El pasado 31 de agosto el Ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, autorizó la concesión de la licencia a una nueva sociedad de gestión de derechos de autor, SEDA (Sociedad Española de Derechos de Autor), a pesar de que existía un extenso informe del propio ministerio, al que tuvo acceso El País, que desaconsejaba por muchos motivos dar luz verde al proyecto. Cabe recordar que las entidades de gestión, a pesar de ser organismos privados, necesitan el visto bueno del ministerio para poder operar.

La SGAE protestó públicamente por la concesión de la licencia a esta nueva entidad, centrada en el sector musical y que será su competencia directa. Hoy ha ido un paso más allá y ha decidido interponer un recurso contencioso-administrativo contra el Ministerio de Cultura y Deporte.

“Lamentamos tener que haber tomado esta medida después de haber recuperado el diálogo y las buenas relaciones con el Ministerio de Cultura y Deporte, pero nos vemos obligados a tomar esta decisión en defensa de nuestros socios, de la propiedad intelectual en el sector de la música y del conjunto de la Cultura de este país”, señala SGAE en un comunicado.

En efecto, el recurso de SGAE contra el ministerio llega cuando la relación entre ambos se había suavizado tras el nombramiento de Antonio Onetti como presidente de la entidad. Precisamente, este mismo lunes, Onetti y Rodríguez Uribes compartieron photocall y asiento —con una butaca de por medio debido a las medidas sanitarias contra el Covid-19— en la entrega de los Premios Max, organizados por SGAE, en el Teatro del Soho de Málaga.

SEDA nace con un patrimonio fundacional de 100 euros, según reconoce en el artículo 56 de sus estatutos, y, de momento, con una cartera de solo 18 creadores musicales que han cedido a la entidad la gestión de sus derechos de propiedad intelectual. A pesar de ello, en su plan de viabilidad confía en que en 5 años copará el 80% de los derechos musicales de creadores españoles y el 90% de los extranjeros en nuestro país.

En su página web, SEDA expone que la entidad “tiene garantizada la gestión de los derechos de sus socios en el extranjero mediante acuerdo con la entidad de gestión francesa SACEM, que se compromete a realizar dicha gestión en el ámbito internacional hasta que SEDA pueda contar con sus propios contratos de representación con las entidades de gestión colectiva en cada uno de los territorios del mundo”. Con respecto a esto, SGAE opina en su comunicado que “una entidad que cede gran parte de la administración de sus derechos a entidades extranjeras pone en riesgo el sector cultural español”.

El informe interno del ministerio que recomendaba denegar la licencia a SEDA, fechado el 3 de agosto y con 32 páginas de extensión, estaba firmado por Carlos Guervós, subdirector general de Propiedad Intelectual del ministerio, y por la directora de Industrias Culturales, Adriana Moscoso. Entre sus argumentos destacan las “dudas reales sobre su capacidad de llevar a cabo una gestión viable”. También dice que “SEDA no dispone de los medios materiales idóneos para el cumplimiento de sus fines” y que “no favorecería los intereses generales de la protección de la propiedad intelectual”.

La SGAE asegura que su decisión de denunciar al Ministerio de Cultura no es una maniobra para evitar la competencia, sino que se debe a una genuina “preocupación por las graves consecuencias que puede tener para el patrimonio cultural español y para el mercado europeo de las entidades de gestión”. “Creemos que lejos de favorecer los intereses generales de la propiedad intelectual en la música, supondría un elevado riesgo para los titulares de derechos de autor y una gran inseguridad jurídica para los usuarios”.