El pasado 26 de julio, la asociación para la recuperación y puesta en valor del Patrimonio Hispania Nostra comunicó la inclusión de la iglesia de Santo Domingo de Guzmán de Fraguas en la Lista Roja del Patrimonio, que realiza esta asociación con tal de poner el foco en aquellos conjuntos patrimoniales que se encuentran en peligro de desaparecer. 

Fraguas es una pedanía del municipio de Monasterio, en la Sierra Norte de Guadalajara, uno de los lugares más despoblados de España.

Esta intervención se produce en un momento muy difícil para la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (JCCM), dice Hispania Nostra en un comunicado, "puesto que se trata de la segunda intervención de un organismo especializado en materia patrimonial pidiendo protección para los elementos arquitectónicos que se encuentran en Fraguas". 

Recuerdan que la primera intervención de un órgano especializado fue el pasado 26 de marzo registrándose, en nombre del CSIC- INCIPIT, un escrito en el juzgado competente en el derribo del pueblo de Fraguas pidiendo la paralización inmediata al encontrarse “elementos susceptibles de ser protegidos por la Ley de Patrimonio de Castilla- La Mancha en las categorías de patrimonio histórico y patrimonio etnográfico, como la arquitectura negra”.

Dicho escrito fue tomado en consideración por el juzgado que ordenó la paralización inmediata de cualquier actuación en Fraguas. Asimismo, encargó al SEPRONA y al CSIC-INCIPIT un informe que indicase los elementos susceptibles de ser considerados patrimonio.

Sin duda alguna, los vecinos de Fraguas están recibiendo numerosos apoyos por parte de asociaciones, instituciones, académicos, investigadores, etc. Así, el pasado 23 de abril varias universidades (entre ellas, las de Zaragoza y Manchester) solicitaron una intervención arqueológica en Fraguas, lo que indica el interés académico en investigar este pequeño pueblo. Pero, desde la JCCM han denegado cualquier actuación arqueológica o académica en Fraguas.

La inclusión de la iglesia de Santo Domingo de Guzmán de Fraguas en la Lista Roja de Patrimonio supone un toque de atención a la sociedad y, principalmente, a las administraciones para que paralicen sus actuaciones y pongan en valor el conjunto patrimonial de Fraguas. 

Los pobladores de Fraguas son considerados "okupas" por algunos, incluida la Junta de Comunidades, que les denunció ante los tribunales. Una sentencia del Juzgado de lo Penal número 1 de Guadalajara pidió para cada uno de ellos un año y medio de cárcel y una multa de 2.160 euros. Además, les obliga a pagar la demolición de todos los edificios de Fraguas; una tarea que la Junta de Comunidades cuantifica en más de 32.000 euros, el dinero que se pagará a la empresa pública Tragsa para que realice ese trabajo.