El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha puesto el foco sobre el contrato del servicio de mantenimiento y renovación del alumbrado público de la ciudad de Toledo al ordenar la suspensión cautelar del procedimiento de contratación, que se encuentra en su última fase, puesto que ya existe propuesta de adjudicación.

La resolución de este organismo dependiente del Ministerio de Hacienda llega tras el recurso presentado por dos de las siete licitadoras que se presentaron al concurso convocado por el Ayuntamiento de Toledo el pasado mes de diciembre. En juego está un contrato con una duración de tres años con posibilidad de prórroga por otro dos y licitado por un importe máximo de 3,1 millones de euros.

La Junta de Gobierno Local del pasado 20 de febrero aceptó el acuerdo de la Junta de Contratación de iniciar los trámites de adjudicación del contrato a la empresa 'Compañía de Eficiencia y Servicios Integrales', la única que, según una mayoría de los integrantes del órgano de contratación municipal, cumplía con los requisitos establecidos en el pliego. Sin embargo, la falta de unanimidad de criterio en torno a la existencia de incumplimientos de las exigencias de las condiciones del concurso ha servido a dos de las licitadoras, concretamente Serveo Servicios e Imesapi, para presentar recurso contra su exclusión tras la apertura del sobre C.

Ambas compañías junto con Edison Next Goverment, la actual concesionaria del servicio, no incluyeron la memoria económica justificativa de su oferta, tal y como exigía tanto el modelo de proposición económica como las Prescripciones Técnicas del Pliego, cuya cláusula 6.1 advertía de que la ausencia de la citada memoria era motivo de eliminación de la pugna por el contrato llevó a la mayoría de la Junta de Contratación a determinar su expulsión del procedimiento.

Sin embargo, el criterio mayoritario sostenido por la concejala de Obras, Servicios y Parques y Jardines, el interventor y la jefa del Servicio de Patrimonio y Contratación, que llevó a la exclusión de ambas demandantes por el incumplimiento palmario de la citada cláusula, no fue compartido por el secretario general del Ayuntamiento de Toledo, destinado ahora en Móstoles como responsable del servicio municipal de contratación.

Voto discrepante

El acta de la reunión, celebrada el pasado 15 de febrero, recoge su voto discrepante con la mayoría del órgano de contratación. En su argumentación, recuerda a sus compañeros de valoración de las ofertas de este nuevo contrato que la memoria justificativa no era un documento exigido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y, por tanto, "no era obligatoria su presentación".

A su entender, además, su presentación es "redundante" puesto que los licitadores ya estaban obligados para presentar una tabla justificativa de su oferta. Además, añade que si se "realiza una interpretación literal" de lo que es una memoria justificativa habría que "excluir a todas las licitadoras puesto que ninguna cumple con los estándares exigidos".

Por último, el secretario señalaba a sus compañeros del órgano de contratación que la única oferta admitida es la que "peor relación precio-calidad tiene al ser la última clasificada".

Otra farola en Toledo. Javier Longobardo

Tras la presentación de los recursos será el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales el que ejercerá de árbitro y dirimirá hacia qué lado se inclina la balanza.

El servicio de alumbrado de la ciudad de Toledo incluye el mantenimiento y reparación de 15.275 puntos de luz repartidos por todos los barrios de la ciudad, excluido el Casco histórico y la realización de obras nuevas y de reformas de las instalaciones de alumbrado exterior de la ciudad.

Prórroga

El vigente contrato, adjudicado en 2017 a Citelum, tenía una vigencia de cuatro años a los que se podían sumar dos de prórroga. Tras la paralización cautelar del actual procedimiento hasta que resuelva el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales obliga al actual equipo de Gobierno a ampliar su prórroga hasta que se sustancie la decisión definitiva de estos recursos.

De momento, la Junta de Gobierno Local del pasado 19 de marzo se dio por enterada de la suspensión cautelar decretada por este organismo de carácter administrativo.