El pasado martes, el Ayuntamiento de Guadalajara emitía un comunicado de prensa informando de que la Fiscalía de la provincia había informado del archivo de las investigaciones relacionadas con lo sucedido en el Mercado de Abastos de la capital en mayo de 2019, cuando por parte del anterior equipo de Gobierno 'popular' encabezado por Antonio Román se permitió a una empresa ocupar su espacio, en plena campaña electoral, lo cual fue criticado por el PSOE y elevado al Ministerio Fiscal tras su aprobación en el pleno del mes de octubre.

Según explica la Fiscalía provincial dos días después de hacerse pública esta decisión, se da por descartado un delito de prevaricación, alegando que la aprobación mediante decreto firmado por el denunciado --Antonio Román-- del acta de comprobación y la autorización de la puesta a disposición de la Plaza de Abastos se realizó "con el sustento legal del artículo 243.6 de la Ley de Servicios Públicos".

Por tanto, aduce la Fiscalía que este texto autoriza a que de forma legal se acuerde la ocupación efectiva de las obras o la puesta a disposición antes del acto formal de recepción atribuyendo la competencia para tomar la decisión al Órgano de contratación siendo en este caso las razones de interés público concurrentes el cumplimiento de los objetivos fijados en la estrategia de desarrollo urbano integrado en la dinamización del casco histórico de Guadalajara que en ese momento se estaba desarrollando.

Del mismo modo, la Fiscalía valora para determinar el archivo que "no ha quedado acreditado que por parte del denunciado se hubiese firmado una licencia de ocupación de vía pública para explotación hostelera del mercado de abastos sin concurrencia de terceros sin concurso toda vez que no se ha aportado por el denunciante prueba documental o testifical que permita acreditar este extremo".

Por otra parte, de las declaraciones testificales prestadas en Fiscalía "no se ha extraído ningún dato que avale dicha conclusión". Por todo ello, la Fiscalía decreta el archivo de las presentes diligencias al entender que los hechos "no son constitutivos de infracción penal".

En todo caso, la argumentación de la Fiscalía sí que admite que una empresa ocupó este espacio impulsado por el anterior Gobierno municipal en días previos al proceso electoral previsto para el 26 de mayo, extremo que motivó la crítica y denuncia del rival político.

Los términos de la denuncia

Según la denuncia presentada en su día y recogida en el escrito de la Fiscalía, el proceso de adjudicación de este enclave designó a la empresa REHAC SA el encargo de las obras, con planificación de poder ser recepcionadas el 14 de mayo. En dicha fecha tras la visita de inspección de los técnicos municipales "se encontraron deficiencias en la obra levantando acta y emplazando para la celebración de la nueva visita el día 29 de mayo".

Posteriormente, y siempre según la denuncia ahora archivada, el día 24 de mayo de 2019 la arquitecta, directora facultativa y funcionario del Ayuntamiento, tras realizar visita de comprobación a las obras, constató su persistencia, pese a lo que el día 24 de mayo, dos días antes de las elecciones, se firmó un decreto que aprobaba el acta de comprobación realizada por los técnicos municipales el 24 de mayo, "si bien por razones de estrategia de desarrollo urbano integrado en la dinamización del casco histórico de Guadalajara se autoriza la puesta a disposición mercado de abastos de Guadalajara" durante esos días de mayo.

El día 23 de mayo, añadía la denuncia, los denunciados "celebraron una rueda de prensa en el interior de la plaza del mercado para informar de la dinamización del casco antiguo", a sólo tres días de las elecciones.

Versión del Ayuntamiento

El pasado lunes, desde el Consistorio guadalajareño, ahora presidido por un Gobierno socialista, recordaba que en todo caso el Ayuntamiento tiene ahora la posibilidad de acudir con la denuncia al Juzgado de Instrucción.

Según su análisis del decreto de la Fiscalía, se da por probado que la instalación del Mercado de Abastos fue ocupada por una empresa en los días previos a las elecciones municipales del pasado 26 de mayo "sin que se hubiesen finalizado los trabajos y sin que se hubiese hecho efectiva la recepción de las obras por parte de los técnicos municipales".

La postura del Consistorio defiende igualmente que "quedan acreditadas las reticencias expuestas por parte de la arquitecta municipal responsable de la obra y por parte del entonces responsable del Área de Contratación municipal, que advirtieron a los entonces responsables municipales de la imposibilidad de ocupar una obra en curso".

"La Fiscalía entiende que no existe delito de prevaricación en las actuaciones descritas en la demanda, dando por hecho que la mencionada ocupación formó parte de una estrategia de dinamización del casco histórico. No obstante, existen una serie de hechos probados en este Ayuntamiento que se entienden como no tenidos en cuenta por parte de la Fiscalía Provincial, dado que no aparece mención alguna en su decreto de archivo", añadía el Ayuntamiento.

De este modo, el Consistorio guadalajareño se reserva el derecho de acudir al Juzgado de Instrucción, tal y como establece el propio decreto, a fin de que puedan investigarse "todos los extremos relacionados con la apertura precipitada del Mercado de Abastos, no habiéndose abierto por parte de la Fiscalía las correspondientes diligencias para investigar o solicitar más información en torno a algunas cuestiones que se dan por hecho".

"El Ayuntamiento de Guadalajara, comprometido absolutamente con la transparencia y el buen gobierno, persigue esclarecer todo lo sucedido en torno a este asunto, siguiendo las conclusiones reflejadas en la comisión de investigación municipal en la que declararon responsables técnicos y agentes políticos", finalizaban.