La mayor finca privada de caza dentro del Parque Nacional de Cabañeros, situado entre Toledo y Ciudad Real, tendrá que pagar una multa de 220.000 euros por abrir cinco cortafuegos sin permiso. La justicia ha confirmado la sanción por una “infracción muy grave” que puso el Ministerio de Medio Ambiente a los dueños de este cortijo, una empresa del grupo financiero Ibaizabal, que preside el naviero Alejandro Aznar, también presidente de las Bodegas Marqués de Riscal.

La finca abrió cuatro nuevos cortafuegos en el monte y amplió uno ya existente hasta dejarlo en 18 metros de anchura, según el informe del técnico superior del Parque Nacional de Cabañeros en el que se basa el expediente sancionador. Este informe precisa que aunque los cortafuegos son infraestructuras necesarias para la labor de control de posibles incendios forestales, en Cabañeros, un entorno de grandes fincas privadas dedicadas principalmente a la caza mayor, su diseño y su uso está vinculado a esa actividad, “a fin de mejorar la comodidad, eficacia y seguridad en las monterías”.

El Ministerio de Medio Ambiente impuso la sanción a finales de 2014, pero la propiedad recurrió a la Audiencia Nacional, que ahora ha dado la razón a la Administración. Según la sentencia, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, queda acreditado que los cortafuegos “fueron realizados sin la debida autorización administrativa”. La vegetación, principalmente jara, brezo, labiérnago y madroño, se eliminó mediante una desbrozadora acoplada a una máquina de cadenas.

La multa es de las menores que prevé la Ley del patrimonio natural y de la biodiversidad para una infracción considerada muy grave, que van de los 200.001 a los dos millones de euros.

No es la primera vez que la finca Cabañeros es objeto de controversia. En 2015 el Ministerio de Medio Ambiente propuso sancionar con 200.001 euros las obras de ampliación, sin autorización, de una mansión de 12 metros de altura y más de 1.900 metros cuadrados de planta en el corazón del parque nacional. La multa está recurrida en la Audiencia Nacional, que aún no ha fallado.

Mientras tanto, las obras se han legalizado, según confirmaba recientemente l Ministerio de Medio Ambiente al diario El País. La Comisión Mixta de Gestión del Parque de Cabañeros, integrada por la Administración General del Estado y por la Junta de Castilla-La Mancha, ha informado favorablemente las obras de ampliación de la vivienda, que consistieron en un aparcamiento y una campa de evisceración. Se ha considerado que “no supone incidencias para el parque”.