CCOO de Albacete ha cifrado en 500 los temporeros que continúan en asentamientos irregulares en el extrarradio de la capital, una cifra menor respecto a campañas anteriores que, a su entender, se debe a los dispositivos gestionados por el Ayuntamiento y la "mayor sensibilidad social" con el alquiler de vivienda.

Así lo ha destacado el responsable provincial de Política Social de CCOO, Juan Zamora, que ha hecho un primer balance de la Oficina de Atención al Migrante, que el sindicato puso en marcha en 2021 a través de un convenio de colaboración firmado con la Diputación y el Ayuntamiento.

Este pacto incluye el número de teléfono gratuito 900 104 939, que presta asesoramiento y orientación sobre recursos públicos y acompañamiento a los mismos. Según Zamora, las llamadas a este teléfono hasta el mes de junio superan las 1.400, mientras que en lo que va de julio "se han triplicado", gracias a la difusión que realizan los usuarios del servicio, una iniciativa que se ha extendido a otras ciudades como Barcelona, Lérida, Jaén, Murcia, Málaga y Sevilla.

El representante de los trabajadores ha hecho hincapié en que unos 500 temporeros se encuentran alojados en asentamientos irregulares, que se localizan en el camino de La Pulgosa, integrados por ciudadanos rumanos, y en la carretera de las Peñas, donde se agrupan trabajadores del campo subsaharianos.

Menos que otros años

Zamora ha explicado que el número de migrantes en este tipo de campamentos "es mucho menor" que en años anteriores gracias a las 50 plazas del Seminario Mayor y las 20 del Centro de Atención Integral a Personas sin Hogar (Caipsh), habilitadas por el Ayuntamiento que están ocupadas al cien por cien y tienen lista de espera.

A esto se suma, ha añadido el responsable sindical, una "mayor sensibilidad social" en el mercado de la vivienda del alquiler, pues "este año muchos trabajadores del campo han conseguido alquilar o que les permitan recibir a más compañeros en una misma casa".

Sin embargo, Zamora ha advertido el abuso que se sigue cometiendo contra este colectivo, especialmente en la provincia, donde "les están cobrando entre 3.000 y 3.500 euros por empadronarse" o a la hora de alquilar una vivienda, cuyo propietario les está duplicando el precio al saber que son personas migrantes, ha dicho.

Por su parte, la secretaria provincial de CCOO, Carmen Juste, ha lamentado que ni en las ordenanzas municipales de habitabilidad ni en el convenio del campo exista la obligación del empresario agrícola de garantizar unas condiciones dignas de vivienda a los trabajadores temporeros y ha asegurado que la patronal "sigue resistiéndose a ello".