Como informó en su momento el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), al menos de 405 ejemplares pertenecían al Convenio Internacional de Tráfico de Especies Silvestres (CITES) y, algunos, incluso, estaban extintos como el oryx dammah, o prácticamente extintos como el addax o el tigre de bengala. 

Aquel episodio forma parte de uno de los múltiples crímenes contra la fauna salvaje que se han cometido en España. En total –y aun sin la totalidad de los datos–, se han detectado 4.902 casos de delitos contra especies protegidas entre el año 2015 y 2020. Todos ellos supusieron la muerte de, al menos, 8.784 animales. Así lo revela hoy una investigación del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) en colaboración con el Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT), la Universidad de Granada (UGR) y el Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA-CSIC).

La principal conclusión deja claro en qué punto está la situación: de esos miles de delitos cometidos en cinco años en nuestro país –que son solo la punta del iceberg–, muy pocos llegan a ser juzgados y, o bien se tratan por la vía administrativa, o bien se quedan sin resolver. Según la investigación, y en base a los datos públicos solicitados a las distintas administraciones autonómicas, solo se han encontrado 327 sentencias judiciales, lo que afecta a un 6,67% de los casos detectados.

Gráficos elaborados en base a los datos públicos entregados por las CCAA. WWF

Con los datos recopilados, se puede conformar todo un perfil de los peores crímenes que se cometen en España contra la fauna salvaje. En números, el delito que más peso tiene en España –al menos, por lo recopilado– es el envenenamiento, con 1.889 casos, de los que tan solo 26 se han traducido en sentencia.

Una de ellas fue la del juzgado de lo Penal n.º 2 de Pamplona en el año 2019. El juez condenó a dos presidentes de coto de caza y a un guarda a dos años y ocho meses de prisión, lo que supuso la mayor pena hasta la fecha impuesta en España por un delito contra la fauna por envenenamiento. 

Se estima que delitos como el uso de veneno en el campo suponen la muerte de alrededor de 10.000 animales cada año. Sin embargo, solo salen a la luz entre el 10 % y el 15 % de los casos de envenenamiento. La razón, recoge WWF, es la enorme extensión del territorio a cubrir, sumado a otras cuestiones como la falta de medios humanos.

Además, hay otros crímenes contra la fauna salvaje que siguen muy de cerca a los que tienen que ver con el veneno. Es el caso de la caza furtiva, con 1.773 casos, y el uso o posesión de métodos ilegales de captura, con 446. De estos, y de acuerdo con los datos recopilados, las sentencias más frecuentes fueron por posesión de artes de caza y pesca ilegales (213 sentencias), compraventa ilegal de fauna (32 sentencias) y uso de veneno (26 sentencias). 

El problema es que, según lo investigado, la impunidad es especialmente elevada en los casos de caza ilegal: solo un 0,8 % de los casos registrados acabaron en una sentencia judicial. Aunque los envenenamientos tampoco se quedan atrás, con un 1,36% de los casos. Como se explicaba en líneas anteriores, es un porcentaje de una ínfima parte de los crímenes que se cometen en nuestro país.

Como recogía otro informe anterior de WWF en el año 2020 en colaboración con la Sociedad Española de Ornitología (SEO/Birdlife), entre 1992 y 2017 se encontraron envenenados más de 21.000 animales. Una cantidad relevante que, sin embargo, se estima que supone el 10 % del total de lo que podrían ser unos 200.000 envenenados. 

Por otros delitos como disparos a especies protegidas o el empleo de métodos prohibidos de captura (uso de cepos y lazos ilegales) no se tienen datos precisos, pero sí se está observando una preocupante tendencia al alza. Y, sobre todo, sobre determinadas especies.

Según lo recopilado, los animales a los que más afectan estos crímenes cometidos en España son las rapaces, los fringílidos (especialmente el jilguero europeo) y los zorros. Por ejemplo, los envenenamientos los han sufrido al menos 307 ejemplares de milano real, una especie catalogada en nuestro país como en peligro de extinción. 

En cuanto a los disparos, se contabiliza al busardo ratonero –otra rapaz– como el más afectado, con 291 ejemplares. Y ya si se observa otro de los delitos más comunes, el de la captura y posesión ilegal, los más perjudicados son el jilguero europeo, con 123 ejemplares, o la tortuga mediterránea, con otros 10 ejemplares.

[El jilguero europeo, el ave que más ingresa en centros de España por su captura ilegal]

Un esfuerzo europeo

Esta exhaustiva investigación viene a cubrir un vacío de información hasta ahora presente en nuestro país. Como denuncian desde WWF, no existe una base de datos centralizada que recoja todos los casos de mortalidad ilegal, algo que “dificulta enormemente la comprensión del impacto de estos delitos”. Unos atentados contra la fauna cada vez más sofisticados, y en muchos casos relacionados con el crimen organizado u otros, como el tráfico de drogas. Es decir, en ocasiones, son redes organizadas con implicación internacional.

Por ello, esta investigación es tan solo una pata del esfuerzo que se está realizando a nivel europeo para controlar estos crímenes contra la fauna en plena crisis de biodiversidad. De hecho, la Unión Europea los ha incluido como una de las 10 prioridades para luchar contra la delincuencia grave y organizada. Se estima que es la cuarta actividad criminal organizada del mundo, solo por detrás de otras como la trata de personas o el tráfico de drogas y de armas.

De esta preocupación nacen proyectos como el Successful Wildlife Crime Prosecution in Europe (SWiPE), financiado por el programa LIFE de la Comisión Europea. Con una duración de tres años, participarán 11 países –entre ellos algunos como Ucrania, Polonia, Italia o Hungría– que llevarán a cabo medidas de cooperación transfronteriza, de comunicación y de formación e intercambio de experiencias.

Para Silvia Díaz, técnica del Programa de Especies de WWF España y Coordinadora del proyecto SWiPE, “los crímenes contra la vida salvaje no son delitos menores, pero las administraciones públicas siguen tratándolos como tales”. Además, lamenta que, “aunque se ha avanzado mucho en este campo en los últimos años, el alto grado de impunidad que sigue existiendo en nuestro país y el estado crítico de la biodiversidad a nivel global, nos demuestra que queda mucho por hacer”.

Como recuerdan desde WWF –la organización que se encargará de coordinar el programa–, en países como el nuestro ya hay herramientas e instrumentos legales para luchar contra los delitos contra la fauna de una manera eficaz. Por ejemplo, a través de los agentes medioambientales de las comunidades, de las aduanas o con una policía especializada, como es el caso del SEPRONA, referente en Europa, o una Fiscalía coordinadora de Medioambiente.

Sin embargo, para la organización es necesario ir un paso más allá y aumentar la cooperación entre todos los agentes implicados e impulsar otras medidas como la formación de jueces especializados en delitos contra la vida salvaje, algo que sí existe en otros países. Por ello, desde WWF piden compromiso al Gobierno para actualizar instrumentos normativos como el Plan de Acción Español contra el Tráfico Ilegal y el Furtivismo Internacional de Especies Silvestres (Plan TIFIES) de 2018 y la revisión de la Estrategia Nacional de veneno.

Además, concluyen que España puede contribuir a dar impulso a la Directiva Penal Medioambiental que, actualmente, se está negociando a nivel europeo. La idea es que recoja sanciones ambiciosas y con un nivel de armonización lo suficientemente alto para garantizar que los delitos ambientales se aborden de manera coordinada en todos los Estados miembros de la UE.