El río Tajo a su paso por Toledo.
Castilla-La Mancha gana por KO al Levante: el Supremo blinda los caudales ecológicos del Tajo y el trasvase será recortado
El Alto Tribunal tumba el recurso del Scrats y respalda definitivamente que la protección ambiental del río esté por encima de las necesidades para el riego.
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El Tribunal Supremo ha dado la puntilla al Levante en la batalla por el trasvase: el último recurso que quedaba vivo contra los caudales ecológicos del río Tajo ha sido desestimado, como ya ocurrió con todas las impugnaciones anteriores promovidas desde administraciones levantinas como la Comunitat Valenciana, Ayuntamiento de Murcia o la Diputación de Valencia, entre otras.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal ha rechazado el recurso del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) contra el Real Decreto 35/2023, con el que el Gobierno de España aprobó los planes hidrológicos del ciclo 2022-2027.
De esta forma, los caudales ecológicos del Tajo quedan blindados jurídicamente y se descarta que existan motivaciones políticas para reducir los envíos de agua desde la cabecera del río hasta la cuenca del Segura.
La sentencia, fechada el pasado 13 de mayo, supone un nuevo aval a la estrategia que durante años ha defendido el Gobierno de Castilla-La Mancha, presidido por Emiliano García-Page: priorizar la salud ambiental del río Tajo frente al trasvase.
E impone, además, el pago de las costas al Scrats, con un máximo de 4.000 euros para cada una de las partes demandadas.
En la práctica, el reiterado posicionamiento del Supremo respalda el recorte progresivo del agua trasvasable para asegurar el cumplimiento de los caudales ecológicos fijados en la planificación hidrológica.
La resolución vuelve a situar a Castilla-La Mancha en una posición de victoria jurídica en el pulso con el Levante. El Alto Tribunal rechaza los argumentos de los regantes y mantiene intacto el diseño del plan aprobado por el Gobierno central, que fija caudales ecológicos obligatorios en el Tajo y prevé su implantación progresiva hasta 2027.
Para el tribunal, esos caudales "no tendrán el carácter de uso, debiendo considerarse como una restricción que se impone con carácter general a los sistemas de explotación", lo que refuerza la tesis defendida desde la Junta de que la protección del río no puede quedar subordinada a las necesidades del trasvase.
Decisión técnica, no política
El recurso del Scrats insistía en que el plan hidrológico vulneraba la normativa histórica del trasvase y que los caudales ecológicos se habían fijado de forma arbitraria, por motivaciones políticas.
El Supremo, sin embargo, rechaza esa tesis de los regantes levantinos y afirma que "se ha seguido el procedimiento de la IPH (Instrucción de Planificación Hidrológica), que ésta es una instrucción propiamente técnica y que en ningún caso se ha acreditado arbitrariedad alguna en el proceso".
También desestima la idea de que los usuarios del trasvase debieran haber intervenido como parte de la cuenca del Tajo, al recordar que "los usuarios de las aguas del trasvase no son usuarios de la cuenca en sentido propio, sino de aguas trasvasadas".
Respaldo al giro ambiental
La sentencia encaja con la línea que el Supremo ha venido marcando en los últimos años: los caudales ecológicos son una obligación prioritaria y el trasvase debe adaptarse a ellos, no al revés. Eso supone, de facto, avalar un recorte estructural del Tajo-Segura para garantizar el cumplimiento de los objetivos ambientales del río.
En términos políticos, la resolución refuerza la estrategia de Castilla-La Mancha y da cobertura judicial al planteamiento del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que ha defendido un cambio de modelo basado en más protección del Tajo y menos dependencia del trasvase.
Ahora bien, eso no significa que el Alto Tribunal niegue la necesidad de coordinación entre cuencas. Al contrario, la sentencia sostiene que "la coordinación ha existido y [...] la implantación de caudales ecológicos progresivos es la mejor expresión de esa coordinación", porque permite a la cuenca del Segura ganar tiempo para adaptarse mediante recursos alternativos.
Sentencia "histórica"
Fuentes de la Junta de Comunidades, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, han calificado la sentencia como "histórica" y la consideran una victoria definitiva.
Según los cálculos del Ejecutivo castellanomanchego, las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura reducirán las aportaciones hasta en un 40 % a partir de 2027, cuando se apliquen de forma íntegra los caudales ecológicos.
El Supremo impone además las costas al Scrats, con un máximo de 4.000 euros para cada una de las partes demandadas.
