Jueces y magistrados de Castilla-La Mancha se reincorporarán de forma presencial en sus órganos judiciales el 2 de junio, al reanudarse la actividad judicial de manera completa una vez se levante la suspensión de los plazos procesales, el día 4 de junio.

Para llevar a término el plan de reanudación de la actividad judicial en Castilla-La Mancha se han constituido grupos de trabajo mixtos, a nivel regional, provincial y de cada partido judicial, para la adaptación y puesta en funcionamiento de las sedes judiciales, tal y como ha dado a conocer este jueves el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM) en un comunicado de prensa.

Estos grupos de trabajo mixtos se están encargando de la organización de las respectivas sedes judiciales para la correcta prestación del servicio judicial atendiendo a los criterios de las autoridades sanitarias, del CGPJ y del Ministerio de Justicia.

Esto incluye la ordenación del uso de las salas de vistas y correspondientes espacios de espera para evitar aglomeraciones de personas, y las incidencias relativas al acceso y uso de las instalaciones judiciales, entre otras actuaciones.

Unos planes de organización que serán supervisados y aprobados por la Sala de Gobierno del TSJCLM y puestos en conocimiento de la Comisión de Seguimiento del COVID-19 del TSJCLM, además de los colegios profesionales de Abogados, Procuradores y Graduados Sociales.

La reanudación de la actividad judicial estará enmarcada, además, en la Guía de buenas prácticas para la reactivación de la actividad judicial y adopción de medidas de salud profesional para la prevención de contagios en sedes judiciales del CGPJ y adaptada a las características y necesidades del ámbito del TSJCLM.

Dicho documento recoge aspectos relativos al acceso, seguridad y circulación en las sedes judiciales tanto del personal, como del público y profesionales.

Esto incluirá el uso de mascarilla de todos los usuarios en el interior de los edificios judiciales, así como la obligación de utilizar los dispensadores de gel hidroalcohólico; la limpieza y desinfección de las sedes judiciales; la cartelería y señalización sobre medidas de seguridad y de protección individual y colectiva; la instalación de mamparas de seguridad en zonas de atención al público; o el sistema preferente de atención al público por vía telefónica o a través de correo electrónico cuando no sea imprescindible acudir a la sede judicial.