Laura García-Lorca

La presidenta de la Fundación García Lorca niega la intención de vender parte del legado del poeta, sospecha que ha llevado al Ministerio de Cultura y a la Comunidad de Madrid a incoar su declaración como Bien de Interés Cultural para blindarlo

Este martes, el Ministerio de Cultura y la Comunidad de Madrid anunciaron oficialmente el inicio de los trámites para nombrar Bien de Interés Cultural el legado de Federico García Lorca. La medida hará indivisible e inexportable el archivo del poeta, formado principalmente por más de 2.000 páginas manuscritas y medio centenar de dibujos realizados por el poeta, así como fotografías y partituras y obras de otros artistas. La medida otorga a estos documentos la máxima protección de nuestro sistema jurídico y, en otras circunstancias, debería ser motivo de celebración para la fundación que los custodia; sin embargo, ha indignado a su presidenta y sobrina del autor, Laura García-Lorca. La razón es que la decisión de ambas administraciones, tomada sin aviso previo a la fundación, se ha basado en la sospecha de que esta pretendía vender parte de este legado para hacer frente a sus abultadas deudas. "Ese peligro no es real. El secretario de Estado José María Lassalle ha actuado a espaldas de la fundación sin explicarnos el porqué de esa medida y poniendo en duda nuestra honorabilidad", señala García-Lorca. "La misión de la fundación siempre ha sido conservar la unidad de este legado y darle la mayor difusión posible con el criterio y la excelencia que merece, por eso decidió poner en marcha el Centro García Lorca", añade.

La fuente de los problemas económicos que atenazan a la fundación y que han puesto alerta a las administraciones es el Centro Federico García Lorca de Granada, un proyecto que acumula tantos contratiempos, retrasos, sobrecostes y disputas internas como para considerarlo ya un proyecto maldito sin temor a caer en la exageración. Lo más grave de cuanto ha ocurrido hasta ahora son los supuestos delitos de falsedad documental y desvío de fondos por parte del ex secretario de la fundación, Juan Tomás Martín. Su supuesta "gestión desleal" ha dejado en las cuentas del centro un agujero millonario que Laura García-Lorca es incapaz de cuantificar, aunque diversas fuentes hablan de 10 millones de euros sumando pagos pendientes y gastos sin justificar. "Martín tenía todos los documentos de la fundación en su poder y ahora estamos buscando papeles por todas partes para poder llegar al fondo de la cuestión". La sobrina del poeta reconoce que "fue un grave error" por su parte confiar toda la responsabilidad de la fundación a esta persona, aunque se defiende alegando que las cuatro administraciones que participan en el proyecto (Ministerio de Cultura, Junta de Andalucía, Diputación y Ayuntamiento de Granada) también confiaron en él nombrándole en 2011 gerente del consorcio que dirige el centro.

García-Lorca denunció a Martín en junio de 2015 y, aunque aún no ha comenzado el juicio, asegura que este reconoció hace un mes, en su primera declaración ante el juez, todas las acusaciones que se le imputan. Este es uno de los dos frentes principales que mantienen el proyecto enquistado. El otro son las desavenencias entre la fundación y las administraciones que forman parte del consorcio del centro. Según explica García-Lorca, "estas rompieron unilateralmente" el convenio firmado en 2007 al decidir cambiar los estatutos del centro. El convenio original contemplaba una doble dirección del centro: artística y académica por parte de la fundación, y una gerencia financiera que sería designado por el consorcio. "Con aquel cambio, decidieron que el consorcio se adscribiera al Ayuntamiento de Granada en vez de a la Junta de Andalucía como se estableció al principio, y también que hubiera un único director gerente propuesto por el consorcio, con lo que la fundación quedaba relegada al mejor papel de coordinadora de su propio archivo".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha asegurado que las administraciones han actuado ante la "evidencia de movimientos en los mercados", algo que niega rotundamente la sobrina del poeta. Algunos rumores señalan que una de las posibles interesadas en comprar el legado del poeta sería la Universidad de Texas, que ostenta uno de los archivos de escritores más importantes del mundo y que ya adquirió el legado de García Márquez poco después de su muerte. La presidenta de la Fundación García Lorca también niega este extremo, asegurando que "por supuesto, son muchas las instituciones e universidades interesadas en el archivo de Lorca", pero que "no ha habido ninguna conversación formal" con ninguna de ellas.

Pese a todo, García-Lorca confía en que el proyecto pueda seguir adelante tras la resolución del juicio a Juan Tomás Martín y el establecimiento de un acuerdo entre la fundación y el resto del consorcio. Hasta entonces, la fundación mantendrá su archivo en la Residencia de Estudiantes de Madrid, donde ha estado hasta ahora, mientras que el Centro García Lorca seguirá con una programación a medio gas y esperando la llegada de los fondos para los que fue concebido.

@FDQuijano