas, los requisitos de restauración de las turberas drenadas utilizadas para la agricultura y la gestión de los bosques.

Seis son los países —Suecia, Italia, Finlandia, Austria, Hungría, Polonia, Países Bajos y Bélgica— que se han plantado, ya sea votando en contra o absteniéndose, para frenar la iniciativa ante la sorpresa de los delegados europeos y gobiernos como los de España, Alemania, Estonia o Irlanda. El comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, expresó que "nos engañamos a nosotros mismos si pretendemos que podemos ganar nuestra lucha contra el cambio climático sin la naturaleza".

Y la vicepresidenta española para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España, Teresa Ribera, afirmó el viernes de la semana pasada que sería una "enorme irresponsabilidad" reducir los esfuerzos para atajar el empeoramiento de la pérdida de naturaleza y el cambio climático. Al tiempo que su homólogo irlandés, Eamon Ryan, denunció que "sería una vergüenza absoluta" no aprobarla. "Dejar pasar esto ahora significa que vamos a las elecciones europeas diciendo que el sistema europeo no funciona, que no protegemos la naturaleza, que no nos tomamos en serio el clima", añadió. 

El bandazo sorpresa de Hungría

"No sabemos exactamente cuáles son las razones para estar en contra de esta ley para determinados países… es posible que cambien de opinión", dijo a los periodistas el ministro belga de Medio Ambiente, Alain Maron, encargado de conducir las negociaciones. La gran sorpresa, que también ha impedido que se celebre la votación, es el cambio de postura de Budapest.

Bajo el sistema de votación por mayoría cualificada utilizado en la toma de decisiones del Consejo, la legislación necesitaría el apoyo de al menos 15 Estados miembros que representen el 65% o más de la población de la UE. Por el momento, Suecia, Finlandia, Polonia, Italia, Países Bajos y Hungría se oponen a la ley, mientras que Austria y Bélgica se abstendrían, lo que a efectos prácticos, se suma a la mayoría de bloqueo. 

"El sector agrícola es muy importante, no solo en Hungría, sino en toda Europa", declaró a la prensa Aniko Raisz, secretaria de Estado de Medio Ambiente, insinuando la preocupación de su Ejecutivo por los costes que podrían suponer para la agricultura. El país centroeuropeo posee 5,3 millones de hectáreas de tierra dedicas a la agricultura, que equivale al 57% de la superficie total del país, casi a la par que otros países como Rumanía, los Países Bajos y Luxemburgo. 

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Una de las provisiones de la norma exige a los Estados miembros que establezcan medidas para restaurar el suelo orgánico en el 30% de las tierras agrícolas situadas en turberas drenadas para 2030. Algo que se puede conseguir poniendo en marcha una serie de aciones, como la conversión de tierras de cultivo en pastizales permanentes, el establecimiento de vegetación formadora de turba o la rehumectación completa de turberas drenadas para permitir la padicultura. 

La coalición #RestoreNature, formada por BirdLife Europe, ClientEarth, EEB y WWF EU, acusó al presidente húngaro de extrema derecha de "secuestrar la toma de decisiones de la UE". "Permitir que Viktor Orbán sabotee la Ley de Restauración de la Naturaleza va en contra de la ciencia, las preocupaciones de los ciudadanos, el apoyo del Parlamento Europeo y el respaldo empresarial a la ley", recoge el comunicado.

Y añade: "Es totalmente incomprensible y espantoso ver cómo se sacrifica en el altar del sentimiento populista antiverde, carente de toda explicación racional, y se socava el proceso democrático de toma de decisiones", para después hacer un llamamiento a la presidencia belga a "trabajar urgentemente para desbloquear la situación y garantizar su adopción antes de las vacaciones de verano" y a la presidenta de la Comisión, Ursula von del Leyen, para que "intervenga con decisión para salvar al menos un elemento de la estrategia de biodiversidad y un pilar clave de su Pacto Verde Europeo".

El grito de los agricultores

Al anunciar en los últimos días su oposición a la Ley de Restauración de la Naturaleza, algunos ministros sugirieron que las manifestaciones habían contribuido a su decisión. Ha sido el caso de Hungría e Italia. El ejecutivo de Giorgia Meloni manifestó su preocupación sobre el impacto de las normas sobre biodiversidad en los agricultores.

