El vicepresidente primero de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, en rueda de prensa.
Las Cortes de Castilla-La Mancha celebrarán el Debate sobre el Estado de la Región los días 16 y 17 de octubre
El vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro, también ha confirmado que la toma en consideración del proyecto de reforma del Estatuto en el Congreso se celebrará el 11 de noviembre.
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Las Cortes de Castilla-La Mancha acogerán el Debate sobre el Estado de la Región los próximos días 16 y 17 de octubre, tal y como ha confirmado el vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro.
El número dos del Ejecutivo ha comparecido en rueda de prensa para dar detalles de la reunión del Consejo de Gobierno que desde ayer se está llevando a cabo en Las Majadas (Cuenca) con el objetivo de planificar las líneas generales del nuevo curso político.
De igual modo, ha dado a conocer que la nueva fecha para que el Congreso de los Diputados debata la toma en consideración de la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha será el 11 de noviembre.
En la comparecencia ante los medios, Guijarro ha avanzado que Page dará cuenta en el Debate sobre el Estado de la región de una década como presidente que ha estado marcada por "la recuperación de derechos y servicios" y por un "clima de diálogo político e institucional que hace de Castilla-La Mancha una isla en el panorama nacional y que deja, a lo largo de estos años, más de 30 grandes pactos".
En este sentido, ha destacado que en este tiempo se hayan aprobado un total de 79 leyes, “la mitad por unanimidad o sin ningún voto en contra”.
El mejor ejemplo de esta voluntad, tal y como ha dicho Martínez Guijarro, es el acuerdo de las dos grandes formaciones políticas para el nuevo Estatuto de Autonomía de la región.
Estatuto de Autonomía
Respecto al retraso de su toma en consideración, avanzado este lunes por el presidente de las Cortes, Pablo Bellido, el vicepresidente ha aducido "cuestiones de agenda" del Congreso de los Diputados.
Respecto a este proceso, ha explicado que el primer martes de cada mes, el orden del día del pleno del Congreso arranca con las iniciativas de las comunidades autónomas, y aunque este debate estaba para el 7 de octubre les han comunicado que se retrasa hasta noviembre.
Martínez Guijarro ha reconocido que no saben cuál ha sido la razón del retraso y lo ha achacado a que posiblemente se tenga que debatir en octubre alguna iniciativa más antigua de otra comunidad.
En cualquier caso, ha recordado que al tratarse de la reforma de una ley orgánica, tiene que pasar por Congreso y Senado antes de su aprobación definitiva, por lo que ha reconocido que "a nosotros nos gustaría que antes de que termine este periodo de sesiones, el Estatuto pudiera estar aprobado definitivamente y pudiéramos empezar a desarrollarlo".
Supresión de tasas
Por otra parte, ha explicado que uno de los temas que se están abordando en esta reunión es la Ley de Acompañamiento al presupuesto de 2026 en las que se recogerá la supresión de algunas tasas y a bonificación del canon del agua.
En concreto, el vicepresidente ha abundado que esta norma se tramitará una vez aprobada la Ley de Presupuestos regionales para el 2026, para “hacer una modificación puntual de la Ley de Aguas" que establezca "una bonificación del canon del agua a familias en riesgo de exclusión y también para personas con grado de discapacidad superior al 33 por ciento”.
Modificaciones puntuales, que también afectarán a la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (LOTAU) que "permita la construcción de vivienda en suelos dotacionales públicos” con el fin de que los ayuntamientos de la región "puedan destinar esas viviendas a alquiler".
Por último, ha avanzado que la Ley de Acompañamiento incluirá la modificación de un total de seis leyes en virtud de la aplicación de la Ley de Simplificación, Agilización y Digitalización Administrativa después de que la pasada semana el Consejo de Gobierno identificara los primeros 80 trámites administrativos que se van a declarar de silencio positivo, e incluso suprimiendo autorizaciones por parte de la Administración, o cambiándolos a la modalidad de declaración responsable para que no haya que esperar por la Administración para iniciar algún tipo de actividad económica.
