La Junta de Castilla-La Mancha garantiza distancias mínimas y control de olores y emisiones en las plantas de biometano

La consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, ha defendido por carta el Plan Regional de Biometanización 2030 ante las quejas planteadas por la plataforma STOP Biometano. En la misiva ha garantizado controles ambientales rigurosos, distancias mínimas a núcleos urbanos.

Desarrollo Sostenible ha respondido diferentes dudas sobre la ampliación de la separación mínima entre las plantas y los núcleos poblacionales o su ubicación, dos cuestiones que han provocado un profundo rechazo vecinal en algunos proyectos.

No obstante, Gómez ha mostrado el "máximo respeto" por las aportaciones presentadas en los procesos de participación pública de este plan.

Aunque recuerda que las cuestiones planteadas ya han sido resueltas, Gómez ha admitido que "cada una de ellas daría para un debate amplio y muchas veces no concluyente". No obstante, ha subrayado que las plantas por construir han de someterse a una "tramitación ambiental muy rigurosa".

"Se les exige de manera adicional requisitos que se encuentran detallados en el Plan Regional, entre los que podemos destacar distancias a viviendas, transporte y almacenamiento de los residuos orgánicos y zonas con protección ambiental", ha detallado.

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En la misma línea, todas las personas o instituciones que participen en el trámite de información pública —relativas a los problemas que estas instalaciones generen sobre el medio ambiente o a la salud de las personas— "serán tenidos en cuenta para autorizarlas o no de una manera definitiva", ha señalado la titular de Desarrollo Sostenible.

Además, la consejera ha precisado que los ayuntamientos afectados tienen que elaborar dos informes, uno de compatibilidad urbanística y otro sobre la afección socioeconómica y los efectos sinérgicos y acumulativos del proyecto que busca implantarse en su término municipal.

Una vez finalizada la tramitación ambiental, la Administración municipal deberá conceder la licencia de obra y licencia de actividad, si la instalación cumple con los requisitos establecidos en la regulación municipal. "Por tanto, la autonomía local para decidir sobre su propio desarrollo queda salvaguardada".

El plan, asimismo, recoge distancias a las poblaciones junto a la obligación de presentar un estudio odorífero que garantice que los posibles olores y emisiones que puedan generarse en la planta no llegan a las poblaciones limítrofes.

"También se les exige que, para evitar posibles molestias y olores, los residuos se almacenen en recintos cerrados, con presión negativa y biofiltros. Así como el establecimiento de rutas que eviten que los vehículos de transporte atraviesen poblaciones", ha añadido.

Emisión de gases

Sobre la emisión de gases, "se lleva a cabo un control riguroso de las emisiones de metano y otros gases, ya no solo por los requisitos medioambientales y sanitarios exigidos en su autorización, sino porque su comercialización es uno de los ingresos más importantes de estas plantas".

Según Desarrollo Sostenible, en estas plantas no se expone a las personas "a gases tóxicos, contaminantes, ni a aerosoles con patógenos", en contra de lo que argumentaban las plataformas.

Para evitar la emisión de amoníaco se prevé, como medida preventiva, "el cubrimiento total de balsas para prevenir la emisión de este gas" y se establece que los sustratos líquidos se almacenarán en un tanque hermético con sistemas cubiertos.

Para despejar dudas al respecto del digestato producido en la gestión de los residuos, Gómez ha subrayado que "basta con comprobar que los digestores funcionan con bacterias vivas y que si los subproductos empleados para producir biogás tuvieran ese tipo de sustancias, se morirían e impedirían el funcionamiento de estas plantas".

La Guía de buenas prácticas para la implantación de proyectos de biogás y biometano, elaborada por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), cuenta con siete líneas fundamentales, incluidos "diálogo, transparencia, comunicación y participación ciudadana".

Gómez ha insistido en que "estamos asistiendo a una revolución energética y económica, con un contexto geopolítico incierto que nos hace tener que aumentar nuestra autonomía energética respecto al uso de fertilizantes orgánicos".

Desde Castilla-La Mancha se trabaja en favor de "este doble objetivo siempre con las máximas garantías de seguridad y bienestar para su gente y su medio ambiente", ha rematado.