El problema de la okupación sigue en la lista de preocupaciones de máxima alerta para el Gobierno de Castilla-La Mancha. Al menos eso es lo que se desprende de las palabras pronunciadas por la portavoz del Ejecutivo regional y consejera de Igualdad, Blanca Fernández, que ha asegurado que en algunas zonas de la comunidad autónoma hay "auténticas organizaciones criminales que alquilan y subalquilan viviendas que no son suyas, a precios a veces desorbitados para ejercer la prostitución, explotar sexualmente muchas veces a menores, para tráfico de drogas".

Fernández, durante una entrevista concedida a la agencia de noticias Efe, califica esta "realidad dura y difícil" como un "problema grave", alertando de que, aunque por el momento "está localizada por municipios", puede "extenderse".

Además, ha defendido que hoy por hoy, de manera mayoritaria, son dichas organizaciones criminales quienes okupan viviendas y no familias que hayan sido expulsadas de sus residencias habituales por no poder pagar el alquiler o la hipoteca.

Alejarse de "ideas románticas"

"Hay que analizar las cosas como son, no con ideas románticas, y pretendemos dar instrumentos jurídicos eficaces a la justicia, los ayuntamientos, particulares y gobiernos autonómicos, para poder actuar ante esta realidad", ha señalado Fernández con relación a la iniciativa legislativa anti okupación impulsada por el Ejecutivo de Castilla-La Mancha y aprobada por las Cortes regionales a finales de 2020, un texto que fue trasladado al Gobierno de España, ya que es el que tiene competencias en esta materia, si bien aún no ha avanzado nada sobre el tema.

Blanca Fernandez, portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha.

Sin embargo, la portavoz ha recordado que el presidente García-Page se reunió hace unas semanas con la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, para trasladarle el texto, y además, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, "se ha tomado la molestia de cogerlo".

Culpa a Unidas Podemos

Además, ha afirmado que no le cabe "ninguna duda" de que si el Gobierno central no fuera de coalición, sino que solo estuviera compuesto por el PSOE, "ya hubiese analizado las vías legislativas", ya fuese la ley redactada en Castilla-La Mancha "o de otra manera", para atajar la situación, pues recuerda que Unidas Podemos "se ha vinculado mucho tiempo a las plataformas antidesahucios".

"Esas plataformas antidesahucios han ayudado a muchísima gente que en ese momento no podían pagar su alquiler de la vivienda donde estaban o de su hipoteca. Han sido muy útiles, pero la situación ha variado", ha finalizado Fernández, que se ha mostrado partidaria de "tomar decisiones".

Recientemente, el consejero de Fomento de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, dejaba claro que, aunque el Gobierno de España "se toma en serio" la postura de Castilla-La Mancha, si este proceso "no llegara a buen puerto" el Ejecutivo castellano-manchego se reservaría llevar su iniciativa parlamentaria al Congreso de los Diputados.