La presidenta nacional de la Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural (AMFAR), la ciudadrealeña Lola Merino, ha condenado rotundamente la violencia de género que sufren las mujeres, que ha calificado como "la mayor manifestación de discriminación", durante un coloquio organizado por el Ayuntamiento de Fuensalida (Toledo) con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. 

Al acto, en el que también ha participado el alcalde de la localidad, José Jaime Alonso, y la concejal de Igualdad, Jacqueline Romojano, ha contado con la asistencia de más de medio centenar de mujeres de Fuensalida.   

Durante su intervención, Merino ha recordado que "ante la violencia solo cabe la unidad, el trabajo conjunto y el rechazo a la ley del 'Solo sí es sí', que ha rebajado las condenas a 1.205 delincuentes sexuales y ha excarcelado a 125 violadores", ha informado AMFAR en una nota de prensa.    

La también diputada regional del PP de Castilla-La Mancha ha destacado que se necesitan más recursos de protección y asistencia para atender y prevenir la violencia en el ámbito rural, porque "se agudiza en los municipios más pequeños, donde las mujeres tienen miedo a la denuncia, por la falta de independencia económica, por qué pasará con sus hijos ante el qué dirán".   

Como dato significativo, Merino ha explicado que la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género ha constatado que son las mujeres que residen en localidades de hasta 2.000 habitantes las que en menor proporción denuncian, un 17,1 % frente al 29,1 % de mujeres residentes en localidades de tamaño superior.

Coloquio con motivo del 25-N en Fuensalida.

Esta situación pone de manifiesto, ha su juicio, que es necesario reforzar el conocimiento de los derechos de las mujeres, los mecanismos de prevención, las herramientas disponibles para la atención a las víctimas y contribuir a una mayor y mejor concienciación en los entornos rurales.   

Asimismo, ha presentado la Asesoría Jurídica Gratuita que AMFAR ofrece a las mujeres rurales víctimas de violencia, prestando información y asesoramiento confidencial e individualizada. Se trata, ha recordado, de una atención jurídica que atiende de forma gratuita a las mujeres rurales que sufren la violencia, además de proporcionarles la información necesaria sobre los recursos y las prestaciones económicas y organismos públicos a los que deben dirigirse para la asistencia social.