La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

El último Consejo de Ministros del Gobierno de Pedro Sánchez anterior a las elecciones generales ha aprobado este viernes la norma que permitirá que los autores jubilados puedan percibir su pensión y al mismo tiempo seguir creando obras que les reporten ingresos en concepto de derechos de autor. Según la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, unas 1.300 personas se beneficiarán directamente de esta medida, una de las más importantes y de las que más expectación ha generado dentro del llamado Estatuto del Artista, un conjunto de recomendaciones legales redactadas por una subcomisión del Congreso de los Diputados en colaboración con representantes del sector cultural.

La persecución de los autores jubilados ha generado mucha controversia desde que en 2013, la reforma del sistema de pensiones realizada por el Gobierno del PP obligó a estos a dejar de crear, hacerlo gratis o renunciar a su pensión. Hasta entonces la legislación había sido ambigua con respecto a este asunto, pero desde ese momento, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social consideró un fraude cobrar la pensión de jubilación e ingresar por una actividad que superase el salario mínimo interprofesional, entonces unos 9.000 euros brutos anuales. La medida llevó, por ejemplo, a que reconocidos escritores como José Manuel Caballero Bonald, Antonio Gamoneda, Javier Reverte o Eduardo Mendoza fueran multados por seguir cobrando derechos de autor o por dar conferencias. Recientemente la justicia ha dado la razón a Reverte, a quien el Estado había reclamado 120.000 euros de multa y la devolución de otros 30.000 euros de su pensión de jubilación.

La situación provocó el nacimiendo de la plataforma Seguir Creando, de la que han formado parte representantes de asociaciones como CEDRO, VEGAP, SGAE y ACE y nombres conocidos del mundo artístico y literario como el citado Reverte, José Mercé, Chema Madoz, Paloma Pedrero, Forges o Marta Rivera de la Cruz.

Precisamente la escritora y política, como presidenta de la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados, ha sido la encargada de coordinar la subcomisión que redactó el informe que sirve de base al Estatuto del Artista. Creada en febrero de 2017, este grupo de trabajo se reunió durante algo más de un año con representantes de los distintos gremios que componen del sector de la creación cultural para escuchar sus exigencias y recomendaciones. El texto resultante contiene 75 medidas centradas en los tres principales problemas que los representantes de la cultura trasladaron a la comisión: la fiscalidad del sector; la protección laboral y Seguridad Social; y la mencionada compatibilidad entre pensión de jubilación y derechos de autor. En este sentido, el informe asegura que "no debería obligarse a este colectivo a tener que escoger entre perder el cobro de sus prestaciones públicas o seguir en activo".

En septiembre del año pasado, el pleno del Congreso aprobó el informe y una comisión interministerial empezó a trabajar para convertir las recomendaciones de esa hoja de ruta en un primer paquete de medidas legales que el Gobierno aprobó como Real Decreto-ley en diciembre. Un mes después, el pleno extraordinario del Congreso lo convalidó por unanimidad, de modo que este primer paquete de medidas (que pone en práctica aproximadamente un tercio de todas las recomendaciones del informe de la subcomisión) obtuvo luz verde para convertirse en normas definitivas.