El Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible ha anunciado la adjudicación del contrato para la conservación y explotación de 350,5 kilómetros de carreteras pertenecientes a la Red del Estado en la provincia de Toledo, que incluye 165,5 kilómetros de autovía, por un montante de 28,2 millones de euros.

Según especifica el departamento ministerial en nota de prensa, las obras afectarán a las autovías A-40 y A-5 y a las carreteras N-403, N-403A, N-502, N-502A, N-5A y TO-21, así como los enlaces entre A-5 y CM-41, A-5 y A-40, y A-40 y AP-41.

Además, este contrato incorpora cinco proyectos específicos de pequeñas obras necesarias para mejorar la funcionalidad de la vía con la rehabilitación superficial del firme en la A-5 entre los kilómetros 85 y 82,2, así como el repintado de marcas viales en la A-5 en los tramos que discurren entre los kilómetros 76 y 97,300, y 97,300 y 168,105 y enlaces; en la A-40 entre el 89,240 y 117,6; y en la TO-21 entre el 0 y el 5,75.

También se acometerá la adecuación de la intersección en la N-502 con la carretera TO-1291 (Parrillas-Navalcán) y la adecuación de sistemas de contención para protección de obstáculos y/o desniveles en esta misma vía entre los kilómetros 85,3 y 189,9.

Este contrato tiene una duración de tres años, con posibilidad de prórroga por otros dos años, más otra adicional por un máximo de nueve meses y se enmarca en el programa de conservación y explotación de carreteras del Estado.

El Ministerio ha remarcado que el modelo de contratos mixtos (servicios y obra) para la ejecución de operaciones de conservación y explotación persigue ofrecer un servicio integral de movilidad al usuario, mejorar el estado de la carretera y red y optimizar los recursos públicos.

De esta forma, se realizarán trabajos de ayuda a la vialidad y conservación ordinaria de las carreteras, para permitir que la infraestructura y sus elementos funcionales dispongan de las mejores condiciones de circulación y seguridad posibles.

También se incluyen medidas de eficiencia energética en las instalaciones de servicio como el autoconsumo, sistemas renovables de calefacción, medidas de ahorro energético en la iluminación o la implantación de vehículos automóviles eléctricos, así como criterios relativos a la mitigación y compensación de la huella de carbono.