El descontento del sector agrícola con las políticas medioambientales europeas se ha manifestado en las oleadas de tractoradas en las principales capitales, lo que se ha traducido en una "edulcoración" de algunas iniciativas medioambientales en los últimos meses, como el Reglamento de Uso Sostenible, que tenía el objetivo de reducir a la mitad el uso de plaguicidas para 2030 y su prohibición total de estos productos en zonas sensibles, o algunas disposiciones de la norma congelada de restauración de la naturaleza. 

En declaraciones a The Associated Press, Benoit Laqueue, agricultor de Sedan, en el norte de Francia, resumía la opinión de muchos de sus compañeros de profesión: "Los tecnócratas son el problema y escuchan demasiado a los ecologistas". Y añadió: "Somos nosotros los que tenemos sentido común agrícola". Los agricultores denunciaron el elevado coste de la tierra y la energía, así como las presiones para que vendan sus cosechas a precio-coste y para que el Gobierno siga nuevas normas como las propuestas en el marco de la Estrategia Europea de Biodiversidad.

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Poco después de que las protestas comenzaran, la Comisión Europea anunció que se iba a permitir al sector agrícola retrasar la aplicación de las normas de Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales (BCAM) 8 hasta 2025. Las más polémicas eran las que obligaban a los agricultores a mantener el 4% de sus tierras libres de cultivos para ayudar a regenerar los suelos y aumentar la biodiversidad, o que utilicen el 7% de sus tierras para "cultivos intermedios" que cubran el suelo.

El Partido Popular Europeo, el que mayor representación tiene en la Eurocámara, ha sido el detractor más firme del proyecto de ley destinado a restaurar los ecosistemas dañados de la UE. El año pasado dirigió una dura campaña contra su tramitación alegando que perjudicaría a los agricultores europeos y pondría en peligro la seguridad alimentaria de los ecosistmas forestales.

Esto debilitó la posición del Parlamento y se encajaron enmiendas como la voluntariedad de restaurar al menos el 30% de las turberas drenadas para 2030 "sigue siendo voluntaria" para los agricultores y propietarios privados, o la introducción de una cláusula de "freno de emergencia" que puede ser activada por la Comisión Europea para que los Estados puedan pausar durante un año la aplicación de medidas de restauración de tierras agrícolas en caso de crisis alimentaria.

¿Qué dicen los científicos?

Las escaramuzas políticas persisten, pero la evidencia científica no ha desaparecido: hasta el 81 % de los hábitats de la UE se encuentran en mal estado, siendo las turberas, los pastizales y los hábitats de dunas los que más se están deteriorando. Esta fue una de las conclusiones arrojadas en el informe de evaluación State of nature in the EUResults from reporting under the nature directives 2013-2019 de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), publicado en 2020. 

"La ciencia ha informado ampliamente la Ley de restauración de la naturaleza desde los primeros borradores y también está apoyada por el activismo científico", recalcó Alicia Pérez-Porro, coordinadora científica especializada en diplomacia científica del CREAF, en un comunicado anterior a la decision belga de congela la propuesta de ley. 

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A medida que se deterioran los hábitats, disminuyen las poblaciones de especies. El 38% de las poblaciones de peces está en mal estado; una de cada diez especies de abejas y mariposas está amenazada de extinción; y las especies de aves de granja han disminuido un 36% desde 1990. Guy Pe'er del Helmholtz Centre for Environmental Research (UFZ) subraya en una publicación de su centro de investigación que la Ley de Restauración de la Naturaleza es "una poderosa herramienta para proteger la naturaleza europea". 

Este científico participó también en un artículo publicado por la revista Science donde se analizaban las luces y sombras de la norma. "Un problema recurrente en la aplicación de la legislación y las políticas medioambientales europeas es el desfase entre los objetivos y las opciones efectivas de aplicación", reconocía el texto. Los investigadores destacan que debe ser aplicada por los países europeos siguiendo procedimientos estrictos y estructuras de financiación resistentes para que tenga las mayores posibilidades de éxito.

Y concluyen: "Dada la urgencia de las crisis mundiales, Europa no puede permitirse retrasos; no debe perderse la oportunidad de instalar y aplicar una ley ambiciosa, ni la ocasión de mostrar un liderazgo mundial".