El Arzobispado de Toledo ha hecho público en la noche de este jueves un comunicado en el que muestra su respeto por la sentencia de la Audiencia Provincial de León, adelantada por el diario El País y según la cual el sacerdote Pedro Francisco Rodríguez Ramos ha sido condenado a siete años de cárcel y el pago de una indemnización de 40.000 euros por un delito de abuso sexual continuado sobre un menor del seminario de Toledo entre los años 2005 y 2007.

La nota oficial del Arzobispado recuerda que esta sentencia no es firme y que se prevén posteriores actuaciones judiciales, al tiempo que deja claro que el condenado sigue apartado del ministerio público sacerdotal y que el caso está, además, bajo la investigación del Dicasterio para la Doctrina de la Fe y aún no ha llegado a concluirse "por respeto a los tiempos de los tribunales".

El Arzobispado de Toledo pone de relieve que ambas partes han manifestado su voluntad de recurrir la sentencia en caso de que fuera desfavorable para su causa, por lo que todo hace pensar que el caso va a seguir abierto en los tribunales. El Arzobispado esperará a que el fallo de la Justicia sea firme para actuar en consecuencia, al tiempo que muestra su disposición a escuchar a la víctima "y acoger su dolor y peticiones".

Apartado

"Desde la recepción de las noticias indirectas sobre esta acusación, se efectuaron los trámites prescritos por la ley vigente para indagar su verosimilitud. La misma justicia sobreseyó en cuatro ocasiones la causa", precisa el Arzobispiado en su comunicado, en el que informa, además, de que "en ningún momento el denunciante se ha dirigido a la autoridad eclesiástica diocesana para presentar acusación formal en sede canónica contra el sacerdote en cuestión".

El sacerdota acusado y ahora condenado se encuentra, tal como explica el comunicado, "en situación de apartamiento del ministerio público desde que el tribunal estimó conveniente abrir juicio oral contra su persona".

"Manifestamos nuestra solidaridad con la víctima y su entorno y quedamos a la espera de la resolución firme de la justicia para actuar en consecuencia. Igualmente esperamos la resolución del Dicasterio para Doctrina de la Fe. Reiteramos nuestra disposición a escuchar a la víctima y acoger su dolor y peticiones. Entre tanto, sigue adelante el procedimiento de esclarecimiento canónico y el apartamiento del ministerio público del sacerdote acusado", concluye el comunicado de la Iglesia toledana.

A Perú

El tribunal considera como hechos probados las acusaciones de la víctima, que tuvo a Pedro Francisco Rodríguez como director espiritual desde los 12 años, tal como informa Efe.

En el juicio, la víctima sostuvo que los abusos comenzaron en 2005 y se prolongaron hasta 2007, cuando tenía entre 14 y 16 años, y que los más graves tuvieron lugar en La Bañeza (León) durante unos ejercicios espirituales que duraron 8 días, aunque habían comenzado antes en el Seminario.

Durante la instrucción del caso, el acusado fue apartado de sus labores docentes por la Diócesis de Toledo y fue trasladado a Perú, donde pasó temporadas en el seminario de Moyobamba.

Solidaridad con la víctima

El obispo auxiliar de Toledo y secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Francisco César García Magán, ha subrayado que Pedro Francisco Rodríguez sigue apartado del ministerio sacerdotal público, tal como ha confirmado también el propio Arzobispado.

A preguntas este viernes de los periodistas, García Magán ha mostrado su solidaridad con la víctima, a la que ha reiterado la disposición del Arzobispado de Toledo a escucharle, y ha añadido que la víctima ha rechazado esta petición y en ningún momento se ha dirigido a la autoridad diocesana.

"Esto empieza en 2016 cuando se presenta una denuncia en el Tribunal Civil. No fue en foro canónico", ha destacado el obispo auxiliar de la ciudad.

El obispo auxiliar de Toledo ha explicado que "desde que se tuvo en la diócesis noticias indirectas de estos hechos, se inició un proceso prescrito por la ley canónica vigente, para indagar sobre la verosimilitud" y ha destacado que la causa se sobreseyó en sede judicial en varias ocasiones antes de que el juzgado iniciara el procedimiento.

En cualquier caso, ha apuntado que el derecho civil y el derecho canónico son independientes, de forma que el fallo de la Audiencia Provincial de León y la del Dicasterio para la Doctrina de la Fe no tienen por qué coincidir porque son "dos ordenamientos distintos y autónomos".