Por tercera vez consecutiva, la asamblea general de socios de la SGAE ha tumbado este lunes la reforma de los estatutos de la entidad necesaria para que su funcionamiento se ajuste a la normativa europea y la Ley de Propiedad Intelectual española, que exigen a las entidades de gestión una mayor transparencia, entre otras cosas.

Pilar Jurado, presidenta de SGAE desde marzo, ha conseguido recabar más apoyos que sus antecesores, José Miguel Fernández Sastrón y José Ángel Hevia, alcanzando un 62,8 % de votos a favor que sin embargo no son suficientes para aprobar la reforma, ya que para ello eran necesarios dos tercios del total.

En diciembre concluyó el plazo para que la SGAE se adaptase a la nueva normativa. El 18 de febrero, el Ministerio de Cultura solicitó a la Audiencia Nacional la intervención temporal de la entidad, ya que, a pesar de ser un organismo privado, actúa bajo licencia pública. No obstante, la Audiencia rechazó la petición del ministerio hace una semana por un fallo de forma, decisión que el ministerio ha recurrido.  

La posición de Cultura se basa en tres puntos principales: la implantación del voto electrónico, el cambio en el reparto de beneficios generados por la música emitida en la franja nocturna de la televisión (la denominada “rueda”, investigada judicialmente), y la reforma de los estatutos. Los dos primeros ya están solventados (la LPI establece un límite del 20% de la recaudación para la música emitida durante la noche). De hecho, el 22 de marzo, a los pocos días de hacerse cargo de la entidad, Pilar Jurado consideró "prácticamente cumplidos" los requerimientos del ministerio, pero este nuevo rechazo de la reforma de los estatutos por parte de la asamblea general de socios complica aún más la situación de la entidad, que además hace un mes fue expulsada temporalmente de CISAC, la asociación mundial que aglutina a las entidades de gestión colectiva de derechos de autor.

Otra opción que tiene en la mano el ministerio es la revocación parcial de la licencia a SGAE, algo que no necesitaría ningún trámite judicial. En ese caso, el propio ministerio asumiría determinadas funciones de la entidad, pero su intención es no tener que llegar a ese extremo, según expresó el ministro, José Guirao, cuando anunció en enero su intención de intervenir la entidad.

Además de los estatutos, en la asamblea general se votó la ratificación de las cuentas y la gestión de 2018 (ejercicio en el que ejercieron como presidentes Sastrón y Hevia), que salió adelante con un 59,6% de los votos a favor, en este caso suficiente porque solo se requería una mayoría simple.