Mercedes Gómez es la consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha.
Los ayuntamientos de Castilla-La Mancha podrán bloquear la instalación de plantas de biometano en sus municipios
Las Cortes regionales aprueban con los votos del PSOE y el rechazo de PP y Vox una reforma de la Ley de Evaluación Ambiental que amplía el poder local.
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La polémica provocada por la proliferación de proyectos de plantas de biometano en numerosos municipios de Castilla-La Mancha ha desembocado este jueves en una modificación de la legislación ambiental autonómica que permitirá a los ayuntamientos frenar la tramitación de instalaciones con las que no estén de acuerdo.
Las Cortes regionales han debatido la proposición de ley presentada por el grupo socialista para modificar la Ley de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, una reforma que obligará al Pleno de cada municipio afectado a pronunciarse expresamente sobre la conformidad con la implantación de plantas de biometano en sus términos municipales. La norma ha sido aprobada con el apoyo de la mayoría socialista y el voto en contra de PP y Vox.
Durante la presentación de la modificación legislativa, el diputado socialista Francisco Barato ha explicado que la proposición introduce ocho modificaciones en la ley regional.
Cinco de ellas están dirigidas específicamente a reforzar el papel de las entidades locales, tanto cuando el ayuntamiento tenga competencias para autorizar un proyecto como cuando la instalación se ubique en su término municipal o condicione directamente a la localidad.
Hasta ahora, los consistorios participaban principalmente mediante informes relativos a la compatibilidad urbanística o a otras cuestiones técnicas. Con la reforma, además de esos informes, el Pleno municipal deberá fijar una posición expresa.
Cuando el ayuntamiento manifieste su conformidad, el procedimiento podrá continuar. Cuando rechace el proyecto mediante una decisión motivada, la tramitación finalizará y la instalación no podrá ejecutarse en los términos planteados.
Barato ha sostenido que el cambio permitirá pasar de una participación meramente informativa a una intervención municipal "clara, formal y efectiva". La Administración municipal podrá fijar "una posición institucional que produce efectos".
El diputado socialista ha defendido que sean los municipios los que dispongan de capacidad para pronunciarse, dado serán sus vecinos quienes tendrán que convivir con el tráfico, los accesos, los olores, el impacto sobre el territorio y los posibles efectos sobre la agricultura o la ganadería.
Barato también ha reprochado a PP y Vox que no hayan presentado propuestas para modificar el texto y les ha acusado de contradecir las posiciones que mantuvieron durante un debate sobre este asunto celebrado en mayo, cuando ambos grupos reclamaron una mayor participación de los consistorios.
![José Julián Gregorio es el alcalde de Talavera de la Reina.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11316379.jpg?p=w:320\/h:240&h=xhBXcngL"])
En el caso del PP, ha recordado que diferentes alcaldes de este partido se han opuesto a proyectos de biometano y han reclamado autonomía municipal. Al respecto, ha citado al de Talavera de la Reina, gobernado por PP y Vox, como administración favorable a reforzar la capacidad de decisión local.
PP: no al uso de los alcaldes como "escudo"
El diputado del PP Santiago Lucas-Torres ha acusado al Gobierno de Emiliano García-Page de intentar desprenderse de sus responsabilidades y trasladar el conflicto generado por las plantas de biometano desde Toledo hasta los 919 municipios de la región.
A su juicio, la evaluación ambiental es una competencia autonómica y debe ser asumida por los funcionarios y técnicos de la Junta, en lugar de dejar la decisión final en manos de alcaldes y concejales que pueden carecer de medios técnicos suficientes y verse sometidos a presiones vecinales.
Lucas-Torres ha afirmado que la Junta pretende que los ayuntamientos sean quienes asuman el desgaste de votar a favor o en contra de inversiones que generan controversia social, utilizando a los alcaldes como "escudo político".
El parlamentario del PP también ha denunciado una supuesta contradicción en el texto. Según ha expuesto, un ayuntamiento podría rechazar un proyecto, pero el Consejo de Gobierno tendría la posibilidad de permitir su desarrollo si lo declara inversión estratégica.
Por su parte, el diputado Francisco José Cobo, de Vox, ha acusado al Ejecutivo regional de poner en riesgo la seguridad y el control de las declaraciones de impacto ambiental y ha advertido de que la reforma puede provocar una "triplicidad", al coexistir la documentación aportada por el promotor, los informes técnicos municipales y la evaluación de la Junta.
A su juicio, la modificación generará "más burocracia" y no resuelve determinadas situaciones, como la de un proyecto que afecte a dos municipios y obtenga el respaldo del Pleno de uno de ellos y el rechazo del otro.
La Junta defiende la autonomía municipal
La consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, ha defendido una reforma que pretende reforzar la autonomía local y garantizar que los municipios puedan decidir si aceptan o rechazan la implantación de una planta de biometano en su término municipal.
![Macroplanta de biogás. Foto: Stop Ganadería Industrial Castilla-La Mancha.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11164164.jpg?p=w:320\/h:240&h=vgxYotrX"])
Gómez ha negado que los ayuntamientos vayan a quedar desamparados y ha recordado que podrán contar con el asesoramiento de las diputaciones provinciales y del propio Gobierno de Castilla-La Mancha para estudiar los proyectos y resolver sus dudas.
"No entiendo su posicionamiento", ha señalado Gómez a PP y Vox, antes de asegurar que la modificación no es inconstitucional y que numerosos ayuntamientos estaban esperando una iniciativa de estas características "como agua de mayo".
