La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Albacete tiene previsto juzgar este lunes, 25 de enero, a dos ciudadanos, de nacionalidad rumana, acusados de hasta seis delitos de trata de seres humanos que se enfrentan a una petición de pena de 54 años de cárcel de los que deberían cumplir 20.

Así se detalla en el escrito de acusación del Ministerio Fiscal en el que se indica que se les pide nueve años de cárcel por cada uno de los seis delitos -igual número de víctimas- de los que se les acusa, aunque se detalla que de los 54 años cumplirían 20 de cárcel, si fueran condenados a esta pena.

Los acusados son C.A.P., con antecedentes penales no computables en esta causa, y G.N.P., sin antecedentes, ambos de nacionalidad rumana, acusados de que, durante el primer semestre de 2014, se aprovecharon de "bastantes compatriotas suyos" ideando "un sistema que consistía en ofrecerles venir a España para un puesto de trabajo agrícola bien remunerado, en atractivas condiciones de alojamiento" para, una vez aquí, "controlar su vivencia diaria y su rentabilidad económica".

Clan familiar

El escrito de acusación detalla que el clan familiar que organizaron "se convirtió en un grupo criminal" donde cada uno tenía una misión y que están acusados de controlar el dinero de sus compatriotas a los que explotaban.

El fiscal señala en su escrito que los acusados no informaron a sus víctimas del dinero que les cobrarían, por ejemplo cinco euros al día por llevarles al lugar de trabajo, o que les mostraron imágenes de una casa con varias plantas en la que supuesta residirían solamente 14 personas.

"Todos decidieron venir a España con la esperanza de tener un mejor trabajo (si es que lo tenían) que el que desempeñaban en Rumania y con la ilusionada expectativa de ganar mucho más dinero que el que percibían en su país", apunta el escrito.

Las víctimas llegaron a España en autobús hasta Valencia, el 19 de mayo de 2014, desde donde fueron trasladadas a su destino que resultó ser una nave en Balazote (Albacete).

Bajo control

Los extranjeros estuvieron bajo el control de los acusados desde ese 19 de mayo hasta el 22 de julio, fecha en la que intervino la Policía, según el citado escrito, que recoge como en la nave se habían habilitado dos cuartos de baño o cuatro fogones "en una improvisada instalación cochambrosa".

Además, por alojarse, cada una de las víctimas debía pagar 80 euros al mes y, también, para poder comprar comida debían ir con los acusados a un supermercado de Casas de Lázaro (Albacete) y los procesados apuntaban lo que compraban.

El Ministerio Fiscal también indica que llegaban a trabajar durante 12 horas, en campos de Barrax y Balazote, en la provincia de Albacete, y que los procesados se quedaban con parte del dinero que ganaban sus víctimas por cada caja de ajos cortada.

Para los procesados se pide también 20 años de inhabilitación especial para el ejercicio de profesiones relacionadas con el transporte, el hospedaje, la agricultura o la contratación de personas, y una indemnización de 6.000 euros para cada una de las víctimas.

El escrito concreta de manera amplia lo poco que pagaban a sus víctimas o cómo a una de ellas no le facilitaron ni el dinero para poder comprar insulina, a pesar de ser diabético.