La justicia siempre se ha caracterizado por el empleo de un lenguaje jurídico cargado de neologismos y expresiones complejas que, en muchas ocasiones, resulta de difícil comprensión para los ciudadanos. Con el fin de superar esta tesitura, la justicia española da un paso al frente incluyendo entre los objetivos de la Agenda 2030 mejorar el acceso de la ciudadanía al Servicio Público de Justicia y el derecho a entender y comprender el lenguaje jurídico.

Como apuntan algunos autores, este derecho a entender se conecta directamente con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, plasmado en el artículo 24 de la Constitución Española.

Un lenguaje jurídico sencillo implica que el ciudadano medio en cualquier comunicación judicial, ya sea oral o escrita, pueda comprender sin grandes esfuerzos la información relevante que le afecta, y reconocer que acciones debe o puede ejercer. Partiendo de la base de que el lenguaje jurídico tiene un marco propio, el reto es mantener el rigor técnico a la par que asegurar su comprensión por la ciudadanía.

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Para lograr esta meta se están llevando a cabo distintas iniciativas en la misma línea que otros países de nuestro entorno. Uno de los proyectos se titula Lenguaje Accesible, y para desarrollarlo se ha creado la Comisión para la Claridad y Modernización del Lenguaje Jurídico, adscrita al Ministerio de Justicia, que ha presentado una guía y un informe.

En el plano normativo, el Ministerio de Justicia propuso el Proyecto de Ley Orgánica del Derecho de Defensa donde se preveía el deber de emplear un lenguaje claro y accesible para todas las personas en todos los actos, resoluciones y comunicaciones procesales. Sin embargo, el adelanto electoral el pasado mes de julio supuso la paralización de la tramitación de esta norma y de otras 60 leyes.

Pero los cambios no solo se producen a través de las reformas legales, sino también a través de las sentencias, y especialmente la jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo. Y ejemplo de ello son dos novedosas sentencias de la Sala de lo Penal de nuestro Alto Tribunal, ambas dictadas en el mes de mayo de este año, que previamente a la notificación a una de las partes ordenan que las sentencias se redacten en formato de lectura fácil para posibilitar su comprensión.

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Estos dos mandatos de acercar la justicia a través de un lenguaje más sencillo están justificados porque en ambos casos las víctimas tienen discapacidad intelectual. Además, en uno de los procedimientos uno de los acusados, que padece sordomudez, nunca fue escolarizado ni recibió formación alguna, lo que le impidió un desarrollo intelectivo y cognoscitivo adecuado.

Más recientemente tenemos el ejemplo de una jueza de Barcelona que ha dictado un auto insólito hasta el momento. En la resolución que conviene que la madre recupere la custodia de su hijo víctima de bullying, incluye una carta en la que se dirige directamente al menor. En la misiva, empleando un lenguaje cercano y afectuoso, le explica al niño la decisión que ha tomado para que pueda entenderla, muestra su empatía con el miedo y sufrimiento del menor por el acoso escolar sufrido y le alaba y agradece por su valentía al haber dado su testimonio.

Sería deseable que estas iniciativas y sentencias pioneras marquen un antes y un después, generalizándose el empleo de un lenguaje comprensible y cercano para toda la ciudadanía y no solo para personas con deficiencia mental o para los menores, lográndose una justicia cercana y accesible para todos.

***Beatriz Palmer Castelló es abogada procesalista y civilista y mediadora.