La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha asegurado que la Comunidad Autónoma está cumpliendo las instrucciones dictadas por el Ministerio de Sanidad en cuanto al recuento de fallecidos por COVID-19 "a rajatabla", del mismo modo que lo están haciendo otras comunidades autónomas.

En rueda de prensa, ha insistido en que se siguen instrucciones dictadas con parámetros "científicos, sanitarios y epidemiológicos" que son "los mismos para todas las regiones".

"Si mañana el Ministerio decidiese cambiar la instrucción y el protocolo, Castilla-La Mancha lo haría, la autoridad sanitaria es única, el mando único es el que determina cómo debemos contabilizar los casos positivos en toda España", ha abundado, defendiendo que la región está trabajando "con transparencia y honradez".

Las afirmaciones de la portavoz llegan un día después de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) difundiera los datos de enterramientos sospechosos de fallecidos por coronavirus, que colocaba en más de 1.900 los muertos, acumulando casos confirmados y sospechosos.

El Ministerio de Justicia ha comenzado a recopilar de forma diaria el número de defunciones inscritas en todos los registros civiles y las licencias de enterramientos concedidas para contar con información "objetiva y veraz" sobre el número de fallecimientos durante la pandemia de coronavirus.

La dirección general de Seguridad Jurídica y Fe Pública dictó el pasado sábado una instrucción a todos los registros civiles para que, al concluir la jornada laboral, envíen un correo electrónico con esos datos, especificando si la muerte se ha producido en hospital, residencia o vivienda habitual.

El objetivo es contar con información de todos los casos tras comprobar la imposibilidad de tener actualizada la plataforma habitual para compartir esa información -Inforeg- ante el aumento de defunciones y la reducción de personal en los registros civiles.

Según explica en esa instrucción la directora general de Seguridad Jurídica, Sofía Puente, "es la única forma de ofrecer a la sociedad una información veraz, contrastada y lo más objetiva posible, que permitirá también a las autoridades sanitarias poner el foco en aquellos lugares en los que los índices de mortalidad se han visto incrementados".

El Ministerio de Justicia no ha ofrecido todavía datos de los registros, pero sí lo han hecho dos comunidades autónomas (Madrid y Castilla-La Mancha) y las cifras revelan cómo se han disparado las defunciones en comparación con el año pasado.

El consejero madrileño de Interior, Justicia y Víctimas, Enrique López, ha explicado este martes que entre el 15 y el 31 de marzo fallecieron en Madrid capital "por todas las causas", aunque la mayoría por coronavirus, 5.950 personas, cuando en 2019 murieron 1.100 personas en el mismo periodo de tiempo.

En una entrevista con esRadio, López ha recordado que el Ministerio de Sanidad determinó que para medir la evolución de la pandemia solo se contarían víctimas confirmadas de la COVID-19, y no las sospechosas, pero ha destacado que ha habido "muchos fallecidos en domicilios o en residencias".

Este lunes fue el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha el que hizo públicos los datos de esa comunidad, con 3.319 licencias de enterramiento concedidas en marzo, un 96,3 % más que en el mismo mes de 2019.

En 1.921 de las licencias (el 57,9 % del total) se trata de fallecimientos por coronavirus o supuestos donde existen sospechas de esa infección, cifra que contrasta con el número de muertos por la COVID-19 reconocidos por las autoridades sanitarias desde el inicio de la pandemia hasta fin de marzo en esa comunidad: 774.

Criterios de la OMS

Mientras, la portavoz del PSOE en las Cortes Regionales, Ana Isabel Abengózar, ha lamentado de nuevo la actitud del PP regional y ha defendido que el Gobierno autonómico sigue las instrucciones del Ministerio de Sanidad y de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para contabilizar el número de fallecidos por coronavirus.

En nota de prensa, Abengózar ha tildado de "bochornosa" la política que están haciendo los 'populares' con la utilización del "dolor de las personas y de los fallecimientos".

En cualquier caso, ha señalado que el PP como partido político sabe que son la OMS y el Ministerio de Sanidad los que "marcan las pautas de cómo contabilizar las muertes por COVID-19".

Además, ha incidido en que son las mismas instrucciones que siguen también las comunidades autónomas que gobierna el Partido Popular y ha acusado al partido mayoritario de la oposición en Castilla-La Mancha de hacer "política carroñera".

"Dice mucho de la oposición que tenemos en esta región y del PP en Castilla-La Mancha", ha dicho la portavoz socialista, quien ha agregado que "los 'populares' creen que todo gira en torno a Paco Núñez, eso sí, si los datos son buenos porque si son malos, entonces giran en torno al Gobierno del presidente Emiliano García-Page".

Por otra parte, respecto a la paralización de la actividad parlamentaria en las Cortes regionales, Abengózar ha señalado que "estarán de vacaciones ellos (los diputados del PP) porque la gestión que están haciendo de esta pandemia es ninguna".

En este sentido, ha reiterado que "el PP está de vacaciones, los demás estamos trabajando y en las Cortes también", si bien ha explicado que lo que ha concluido el informe jurídico emitido por los letrados de las Cortes es que el Reglamento del Parlamento autonómico no contempla poder hacer plenos ni comisiones por videoconferencia.

El Gobierno estatal pide que la Junta se explique

La ministra de Hacienda y portavoz, María Jesús Montero, ha pedido este martes al Gobierno de Castilla-La Mancha, que preside el socialista Emiliano García-Page, que aclare a qué se debe el desfase en la cifra de fallecidos por coronavirus, ya que, según ha defendido, son las Comunidades Autónomas las que se encargan de recabar estos datos y, por lo tanto, las que deben disipar las dudas que puedan surgir al respecto, "para la tranquilidad de todos los ciudadanos".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, y a preguntas de los medios de comunicación, Montero ha afirmado que si efectivamente se ha producido algún desfase debido, por ejemplo, al retraso en los enterramientos o incineraciones, debe ser la administración territorial correspondiente, en este caso, Castilla-La Mancha, la que aclare esta cuestión, porque el Gobierno no dispone del detalle de esos datos.

"Son datos puntuales que sería bueno y conveniente preguntarle al gobierno regional. Nosotros lo que hacemos con los datos que se proporcionan es agregarlos y tener la capacidad con ellos de poder hacer un seguimiento de esa monitorización", ha insistido. "Sería bueno que la propia Comunidad Autónoma pudiera aclarar, para la tranquilidad de todos los ciudadanos, por qué se producen y son hechos puntuales", ha recalcado después.