La Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas (CUAS) de la Masa Mancha Occidental II ha elevado quejas formales al Defensor del Pueblo y al Consejo de Buen Gobierno y Transparencia por la situación generada por los retrasos administrativos de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG).

En un comunicado de prensa hecho público este lunes, la CUAS ha recordado que la situación para los regantes es "límite", con demoras en la resolución de expedientes de agricultores de la zona de La Mancha, de entre cinco y ocho años.

En sendas reclamaciones lamentan que este retraso administrativo "provoca que los solicitantes no puedan regar mientras esperan la resolución de la CHG, con el consiguiente cese de su actividad, pérdida de cosechas, imposibilidad de acometer inversiones ni proyectos agronómicos y, en definitiva, con un grave perjuicio económico para sus explotaciones".

En los escritos detallan la situación de numerosos expedientes, sin respuesta durante años, lo que supone que los usuarios no puedan desarrollar su actividad normal quedando sus explotaciones prácticamente paralizadas y, entre los ejemplos, citan los relativos a ampliaciones de superficies o de perímetros sin aumento de dotación; cambios de emplazamientos; limpieza de pozos o cambios de titularidad por compraventa, herencia o donación.

Mencionan también la situación de las denominadas explotaciones prioritarias, con una demora administrativa de doce años en la resolución de estos expedientes, "sin explicación ni solución alguna por parte de la Administración competente, sin que sus titulares puedan hacer uso ni de los pozos ni del riego".

Por todo ello, han solicitado que se requiera a la CHG a cumplir sus funciones y resolver los expedientes que, "con una demora administrativa inexcusable y contraria a la normativa de aplicación, están perjudicando los derechos legítimos de los usuarios de Mancha Occidental II".

La Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas de la Masa Mancha Occidental II es una entidad pública de gestión que cuenta con más de 90.000 hectáreas de regadío y engloba a unos 9.000 usuarios de municipios de las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo.